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Chagos: el precedente que mira la Argentina por Malvinas e incomoda a Reino Unido
La cadena nacional de Milei reactivó la disputa territorial y volvió a poner bajo la lupa otro caso
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LA NACION
LONDRES.– La cadena nacional en la que el presidente Javier Milei afirmó que existen “vientos de cambio” favorables al reclamo argentino por las Islas Malvinas no solo reavivó la disputa con Reino Unido. También desató una fuerte interna política en Londres y volvió a poner bajo la lupa un antecedente que la Argentina sigue de cerca desde hace años: la transferencia de la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio.
La oposición británica aprovechó las declaraciones de Milei para acusar al gobierno laborista del flamante primer ministro, Andy Burnham, de haber proyectado una imagen de debilidad al acordar la cesión de Chagos y, con ello, haber envalentonado a Buenos Aires en su reclamo por Malvinas.
La líder conservadora Kemi Badenoch vinculó directamente ambos episodios al cuestionar la política del gobierno sobre los territorios de ultramar. En la misma línea se pronunciaron Robert Jenrick, actualmente en el partido de ultraderecha Reform UK, y la exministra Priti Patel, quienes sostuvieron que la señal enviada con Chagos había alentado a la Argentina a redoblar la presión sobre Londres.
La asociación quedó todavía más expuesta el martes en el propio Parlamento británico. Una sesión convocada para discutir los futuros gastos derivados del tratado entre Reino Unido y Mauricio por Chagos terminó derivando rápidamente hacia Malvinas, en una muestra de hasta qué punto ambos casos, pese a sus importantes diferencias jurídicas, quedaron políticamente entrelazados en el debate británico.
Para la Argentina, la comparación tiene un atractivo evidente. Aunque el caso del archipiélago del Océano Índico no es jurídicamente equivalente al de Malvinas, constituye un antecedente diplomático relevante.
Por qué la Argentina ve un precedente
La Cancillería argentina lleva años siguiendo el caso de Chagos como un antecedente útil para su propio reclamo.
Cuando Reino Unido y Mauricio firmaron en mayo de 2025 el acuerdo para transferir la soberanía del archipiélago, Londres se reservó, mediante un arrendamiento por 99 años, el control de la base militar que mantiene junto con Estados Unidos en Diego García, el atolón más grande de Chagos.
Tras el anuncio, la Cancillería sostuvo que el entendimiento demostraba que este tipo de controversias territoriales puede resolverse por vías pacíficas y renovó su llamado a Londres para retomar las negociaciones bilaterales por Malvinas.
La lectura argentina, sin embargo, venía de antes. En 2019, después de que la Asamblea General de la ONU pidiera a Reino Unido que pusiera fin a su administración de Chagos y devolviera el archipiélago a Mauricio, la Cancillería calificó la decisión como un “precedente muy positivo” para países como la Argentina, aunque aclaró expresamente que los dos casos no eran equiparables.
El entonces canciller Jorge Faurie fue incluso más lejos y habló de una “situación de desmembramiento territorial” común a ambos conflictos, pese a sus distintas circunstancias históricas y jurídicas.
La comparación tampoco es una construcción exclusiva de Buenos Aires. Dentro del propio Parlamento británico, los conservadores llevan tiempo utilizando Chagos para advertir sobre las posibles consecuencias de ceder soberanía en otros territorios de ultramar.
El excanciller David Lammy ya había intentado desactivar esa lectura en 2024 al remarcar que las situaciones “no son comparables” y asegurar que la soberanía sobre Malvinas y Gibraltar “no está en negociación”.
La reacción de esta semana a las palabras de Milei mostró, sin embargo, que el argumento sigue vivo. Para parte de la oposición, Chagos dejó de ser solamente una disputa del Océano Índico y pasó a convertirse en una advertencia sobre el efecto político que una cesión territorial puede tener sobre otros reclamos pendientes contra Londres.
Similitudes y diferencias
Consultados en su momento por LA NACION, especialistas en derecho internacional coincidieron en que ambos conflictos comparten un marco general –el proceso de descolonización impulsado por la Resolución 1514 de Naciones Unidas–, pero divergen en aspectos centrales.
Según explicó el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella, Alejandro Chehtman, en el caso de Chagos el reclamo se apoyó en el proceso de descolonización de Mauricio. En la disputa por Malvinas, en cambio, Reino Unido invoca el principio de libre determinación de los pueblos a favor de los isleños, un argumento que la Argentina rechaza porque considera que se trata de una población implantada después de la ocupación británica de 1833.
Otra diferencia fundamental reside en el camino jurídico elegido. Mauricio llevó su reclamo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que en 2019 emitió una opinión consultiva, no vinculante, según la cual Reino Unido debía poner fin a su administración del archipiélago lo antes posible.
La Argentina, en cambio, nunca sometió la disputa por Malvinas a un tribunal internacional y mantiene como principal fundamento diplomático la Resolución 2065 de la ONU, aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambos países a negociar.
Como señaló en 2024 el exembajador Diego Guelar, Buenos Aires evita recurrir a La Haya porque no tiene asegurado un resultado favorable y un proceso judicial obligaría además a considerar no solo los argumentos argentinos y británicos, sino también la posición de los propios isleños.
Una disputa que vuelve a escalar
La renovada discusión sobre Chagos y Malvinas se produce, además, en un contexto de creciente tensión económica y estratégica en torno al archipiélago del Atlántico Sur.
En diciembre de 2025, la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration confirmaron la decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento petrolero Sea Lion, con una primera fase de 1800 millones de dólares y el comienzo de la producción previsto para 2028.
La Cancillería argentina calificó esa explotación como “unilateral” e incompatible con la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan modificaciones unilaterales mientras la disputa permanezca pendiente.
Del lado británico, el principal argumento político para defender el actual estatus de las islas continúa siendo el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los isleños votó a favor de permanecer bajo administración británica, con una participación del 92%.
Milei elevó ahora nuevamente la presión. En su mensaje televisado anunció nuevas sanciones contra las petroleras que operen alrededor del archipiélago sin autorización de Buenos Aires y un refuerzo de las capacidades militares argentinas en el Atlántico Sur, además de insistir en que el escenario internacional ofrece nuevas oportunidades para avanzar con el reclamo.
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