Gobernabilidad y ajuste, las amenazas del próximo mandato

LA PAZ.- Las agujas del reloj del Congreso boliviano, un edificio colonial que está frente a la céntrica Plaza Murillo, giran al revés, de derecha a izquierda y, en consecuencia, la hora 1 está a la izquierda de las 12.

Evo Morales cambió el sentido de las manecillas del "reloj del sur" hace cinco años para diferenciarlo de los "relojes del norte". Y esa decisión no deja de ser un símbolo de este Congreso, que desde 2009 se mueve al ritmo que marca Evo, y donde su Movimiento al Socialismo (MAS) tuvo hasta ahora la mayoría absoluta. La Asamblea Legislativa Plurinacional es uno de los lugares donde más claramente se van a notar los nuevos tiempos que soplarán a partir del próximo 22 de enero, cuando el MAS perderá la mayoría de dos tercios y se verá obligado a negociar con los otros partidos cada una de sus decisiones.

La cantidad de funciones claves que dependen del Congreso es enorme: desde todos los organismos de control del Poder Ejecutivo, la interpelación de funcionarios y órganos de fiscalización hasta la formación del cuestionado Tribunal Supremo Electoral (TSE), que inscribió la candidatura de Evo pese a que había sido rechazada en un referéndum en febrero de 2016. Cinco de los seis miembros del TSE son elegidos por el Congreso y el restante lo nombra el presidente.

El analista político Daniel Valverde no duda en afirmar que quien asuma el mando en 2020 "tendrá que formar un gobierno de pactos y acuerdos".

Otra novedad política que surgió en los últimos meses y que todo indica que llegó para quedarse fueron los "cabildos abiertos".

En esta capital, y en Santa Cruz de la Sierra, Potosí, Oruro, Tarija y Cochabamba, la gente se convocó a través de las redes para debatir en las calles desde temas locales y regionales, como la explotación del litio en Potosí y Oruro, hasta cuestiones nacionales, como en los cabildos que advirtieron que no reconocerán al próximo gobierno si había evidencias ciertas de fraude.

La elocuencia de la participación deja escaso margen a la especulación. Más de un millón de personas se reunieron en Santa Cruz para poner sobre la mesa una serie de demandas ciudadanas, desde la ecología (acabar con el desmonte y la explotación de la Amazonia y la Chiquitanía) hasta la política (rechazo al fraude).

El politólogo Jorge Dulon explicó que los cabildos no son instancias simbólicas, sino que tienen un efecto normativo amparado en la ley. "Son un mecanismo de participación ciudadana que está normado. Sus resoluciones deben ser tomadas en cuenta por el gobierno central o las autoridades emplazadas".

Los cabildos abiertos son sin duda un nuevo protagonista de la política boliviana que afectará la gobernabilidad a partir de enero.

Una mala coincidencia es que esta dificultad para gobernar se va a dar en tiempos en que todos prevén que comenzarán los ajustes económicos. No es sostenible una economía que para poder seguir creciendo al 4% anual se comió sus reservas de 15.000 millones de dólares, que ahora son de 7500 millones, y aumentó su deuda externa de 2000 a 16.000 millones.

"De todas maneras no avizoro un ajuste traumático a la Argentina o como en Ecuador. Bolivia ya pasó por eso en 2010 cuando Evo tuvo que dar marcha atrás cuando intentó sacar la subvención a los hidrocarburos", recordó Valverde, que no duda en definir al mandatario como "un guerrero de la política, que ha sabido capear las tormentas y no se dejará vencer fácilmente".

El tema del ajuste que se viene fue el gran ausente en los debates de campaña. Ningún candidato habló frontalmente de la cuestión, pero todos reconocieron la necesidad de un viraje económico.

Para el experto Gary Rodríguez, pese a los índices positivos de crecimiento, la macroeconomía de Bolivia enfrenta un momento crucial. "No tenemos todo el tiempo del mundo. Si no hacemos alguna reforma vamos a tener que endeudarnos más para sostener la balanza de pagos y no tener que tocar el tipo de cambio, que está inmóvil desde 2011, y eso va a despertar expectativas inflacionarias", dijo Rodríguez.

"Durante la campaña, todos los candidatos dijeron lo mismo: que no van a privatizar, que no van a tocar el tipo de cambio, que no van a sacar los subsidios. Pero el que venga va a enfrentar una situación difícil", aseguró.

Para Rodríguez, la solución pasa por lo que él llama "un pacto social productivo".

"No tenemos que desandar lo que avanzamos en el combate contra la pobreza, pero ya no sobre la base de dádivas, bonos y asistencialismo, sino de una formalización de la economía, con incentivos al sector productivo, disminución de impuestos, atracción de inversiones, desregulación de mercados. Esa es la agenda que debemos implementar", concluyó.