Crece la presión en Europa para suspender la libre circulación de personas con España

PARIS - Más de 50.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta en apenas 24 horas, entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio en lo que representa un flujo sin precedentes en la historia de ese territorio de 20 km². Un tsunami humano que dejó un saldo de al menos 41 muertos y provocó un terremoto político tanto en Madrid como en el resto de la Unión Europea, que sigue con atención la decisión de Italia de suspender la libre circulación de personas de España.

Rara vez Ceuta había experimentado un fenómeno de tal magnitud. El pequeño territorio español de 85.000 habitantes, situado en la costa norte de Marruecos, vio desfilar en solo un día un número de migrantes equivalente, según su presidente Juan Jesús Vivas, al “70 % de la población local”. Miles de personas —en su mayoría hombres jóvenes marroquíes, pero también ciudadanos argelinos y subsaharianos— cruzaron el dique de Tarajal nadando, con trajes de neoprene o con la ayuda de flotadores, sorteando el vallado fronterizo. El balance humano es trágico: al menos 57 muertos por ahogamiento, una cifra que podría aumentar. A media tarde del viernes, el ministerio del Interior de España comunicó que ya se habían devuelto 37.000 personas a Marruecos.

Ante la magnitud de la crisis, Madrid optó por una respuesta en dos etapas. Desde el jueves por la noche, el ministerio del Interior anunció el envío de refuerzos de la Guardia Civil —70 agentes adicionales que se suman a los 80 ya presentes— y el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Guardia en el mantenimiento del orden público en el territorio.

El primer ministro español Pedro Sánchez viajó a la zona este viernes denunciando ante la prensa “una violación de la integridad territorial de España”, e intentando, al mismo tiempo, desactivar las interpretaciones más explosivas de la crisis. Según sus palabras, la afluencia sería el resultado de “una interpretación deshonesta de una reciente decisión judicial” española por parte de redes mafiosas.

Dicha decisión, agregó, impide ahora la expulsión de las personas que llegan por vía marítima, un vacío legal que los traficantes habrían aprovechado deliberadamente para empujar a miles de migrantes hacia Ceuta. Sánchez se comprometió asimismo a trabajar con las autoridades marroquíes para “restablecer la normalidad a la mayor brevedad”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazó hasta la zona para evaluar la situación junto a las autoridades locales.

A nivel local, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas —del opositor Partido Popular (PP)—, ya había calificado la situación de “urgencia absoluta”, exigiendo que Madrid declarara el estado de emergencia nacional. Asimismo, Vivas criticó frontalmente la sentencia del Tribunal Supremo sobre la reforma de la Ley de Extranjería, que complica los “renvíos en caliente” de menores, una práctica cuya legalización reclama el PP. El partido de la oposición también exigió explicaciones al gobierno socialista de Sánchez sobre los medios desplegados y sobre la discrepancia entre las cifras oficiales y las que se manejan sobre el terreno.

A nivel continental, todos los ojos se volvieron hacia Bruselas, que no tardó en reaccionar. La Comisión Europea propuso reforzar su apoyo a España a través de la agencia Frontex, responsable del control de las fronteras de la Unión Europea, instando al mismo tiempo a Marruecos a actuar “de inmediato” para frenar las salidas.

Sin embargo, fuentes europeas no dejan de señalar lo que consideran “el llamativo gesto” de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen —cuyo partido, la democracia-cristiana alemana (CDU), integra el grupo de derecha (PPE) en el parlamento europeo— quien, en lugar de llamar a Sánchez, reaccionó primero en X, calificando las imágenes de Ceuta de “inaceptables” y exigiendo el cese inmediato de las travesías, el desmantelamiento de las redes de traficantes y las devoluciones rápidas “según permiten las normas”.

Una acusación apenas velada contra la sentencia del Tribunal Supremo español que Madrid invoca, precisamente, para explicar la crisis. En diálogo con CNN fue aún más directa. “No podemos permitir que nadie venga a nuestro bloque sin respetar nuestras normas”, afirmó.

Sánchez respondió manteniendo su postura: “Estamos trabajando con Marruecos para agilizar los expedientes y la repatriación de los inmigrantes que han llegado. Agradecemos la cooperación de las autoridades marroquíes”.

No obstante, fue la reacción de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la que provocó una suerte de sismo diplomático dentro del bloque, después que sugirió suspender la libre circulación entre España y el resto del espacio Schengen. Una propuesta percibida en Madrid como una auténtica provocación, ya que equivaldría a excluir a los españoles del espacio europeo de libre circulación. El gobierno socialista español, calificando la medida de “inaceptable”, convocó este viernes al embajador de Italia en Madrid.

En Francia, el tema no dejó de encender el debate, aprovechado por la extrema derecha de la Reunión Nacional (RN) y parte de la derecha republicana, que denuncian una “capitulación” y una supuesta “sumisión” del gobierno francés, que estaría considerando flexibilizar los visados para los ciudadanos argelinos, asunto que, no tiene una relación directa con Ceuta.

Bajo esa premisa es que se expresó la líder del espacio, Marine Le Pen. “Ante la afluencia masiva y coordinada de migrantes a España —alentada por el gobierno español—, Francia debe reforzar de inmediato los controles fronterizos. Y en 2027, pondremos fin a esta locura limitando la libre circulación de personas en el espacio Schengen a los ciudadanos de la UE”, señaló Le Pen en redes sociales. En todo caso, París anunció el refuerzo inmediato de los controles en su frontera con España.

Finlandia, gobernada por una coalición que incluye la extrema derecha, puso también su piedra al edificio este viernes mediante su ministra del Interior, Mari Rantanen (Verdaderos Finlandeses, extrema derecha): “España ha fracasado estrepitosamente en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la inmigración irregular. Esto no puede continuar. Todos los países europeos deben apoyar la propuesta de Meloni”, escribió en X, añadiendo que “los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”. Rantanen estableció un paralelismo con el cierre de la frontera de Helsinki con Rusia desde 2023, presentándolo como un modelo de firmeza.

En resumen, el panorama que se perfila en Europa es el de una España relativamente aislada en plena crisis, donde la Comisión Europea se muestra públicamente crítica en lugar de solidaria, mientras que un bloque de países de derecha y extrema derecha (Italia, Finlandia y, en menor medida, los Países Bajos) instrumentaliza la crisis para cuestionar la pertenencia de España al espacio Schengen. Esta opción —aunque altamente improbable a corto plazo—, refleja una relación de fuerzas inédita entre Madrid y una parte de sus socios europeos.

Y mientras tanto, las interpretaciones políticas difieren. Como es habitual, la crisis suscitó de inmediato lecturas geopolíticas contrapuestas, ninguna de las cuales ha sido confirmada hasta el momento por una fuente oficial.

La primera pone el acento en el acercamiento entre Madrid y Argel, donde viajó Pedro Sánchez el 20 de julio, apenas diez días antes del inicio de la crisis. Numerosas fuentes especulan sobre una posible maniobra de presión marroquí para recordarle a España su dependencia de la cooperación en materia de seguridad con Rabat. El ministerio de Relaciones Exteriores español intentó desmentir explícitamente esa interpretación.

Fuentes del ministerio, citadas por la agencia Europa Press, afirmaron que la relación con Marruecos es “excelente” y no se ve en absoluto afectada por las buenas relaciones con Argelia, agregando que la coordinación migratoria entre ambos países sigue siendo “muy estrecha”. Fuentes del ministerio del Interior incluso elogiaron una colaboración marroquí “sincera” y “constante”, y subrayaron que la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes evitaba un gran número de salidas.

La segunda lectura gira en torno a la llamada “hipótesis marroquí”, versión 2026. El precedente de mayo de 2021 —cuando Rabat relajó deliberadamente el control fronterizo para presionar a Madrid tras la acogida en suelo español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali— sigue grabado en la memoria colectiva. Aunque las autoridades marroquíes afirman hoy cooperar plenamente con España y la UE, en el pasado se las acusó de instrumentalizar los flujos migratorios como herramienta de presión política. Por su parte, Marruecos señala la responsabilidad de redes criminales organizadas que se aprovecharían del vacío legal generado por la decisión del Tribunal Supremo español para comercializar cruces fronterizas.

También se menciona la “hipótesis de la extrema derecha internacional”. Hasta el momento, ninguna fuente establece un vínculo entre el origen de la crisis migratoria en sí y cualquier maniobra orquestada por movimientos de extrema derecha. En cambio, varios partidos eurofóbicos o antiinmigración explotan políticamente las imágenes de la crisis para endurecer su discurso: Vox, en España, lleva meses realizando campañas de desinformación dirigidas a la comunidad marroquí residente en el país, mientras que las declaraciones de Giorgia Meloni sobre Schengen ilustran cómo una crisis migratoria localizada puede instrumentalizarse para influir en las negociaciones europeas sobre la política migratoria común.

Por fin, no falta la inevitable “hipótesis estadounidense”. Tampoco en este caso, ninguna de las fuentes consultadas menciona una implicación de Estados Unidos en el desencadenamiento de esta crisis. Esa hipótesis, que a veces circula en los comentarios de internet durante este tipo de eventos, no se basa en ningún elemento verificable y, por el momento, no es más que una especulación. Es verdad que la detestación explícita de Donald Trump hacia Pedro Sánchez, puede justificar en parte esa hipótesis.

Pero, ¿a quién beneficia esta crisis? El análisis de las reacciones políticas apunta a varios beneficiarios potenciales, sin que ninguno pueda señalarse con certeza como el instigador de la situación. Marruecos podría verse favorecido por un nuevo equilibrio de fuerzas con Madrid, en un contexto en el que España multiplica sus gestos de acercamiento hacia Argel, rival regional de Rabat en el asunto del Sáhara Occidental. Las derechas nacionalistas europeas, desde Vox hasta Fratelli d’Italia, pasando por la Reunión Nacional de Marine Le Pen, encuentran en estas imágenes un poderoso material de movilización electoral, lo que refuerza su discurso sobre el control de las fronteras y el cuestionamiento del espacio Schengen. Por último, en el plano estrictamente jurídico, las redes de traficantes parecen haber aprovechado la reciente sentencia judicial española para desarrollar sus actividades.

¿Qué pasará, por fin, con las decenas de miles de personas llegadas a Ceuta? En el terreno, el ejecutivo español ya puso en marcha una política de expulsiones aceleradas: de las 60.000 personas que llegaron esta semana, unas 25.000 ya fueron repatriadas a Marruecos desde este viernes por la tarde, mientras Madrid y Rabat aseguran su intención de agilizar aún más este proceso.

Sin embargo, el destino de los menores no acompañados —cuyo número se ha disparado, con una tasa de ocupación en los centros de acogida especializados que supera el 1.600 % de su capacidad— sigue siendo el punto de fricción más delicado: la legislación española protege, en principio, a esos menores de cualquier expulsión, una garantía que la derecha local, a través del PP, precisamente pretende flexibilizar para permitir las llamadas “devoluciones en caliente”.

Es precisamente en este terreno donde se traza la línea de fractura entre la derecha española y europea, por un lado, y el gobierno socialista, por otro. El PP y Vox abogan por una reforma legislativa que permita expulsiones rápidas, incluso de menores, y por una suspensión total de las protecciones derivadas de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Meloni, al exigir una revisión del espacio Schengen para España, empuja implícitamente a Madrid hacia una postura más dura. Por el contrario, el gobierno de Sánchez, si bien está acelerando las expulsiones de adultos en situación irregular, mantiene por ahora el marco jurídico que protege a los menores, apostando por una normalización rápida de la situación fronteriza gracias a la cooperación reforzada con Rabat y al apoyo anunciado de Frontex.

Por Luisa Corradini

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