Exigen que cesen los ataques contra granjeros blancos

LONDRES.- En el lenguaje diplomático británico, la frase "diálogo franco y animado" suele significar "monólogos a los gritos y con poco resultados".

Esto es justamente lo que parece haber ocurrido durante las ocho horas de reunión mantenidas por tres ministros del gobierno de Zimbabwe y el canciller Robin Cook en la sede del Foreign Office.

Con rostro sombrío y absolutamente solo -sus invitados se negaron a acompañarlo-, el canciller británico procuró dar la mejor versión de lo sucedido durante una conferencia de prensa, de por sí demorada en tres horas por las dificultades para alcanzar el más trivial de los puntos en común.

"Tuvimos un conversación franca y animada, al final de la cual acordamos que no podemos continuar con el diálogo oficial hasta que se resuelva el problema de los ataques contra los granjeros blancos. Ahora las cosas quedan en manos del gobierno de Zimbabwe", anunció Cook.

El titular del Foreign Office dijo que la oferta británica de entregar a Harare 57,6 millones de dólares en dos años para solventar compensaciones sigue en pie, pero siempre condicionada a que la ocupación de tierras termine y se llame a elecciones generales.

"No sólo estamos dispuestos a dar dinero, sino también a convencer a nuestros socios internacionales para que hagan donaciones similares -indicó Cook-. Pero no podemos emprender ese camino sin contar con garantías de respeto a la ley y a principios básicos de la democracia."

Los ministros de Relaciones Exteriores, Stan Mudeng; de Gobierno, John Nkomo, y de Industria y Comercio, Nathan Shamuyarira, llegaron a las 11 bajo gritos de "¡Asesinos!" y "¡Liberen a Zimbabwe!" de parte de manifestantes tanto blancos como negros, provenientes de distintos países africanos, agrupados frente a la entrada de la sede diplomática en Charles Street.

A pesar de llegar con "espíritu dialoguista", los funcionarios de Zimbabwe no movieron un ápice la posición fijada por su gobierno al inicio de la crisis.

"No estamos aquí para negociar el cese de hostilidades contra las granjeros blancos, porque eso es algo que les compete sólo a los agresores -advirtió el ministro Nkomo-. Estamos aquí para reclamar lo que Londres prometió entregarnos en el acuerdo firmado en 1998."

Nkomo hacía referencia a un compromiso suscripto con Zimbabwe por varias naciones, incluidos Gran Bretaña y los Estados Unidos, por el cual los países occidentales contribuirían a financiar la entrega de 100 granjas en manos de blancos. Ese acuerdo, sin embargo, quedó en suspenso cuando el gobierno de Robert Mugabe aumentó el número de granjas a 1500. Aun así, el Reino Unido continuó brindando asistencia a su ex colonia por un valor de US$140 millones.

Piden sanciones

La paciencia de los países occidentales está a punto de agotarse. Por ejemplo, la ministra alemana de Cooperación y Desarrollo, Heide Wieczorek-Zeul, sugirió ayer imponer sanciones económicas al gobierno de Mugabe, de modo de forzarlo a poner fin a la violencia.

Wieczorek-Zeul estima que el país africano debe ser excluido de los mecanismos de preferencia tarifaria de los que goza en la Unión Europea por su condición de ex colonia británica. "Lo que están sufriendo los granjeros blancos en Zimbabwe es inaceptable, y, en esas condiciones, no podemos dejar que las cosas continúen como si nada", indicó.

Catorce personas -entre granjeros, obreros y opositores- fueron asesinadas en las últimas nueve semanas a raíz de enfrentamientos alentados por la inminencia de elecciones parlamentarias (que deberían realizarse el mes próximo, pero que Mugabe se resiste aún a convocar) y de la decisión del gobierno de apoyar la incautación de tierras en manos de blancos por parte de autodenominados "veteranos de guerra".

Con el pretexto de querer poner coto a las actividades de este grupo, el jefe de la policía de Zimbabwe, Augustine Chihuri, apeló ayer a una poca conocida norma para restringir "toda reunión pública que pueda amenazar la paz y el orden público". Muchos creen, sin embargo, que el único objetivo de su medida es impedir a los partidos de la oposición realizar actos proselitistas.

Por Por Graciela Iglesias <br/> Corresponsal en Gran Bretaña

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