Gabriel Boric cambia su enfoque inicial con los mapuches y vuelve a un estado de emergencia en el sur de Chile

SANTIAGO, Chile.- El presidente chileno, Gabriel Boric, enfrenta una nueva polémica tras la decisión de decretar un estado de excepción “acotado” para frenar la violencia en la Araucanía, que permitirá la presencia de las Fuerzas Armadas en rutas y caminos, pero sin intervenir los espacios privados. La decisión fue cuestionada por la oposición, por considerarla “insuficiente”, pero también provocó fisuras al interior de su propia coalición.

El decreto fue firmado por el jefe de Estado y enviado a la Contraloría General de la República para dar curso al denominado proceso de toma de razón, con el cual el ente fiscalizador visará la juridicidad de la acción del Ejecutivo que regirá por 15 días y se podría extender por el mismo plazo.

En el documento se establecen una serie de medidas como la autorización para reuniones, el control de accesos, o la protección para diversos centros de servicios de utilidad pública por parte de los uniformados desplegados en la macrozona sur del país y cuyas facultades son similares a las de un estado de excepción “no acotado”. El almirante Jorge Parga Balaresque, en las provincias del Biobío y Arauco; y el general Edward Slater Escanilla en La Araucanía, fueron designados como los jefes de Defensa Nacional.

“Hemos decidido de hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas”, anunció la ministra de Interior de Chile, Izkia Siches, en un mensaje ante la prensa donde también anunció los detalles del plan “buen vivir” que busca atenuar el conflicto en la zona a través de la reactivación de la compra de predios para restituir tierras, la implementación de parlamentos territoriales e inversión en obras públicas.

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas y hemos sido testigos de cobardes ataques. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro”, profundizó la funcionaria.

La medida, aplicada como un estado constitucional de emergencia, fue impulsada por el gobierno chileno y se aceleró debido a la falta de acuerdo en el bloque oficialista. De hecho, hubo duras críticas por parte de los sectores más alineados a la izquierda luego que la disposición se confirmara.

“No nos parece que sea el momento de que inmiscuyan las Fuerzas Armadas en este conflicto, que es un conflicto político, social con el estado, que involucra algún tipo de actividades violentas, porque es un rol que tendría una reacción adversa”, dijo el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier.

Precisamente, uno de los aspectos que más se le ha cuestionado a Boric tiene que ver con la férrea oposición que tuvo ante una disposición de estas características antes de asumir como jefe de Estado. De hecho, una sus primeras medidas fue levantar el estado de excepción dispuesto por la administración de Sebastián Piñera con el fin de priorizar el diálogo, pero luego de apenas de dos meses tuvo que volver a foja cero.

“Una cosa es lo que se declara y lo otro es lo que efectivamente hay que hacer en torno a implementar el uso legítimo de la fuerza en un Estado democrático. Y ahí el bloque que ha apoyado al presidente Boric tiene varias complejidades y reticencias a usar la fuerza, y eso tiene que ver con temas políticos e ideológicos, pero también con los antecedentes del estallido social y con las violaciones a los derechos humanos que realizaron las fuerzas de orden a los ciudadanos”, sostuvo Patricio Saavedra, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de O’Higgins (UOH), quien dijo que las medidas del gobierno para abordar la problemática mapuche “no han tenido el efecto esperado”.

Otro aspecto tuvo que ver con la frustrada visita de la ministra Siches a la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, para reanudar el diálogo con las comunidades mapuches y que se vio frustrada luego de ser recibida con balazos, lo que también significó un duro traspié para la estrategia de La Moneda. Además, y en medio del aumento de los hechos de violencia en la región de La Araucanía, renunció el coordinador de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Salvador Millaleo, por diferencia con Siches. “Construir la plurinacionalidad requiere de mayor convicción”, señaló el académico luego que se anunciara el estado de excepción.

Para Claudio Barrientos, académico de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, desde la vuelta a la democracia en Chile en 1990, todos los gobiernos “han pecado de ingenuos”.

“En los últimos 20 años se creyó que, ante la radicalización de los movimientos indígenas, la violencia policial, la represión y la militarización de la región eran la respuesta para desmovilizar a los grupos indígenas radicalizados. El problema en La Araucanía es más complejo que solamente un grupo de organizaciones mapuche radicalizadas, ya que hay muchos intereses locales que los gobiernos de Chile no han sabido analizar o detectar en toda su magnitud y complejidad”, señaló el también director del Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina.

“Este gobierno pensó que mostrar disposición al diálogo bastaba, pero no es así, pronto se dio cuenta que no todos los mapuches actúan o reaccionan de la misma manera a las políticas estatales, que hay una política mapuche que es diversa y variada, dentro de la cual hay grupos que están dispuestos al diálogo y otros que no. Pero en eso no fueron ni menos ingenuos que los gobiernos anteriores. Lo que sí veo es que ahora hay una voluntad de entender los conflictos en la Araucanía y que este nuevo plan, responde a ese interés, y a una estrategia que desde todo punto de vista es más innovadora que las que hemos visto anteriormente”, dijo Barrientos, quien aseguró que el escenario “no puede complejizarse más” para el gobierno de Boric.

“Este plan contempla medidas a distintos niveles que entienden seguridad más allá de la militarización de la región. Eso puede acercar a algunos grupos y organizaciones indígenas al diálogo, aunque no a todos”, manifestó.

Por Víctor García

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