Cuando la democracia choca con la economía

"La cadena se corta por el eslabón más débil."

Con casi dos años de negociaciones a cuestas, el intento de resolución de la crisis griega tomó un giro nuevo e inesperado con la decisión del primer ministro Giorgios Papandreu de someter el plan de ajuste que le propuso la "Troika" formada por la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a un referéndum nacional.

Esta medida llevó a los otros líderes europeos -en particular a Angela Merkel y a Nicolas Sarkozy- a una situación paradojal, y puso de relieve el desacople de las instituciones de la democracia y los esquemas concretos de salida de las crisis económicas.

Una consulta democrática, inobjetable desde el punto de vista institucional por la magnitud y la complejidad de la decisión, es vista con pánico por los mercados y por los líderes de los principales países de la eurozona porque, seguramente, dará por tierra con los esfuerzos de negociación que hicieron posible la última de las propuestas, acordada en Bruselas la semana pasada.

Es como si el gobierno del ex presidente argentino Fernando de la Rúa hubiese sometido a un referéndum el plan de ajuste que le proponía el FMI a fines de 2001. El resultado hubiese sido cantado. La fatiga del ajuste hubiese hecho imposible una campaña en favor de su aceptación y hubiese sido inimaginable conseguir líderes políticos para llevar esa campaña adelante.

La propuesta de Papandreu, tan extrema pero tan democrática a la vez, muestra que la práctica económica de los esquemas de salida de las crisis son, hasta cierto punto, incompatibles con los procesos y las instituciones democráticas.

Durante la crisis del banco de inversión Lehman Brothers, en 2008, muchas de las medidas tomadas por el gobierno norteamericano fueron ilegales por varias horas, o días, hasta contar a posteriori con una autorización del Congreso.

Y en estas lides se entiende que el FMI negocia con las autoridades de los ministerios de Economía nacionales de los países en problemas, pero al momento de desembolsar, gira los fondos a los bancos centrales, dado que éstos tienen la capacidad de generar recursos en cantidades sustanciales, sin aprobación parlamentaria.

Expansión

De allí también la prédica de este organismo a favor de "la independencia" de los bancos centrales. Se calcula que el 80 por ciento de la expansión de los pasados dos años, incluyendo el quantitative easing que encararon muchos países centrales, no contaron con aprobación parlamentaria.

De la misma manera, la expansión monetaria en los años 2001 y 2002 llevada a cabo por el Banco Central de la República Argentina -primero, por la asistencia a los bancos, a lo que se sumaron luego los amparos dispuestos por la justicia frente al congelamiento de los depósitos, y que fue mucho más importante que numerosas partidas del presupuesto nacional de entonces- no contó tampoco con aprobación parlamentaria.

Si vamos a vivir plenamente en las instituciones de la democracia, no hay alternativa a marchar a una gestión económica mesurada y austera de manera tal que haga innecesaria la puesta en marcha de esquemas de salida de la crisis. Por lo menos de las crisis autogeneradas por exceso de gasto público y de expansión monetaria descontrolada. Todo un desafío para la Argentina y para un mundo que, en algunos sentidos, se ha "argentinizado" más de lo pensado.

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