La nueva guerra al narco en México, más cruda y violenta

Los asesinatos se incrementaron hasta cerca de 35.000 en 2018, pero hay menos atención e indignación en la gente
Mark Stevenson
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2 de septiembre de 2019  

COATZACOALCOS, México (AP).- La guerra de México contra el narcotráfico parece haber vuelto, y podría ser peor que la sangrienta ofensiva gubernamental contra los carteles emprendida entre 2006 y 2012.

Antes la peor parte de la violencia se limitaba a unas pocas ciudades; ahora se extiende por todo el país. Antes no era raro que las bandas matasen adultos, pero dejaban a los menores ilesos; ahora, el asesinato de menores junto a sus padres es frecuente.

Y el que quizás sea el cambio más desconcertante: la sangrienta violencia de los carteles enojó a los mexicanos y acaparó la atención internacional por la guerra contra el narco, que registró 27.000 homicidios durante su apogeo en 2011. Hoy, aunque el número de asesinatos se incrementó hasta cerca de 35.000 el año pasado, el derramamiento de sangre parece recibir menos atención y generar menos indignación.

Todo esto dejó a muchos mexicanos preguntándose qué camino tomar. Esto fue evidente esta semana en Coatzacoalcos, una ciudad petrolera del estado de Veracruz donde, según residentes, las bandas luchan por controlar el territorio y extorsionan a los comerciantes.

El martes a la noche, presuntos miembros del Cartel de Jalisco se presentaron en el club nocturno Caballo Blanco, bloquearon las salidas y provocaron un incendio que mató a 28 personas, posiblemente porque el dueño se habría negado a dejar de vender drogas de otro grupo delictivo.

Vanessa Galindo Blas perdió a su pareja, Erick Hernández Enríquez, en el ataque. Ambos nacieron en Coatzacoalcos, pero habían hablado de marcharse. "Habíamos planeado irnos de aquí a un lugar más seguro por el futuro de nuestros hijos", dijo Galindo Blas, mientras extendía las manos sobre el ataúd metálico de Erick.

Pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre su nuevo destino, en parte porque la violencia es ahora un problema en casi todo el país y ya no hay un sitio seguro.

Entre 2006 y 2012, gran parte de la guerra contra el narcotráfico se concentró en una serie de ciudades del norte: Ciudad Juárez, Tijuana, Culiacán, Reynosa y Nuevo Laredo. "Ahora el efecto es de más extensión, también eso lo hace más difícil de controlar", dijo Alejandro Hope, analista de seguridad.

Pero teniendo en cuenta todas las similitudes -ataques incendiarios letales, cadáveres abandonados en pilas o colgados de pasos elevados, masacres en fiestas, videos de decapitaciones publicados en redes sociales- los paralelismos entre ese episodio y el actual son demasiado claros. "Es un déjà-vu constante", apuntó Hope.

Otra tendencia preocupante es que los menores son abatidos a tiros por los matones que tienen como objetivo a un adulto. Los carteles de Sinaloa y Juárez se enorgullecían en sus días de los asesinatos selectivos que acababan con la vida de las personas señaladas, pero dejaban al resto de los miembros de la familia ilesos.

Ahora los niños mueren con una frecuencia escalofriante. En junio, un menor fue asesinado junto a su padre en el estado de Sonora. En julio, otro, de 10 años, murió durante un atraco en el estado de Puebla. En agosto, hombres armados irrumpieron en una vivienda en Ciudad Juárez y dispararon 123 balas que mataron a tres chicas, de 14, 13 y 4 años, además de un hombre adulto que parecía ser el objetivo real del ataque.

Hace dos años, Coatzacoalcos copó titulares en todo el país cuando un hombre, su esposa y sus tres hijos fueron abatidos por un cartel de la droga. Sin embargo, el asesinato de las tres chicas en Ciudad Juárez atrajo menos atención.

"Parecería que nos estamos acostumbrando a ver esto, donde matan a todos, matan a chicos. Yo no quiero acostumbrarme a eso", dijo Lenit Enríquez Orozco, una activista de Coatzacoalcos.

Su hermano, Jonith Enríquez Orozco, está desaparecido desde que fue secuestrado, el 25 de septiembre de 2015. No hubo rastro de él desde entonces a pesar de que su grupo, Madres en Búsqueda, rastreó cementerios clandestinos en todo Veracruz.

Hope señaló que México tiene un registro lamentable en lo referente a la investigación y el enjuiciamiento de asesinatos, con más del 90% de casos impunes.

"Hoy el riesgo de que maten a un hombre o a toda su familia es igual", dijo el analista. Según está lógica, acabar con toda una familia "tiene ventajas como intimidación, es más fácil de hacer, hace que sea más rápida la huida".

La incesante violencia insensibilizó a muchos. En 2010, varios sicarios irrumpieron en una fiesta de estudiantes de secundaria en el barrio Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, y mataron a 15 en lo que pareció ser un caso de identidad errónea. Esa masacre provocó enormes y furiosas protestas y una visita del entonces presidente Felipe Calderón.

En abril de este año, hombres armados entraron a una fiesta en Minatitlán, cerca de Coatzacoalcos, y mataron a 14 personas. Días más tarde, apenas unas docenas participaron de una marcha por la paz. "No pasa nada. Esto debería generar indignación general" tanto contra los carteles como contra el gobierno, apuntó Hope.

El analista atribuyó la silenciosa reacción al elevado índice de aprobación del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que superó el 70% en algunos sondeos a nueve meses de asumir el cargo.

Muchos mexicanos están dispuestos a darle a López Obrador el beneficio de la duda, ya que reconoce que la delincuencia es su mayor reto. El presidente insiste en que sus lentas políticas para reducir el desempleo juvenil acabarán por resolver las causas de base del problema mejor que declarar otra ofensiva directa contra los carteles. Carlos Ángel Ortiz es uno de esos que no culpan a López Obrador.

"Es como dice el presidente: 'Solo el pueblo puede salvar al pueblo'", apuntó Ortiz, mientras hacía los preparativos para enterrar a su sobrina, Xóchitl Irineo Gómez, una bailarina del club nocturno que murió por inhalación de humos. Tenía dos hijos.

Los más pobres conforman la base electoral del presidente, y es este el grupo que más sufre los efectos de la violencia. Irineo Gómez era el único sustento no solo para sus hijos, sino también para sus ancianos padres. Erick Hernández Enríquez dejó poco a su familia además de una modesta casa de tres habitaciones.

"Hay muchas casas vacías en Coatzacoalcos, mucha gente se ha ido -explicó la activista María Fabiola Dávila-. Los que tienen dinero se van a otros países".

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