La fortuna que se gastan los países occidentales en mantener los superyates de lujo rusos confiscados durante la guerra en Ucrania
Hay quienes consideran que el carácter vistoso y mediático de la incautación de esas embarcaciones pudo haber distraído a los gobiernos occidentales, que pudieron tomar acciones más efectivas para golpear el financiamiento y los recursos del ejército de Putin
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El Phi, un superyate ruso valorado en US$50 millones, fue diseñado para navegar por las aguas del Mediterráneo y el Caribe. Pero, en lugar de eso, la embarcación de 59 metros de eslora lleva más de tres años retenida en Londres tras ser incautada al culminar su primer viaje. Es uno de más de una decena de superyates rusos retenidos en distintas partes del mundo tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.
Varios de ellos generaron enormes complicaciones legales y financieras a los gobiernos responsables de su detención. “La incautación de superyates fue algo muy visible, algo que podía aparecer en la portada de un periódico”, afirma Tom Keatinge, director del Centro de Estudios sobre Delitos Financieros y Seguridad del Royal United Services Institute.
Pero, puntualiza, “no se logró mucho desde una perspectiva bélica y cargó a los gobiernos con problemas que no anticiparon”. Este martes, la Corte Suprema del Reino Unido decidirá si el Phi podrá zarpar libremente o seguirá retenido en el muelle sur de Canary Wharf, en Londres.
Dentro del yate
“Bienvenidos al Phi”, dice el capitán Guy Booth. “Aquí, en el corazón de Londres, no es donde quisiéramos estar”, agrega. A bordo, muestra algunas de las características de lujo del superyate, como una piscina climatizada de agua dulce.
“Podemos ajustar la altura que queramos, puede llegar hasta 1,7 metros de profundidad”, explica. Cerca hay una hoguera de gas y una sala de estar que se convierte en cine, mientras que el apartamento estilo ático del propietario cuenta con una terraza privada.
Batallas legales
El superyate permanece varado desde marzo de 2022 bajo una legislación que permite al gobierno británico retener embarcaciones vinculadas a Rusia con el objetivo de presionar a la élite de ese país y, en consecuencia, al presidente Vladímir Putin.
Pero el propietario del Phi —y empleador del capitán Booth—, el magnate inmobiliario ruso Serguéi Naumenko, presentó una serie de demandas contra el Departamento de Transporte británico para intentar liberar su embarcación. El caso pasó por el Tribunal Superior y el Tribunal de Apelación y ahora llegó a la Corte Suprema.
Su equipo legal alega que, dado que Naumenko nunca recibió sanciones financieras de Reino Unido y carece de vínculos con Putin, la retención del superyate viola su derecho legal a disfrutar pacíficamente de su propiedad. No obstante, el gobierno argumentó con éxito hasta ahora que tiene derecho a retener activos de oligarcas rusos para aumentar la presión sobre el Kremlin.
Los problemas en torno al Phi no son algo único. Superyates rusos retenidos en todo el mundo están generando dolores de cabeza legales y facturas de mantenimiento que ascienden a decenas de millones de dólares para los gobiernos que los custodian.
“Los problemas legales relacionados con su mantenimiento claramente no fueron previstos por los gobiernos”, afirma Alex Finley, exoficial de la CIA que trabajó en Europa y ha escrito sobre superyates rusos y sanciones.
Millones en mantenimiento
El mantenimiento de un superyate es costoso: normalmente equivale a al menos al 10% de su valor cada año. Esto puede significar millones de dólares anuales, o decenas de millones en el caso de embarcaciones más grandes. “Está costando mucho dinero a algunos gobiernos”, añade Finley.
Como el propietario del Phi no está sancionado, él mismo está pagando su mantenimiento. Pero otros superyates en todo el mundo tienen propietarios que sí están sancionados, por lo que las leyes locales les impiden transferir fondos para su mantenimiento.
En Italia, por ejemplo, se informa que las autoridades gastaron más de US$30 millones desde marzo de 2022 en mantener el Sailing Yacht A, valorado en US$600 millones, cuyo propietario está sancionado. El país también retiene algunos superyates más pequeños.
En Estados Unidos, el mantenimiento del Amadea, de 106 metros de eslora, le costó al gobierno más de US$30 millones. Las autoridades locales habían planeado vender el superyate, retenido en San Diego, para recuperar los costos de mantenimiento y recaudar fondos que apoyen el esfuerzo bélico de Ucrania. Pero esto se retrasó repetidamente por disputas legales sobre quién es formalmente el propietario de la embarcación.
¿Una medida adecuada?
Las autoridades en Ucrania enfrentaron dificultades similares: desde 2022 intentaron, sin éxito hasta ahora, vender el superyate Royal Romance, vinculado a Rusia y retenido en Croacia. Solo un superyate fue comercializado a solicitud del gobierno que lo mantiene retenido.
El Alfa Nero supuestamente costaba al gobierno de Antigua y Barbuda unos US$28.000 semanales en mantenimiento, motivo por el cual decidieron venderlo. Un multimillonario turco lo adquirió por US$40 millones. Sin embargo, tanto el nuevo propietario como el gobierno de Antigua fueron demandados por la hija de un industrial ruso sancionado, quien afirma que el superyate le pertenece.
Tom Keatinge considera que el carácter vistoso y mediático de la incautación de superyates pudo haber distraído a los gobiernos occidentales, que pudieron tomar acciones más efectivas para golpear el financiamiento y los recursos del ejército ruso.
“¿Era correcto ir tras los oligarcas? Probablemente sí. ¿Era correcto hacer que todo girara en torno a los oligarcas? Absolutamente no. Deberíamos habernos enfocado en lo que realmente importaba desde el primer día”, opina.
Las complicaciones legales en torno a los superyates rusos también podrían disuadir a posibles compradores de intentar adquirir las embarcaciones retenidas, especialmente si su propiedad no es reconocida por países hostiles.
“Es concebible que un yate vendido llegue a otra jurisdicción y las autoridades portuarias le digan al comprador: ‘Usted no es el propietario’”, afirma Benjamin Maltby, abogado experto en superyates del bufete Keystone Law. “Detrás de la ley,” añade, “están la política, los políticos y sus caprichos.”
Un futuro incierto
De vuelta a Reino Unido, el capitán Booth confiesa estar preocupado porque la detención del Phi en el muelle sur -un lugar sin instalaciones portuarias ni de marina adecuadas- esté dejando al lujoso superyate en un estado de deterioro. “El peor escenario sería un incendio eléctrico a bordo”, advierte, señalando que el yate tiene problemas desde su primer viaje.
“Un incendio se propagaría muy rápidamente”, agrega, y advierte que “el aluminio arde a 3500 °C”. “Entonces el barco se hundiría, aquí en Canary Wharf”, suma. Consultado sobre los riesgos de mantener el Phi en Canary Wharf, el Departamento de Transporte británico emitió un comunicado afirmando que no puede realizar comentarios sobre las afirmaciones del capitán Booth “debido a los procedimientos legales en curso”.
Por su parte, la compañía Canal and River Trust, que administra el muelle, indicó: “El capitán del puerto sigue buscando aclaraciones del Departamento de Transporte sobre el estatus de esta embarcación. Nuestra prioridad sigue siendo la operación segura y protegida de los muelles de West India”.
El futuro del Phi podría decidirse este martes en la Corte Suprema. No obstante, el destino de muchos otros superyates rusos probablemente siga sin resolverse durante un buen tiempo.
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