La dura derrota en el referéndum pone al gobierno de Noboa bajo fuego
El mandatario aspiraba a modificar la constitución, entre otras propuestas, pero el traspié lo obligará a centrarse en la gestión; la seguridad, el mayor reclamo ciudadano
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LA NACION
QUITO.- El mayoritario rechazo ciudadano en un referéndum a las propuestas del presidente Daniel Noboa de convocar a una Asamblea Constituyente e instalar bases militares extranjeras en Ecuador constituye un fuerte llamado de atención y una exigencia de rectificación de la gestión gubernamental, según analistas.
En el proceso de conteo de votos, que llega casi al 99%, un 61% rechazó la instalación de la Constituyente con el fin de reformar la Constitución y un porcentaje similar se opuso a las bases militares.
También ganó ampliamente el “no” a las otras dos propuestas del referéndum: eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y reducir la cantidad de miembros del Congreso.
El resultado supuso el mayor traspié político del mandatario de perfil conservador desde que llegó al poder a fines de 2023 y fue destacado por presidentes de la región de ideología contraria.
“Lo puso a votación (lo de las bases militares en Ecuador) y la mayoría dijo no, no queremos. Habla también de un sentimiento en América Latina”, señaló la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En tanto, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo que “ese pueblo se levantó mayoritariamente para decirle NO a las políticas entreguistas impulsadas por un gobierno corrupto y vinculado al narcotráfico, obteniendo una victoria política histórica”.
Las autoridades venezolanas repetidamente han vinculado a Noboa con el narcotráfico sin presentar pruebas.
El presidente ecuatoriano afirmó el mismo domingo que respetaba “la voluntad del pueblo”.
“Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos”, aseveró el mandatario en su cuenta de X.
“Es una clara derrota política, pero no significa que haya iniciado un proceso de inestabilidad política en el país”, expresó el analista y profesor de la Universidad Ecotech, Juan Francisco Camino.
También dijo que es “un fuerte llamado de atención de la ciudadanía para que el presidente genere resultados en su gestión de gobierno”.
Argumentó que los ecuatorianos siguen esperando resultados en el área de seguridad, en un país acosado por el crimen transnacional, y en la de salud, donde hay un generalizado desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos.
“Noboa se ha centrado mucho en generar contenidos y comunicación, pero la gente le reclama gestión”, afirmó.
De acuerdo con cifras del ministerio del Interior, hasta inicios de noviembre se registraron 6797 asesinatos y este año se perfila como el más violento desde el 2021, cuando la violencia criminal irrumpió en Ecuador de la mano de bandas locales asociadas a carteles de Colombia y México.
Según Insight Crime, Ecuador atraviesa una crisis de seguridad inédita, con la mayor tasa de homicidios de Latinoamérica: 39 por cada 100.000 habitantes en 2024.
Para María Cristina Bayas, directora de maestría de comunicación política de la Universidad de las Américas, el rechazo al referendo le obliga al mandatario a “revisar actitud, estilo, comunicación y obviamente gestión de gobierno”.
Para que el revés lo pueda convertir en una oportunidad, afirmó Bayas, el gobierno “necesita adaptarse y escuchar a la ciudadanía”, dejar atrás el estilo confrontativo y buscar resultados y eficiencia en su trabajo al frente del país.
Consideró que a pesar del golpe por el rechazo al referéndum no es “algo totalmente negativo” porque Noboa sigue teniendo respaldo popular, ya que cerca del 40% de los votantes apoyaron su propuesta.
Además, acotó, “sigue siendo un presidente con un bloque oficialista fuerte” en la Legislatura.
Ambos analistas coincidieron en que las primeras acciones del mandatario deberían girar alrededor de cambios en su gabinete y reorientar la acción de gobierno para responder al claro triunfador de la jornada, la ciudadanía que se pronunció el domingo.
Noboa, un joven millonario, llegó al poder en noviembre del 2023 para terminar el período del presidente Guillermo Lasso (2021-2023), luego ganó las elecciones y tomó posesión en mayo pasado para un período de cuatro años.
El mandatario sostenía que era necesario “refundar el país” porque la Constitución vigente desde 2008 mantenía al Estado ecuatoriano en un virtual “secuestro institucional”.
Noboa planeaba cambiar la Constitución por considerarla demasiado “garantista” con los criminales y había entrado en conflicto con la Corte Constitucional al la cabeza de masivas marchas en contra de sus magistrados.
Este es el peor embate electoral del presidente luego de que en 2024, lograra la aprobación vía consulta popular de la extradición de ecuatorianos y el aumento de penas para el crimen organizado.
Pero organizaciones sociales y de oposición consideraban que el referéndum no solucionaba problemas como la inseguridad y que Noboa buscaba una Constitución a su medida para gobernar sin los límites que le impone la actual carta magna, como la Corte Constitucional, el organismo de última instancia que ha frenado recientes iniciativas del Ejecutivo.
Desde el retorno a la democracia en 1979, tras las dictaduras militares, los ecuatorianos han tenido tres constituciones.
Sobre la propuesta para eliminar la prohibición constitucional que rige desde 2008 para la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, la oposición señaló que implicaba ceder la soberanía.
Para el gobierno, sin embargo, eso contribuiría al apoyo internacional que Ecuador necesita para enfrentar al crimen transnacional.
El combate a la inseguridad y el crimen ha sido una bandera de Noboa desde que llegó al poder.
El país andino afronta una incesante violencia por la expansión de bandas del crimen organizado aliadas con carteles transnacionales, lo que llevó al gobierno de Noboa a declarar en 2024 un conflicto armado interno para movilizar a las fuerzas de seguridad.
Las otras dos preguntas estaban relacionadas con la eliminación del financiamiento estatal para las organizaciones y partidos políticos y la reducción del número de integrantes de la Asamblea Legislativa de 151 a 73.
El oficialismo aseguraba que eso generaría un ahorro millonario al Estado. Para la oposición, sin embargo, causaría que solo quienes tienen dinero o reciben apoyo de grandes corporaciones podrían hacer política, sin mejorar la calidad de la representación en el legislativo.
Agencias AP y AFP
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