
Internaron al juez Baltasar Garzón
El magistrado español, que tuvo a su cargo causas relacionadas con las violaciones de los derechos humanos en la última dictadura argentina y chilena, sufrió un pico de presión y está bajo observación
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MADRID (AP).-Baltasar Garzón, el incansable juez español que ha enfrentado a extremistas islámicos, separatistas vascos y un ex dictador chileno, fue hospitalizado hoy debido a que un ataque de ansiedad le subió la presión, dijo un funcionario judicial.
Garzón, el juez investigador más conocido en España, tenía el rostro enrojecido y se tomaba el pecho cuando salió esta mañana de la audiencia nacional y fue conducido al hospital por sus asistentes, aunque no en una ambulancia.
El magistrado de 53 años no estaba en condición grave ni su vida corría peligro, agregó el funcionario que habló con la condición del anonimato ateniéndose a la política judicial. Se anticipaba que el juez pasará la noche en una unidad coronaria.
Garzón es conocido por manejar un voluminoso caudal de trabajo y ha dicho en el pasado que trabaja hasta tarde por las noches y duerme poco. Cobró notoriedad por haber acusado al ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 de terrorismo y otros delitos y de haberlo hecho arrestar en Londres, con la esperanza de extraditarlo a España para juzgarlo.
En aquella instancia, Garzón actuó amparado por el derecho español que permite juzgar en España los crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves, aun supuestamente cometidos en el exterior.
Garzón también presentó cargos contra Osama bin Laden en el 2003, sobre la base de que los ataques terroristas del 2001 a Estados Unidos fueron preparados en parte en España.
Polémico caso. Entre otros casos, Garzón maneja actualmente una investigación por corrupción políticamente sensible que ha tenido gran repercusión en la prensa y que le ha valido críticas de algunos políticos. Involucra a gente de negocios que supuestamente recibió incentivos en relación con contratos extendidos por gobiernos locales en el área de Madrid, y ha designado como sospechosos a varios miembros del Partido Popular de oposición.
El principal inculpado en este caso, Francisco Correa, dueño de una empresa que organizaba mítines del PP y testigo de la boda de la hija del ex jefe del gobierno español José María Aznar, daba instrucciones para dar "dádivas y sobornos a funcionarios y autoridades públicas" para obtener ventajas económicas o para parar procedimientos en su contra, según Garzón.
Por este caso, el juez Garzón ha imputado hasta ahora a 37 personas, entre ellas dos concejales del PP, por presuntos delitos de "blanqueo de capitales, fraude, corrupción y tráfico de influencias".
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