Los escándalos de corrupción, también en Brasil

RÍO DE JANEIRO.- Las filmaciones ocultas de un "arrepentido" del gobierno del Distrito Federal en lsa que involucraba directamente a su gobernador, José Arruda, en un esquema de sobornos a políticos locales, llegan al extremo de captar al presidente de la legislatura local mientras colocaba fajos de dinero en los bolsillos y cómo se las ingenia para poner el dinero restante en sus medias de nylon azules. Ciertamente, la pobre defensa del mandatario no contribuyó a apaciguar los ánimos: dijo que el dinero en cuestión era para comprar "pan dulce" para los niños más pobres.

Si bien su protagonista circunstancial pertenece al partido Demócrata (DEM) -el principal aliado del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)- a principios de año hubo un megaescándalo de corrupción que sacudió a todo el arco político brasileño vinculado con el financiamiento ilegal de la constructora Camargo Correa a siete partidos políticos, oficialismo y oposición por igual.

El problema que se le presenta al sistema de partidos brasileño es que ninguno de sus principales exponentes tiene autoridad moral para condenar a quienes cometen dichos excesos, ya que es difícil toparse con un parlamentario que no haya estado involucrado directa o indirectamente con algún escándalo de corrupción.

El gobernante Partido de los Trabajadores (PT) fue señalado en el 2005 de haber montado un esquema de financiamiento ilegal a legisladores nacionales a cambio de su apoyo en proyectos que el Ejecutivo consideró de interés.

Este episodio, conocido como el mensalão (por la modalidad mensual en la que se efectuaba el pago) ya había afectado al PSDB, cuando el entonces gobernador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, fue acusado de haber montado un esquema similar para lograr su reelección en 1998.

De esta manera, los dos partidos brasileños que gobernaron los últimos 15 años de Brasil -el PSDB y el PT respectivamente- ya se vieron envueltos en un escándalo de corrupción de gran dimensión.

El otro partido relevante de la política brasileña, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) -hoy principal aliado del gobierno de Lula y primera minoría en ambas cámaras- tiene a su líder simbólico, el ex presidente y actual titular del Senado, José Sarney, sumamente debilitado luego de duras acusaciones de corrupción en su contra.

¿Cuál ha sido la posición de Lula respecto estos casos? Una pragmática equidistancia. Si se busca el porqué, debe tenerse en cuenta dos razones: el PT hoy gobierna con el apoyo de varios partidos. Cuenta con siete ministros de distinta extracción política en su gabinete. El caso del mensalão hirió de muerte a su histórica bandera de la anticorrupción, con lo que la imagen de Lula cayó entre 15 y 20 puntos. No fueron pocos los que se desilusionaron con él desde entonces.

En todo caso, si Lula actuó, fue para blindar a sus aliados en su peor momento: a mediados de año se lo investigó a Sarney, cuya fundación que preside y lleva su nombre fue acusada de haber desviado alrededor de 650.000 dólares que Petrobras destinó para un proyecto cultural que nunca se concretó.

¿Por qué lo defiende Lula? Porque Sarney es hoy uno de sus principales aliados, donde su partido tiene mayoría en ambas cámaras, y Lula precisa de él tanto para la aprobación de proyectos del Ejecutivo como para el apoyo a su candidata Dilma Rousseff, que hoy está muy por detrás del gobernador paulista José Serra en las encuestas.

Controles a medias. Dos agentes que cumplen una importante función fiscalizadora importante en Brasil son la Justicia Electoral y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que es el control externo del Sector Público brasileño.

En el primero caso, en lo que va del año han caído cuatro gobernadores brasileños acusados de clientelismo y financiamiento ilegal en sus campañas electorales gracias a acciones llevadas adelante por la Justicia Electoral, mientras que las fiscalizaciones del TCU señalan constantemente irregularidades de la estatal Petrobras y del Programa para la Aceleración del Crecimiento de la candidata de Lula, Dilma Rousseff, vinculados ambos con sobreprecios y desvío de fondos.

El control fiscalizador que debe ejercer la misma clase política, en cambio, brilla por su ausencia. En todos los escándalos que se sucedieron este año, la ética del político brasileño consistió en devolver el dinero que tomó "prestado" a las arcas del Estado, y en el peor de los casos, cuando su situación se torna insostenible, presenta su renuncia, pero para que la investigación termine allí y pueda volver a postularse nuevamente, algo que efectivamente acaba aconteciendo.

Lejos de la Argentina, pero también de Uruguay y Chile. Si a Brasil se lo compara con la Argentina, Bolivia, Paraguay o Venezuela, su situación es extremadamente mejor: según la última medición de percepción de corrupción que realizó Transparencia Internacional, Brasil ocupa el 75º lugar, seguido por Argentina (106º), Bolivia (120º), Paraguay (154º) y Venezuela (162º).

Pero el modelo político que Brasil busca forjar se asemeja más a los gobiernos institucionalizados de Chile y Uruguay. La no re-reelección de Lula un paso importante en este sentido. Estos países ocupan el puesto 25º en materia de corrupción; exactamente 50 casillas más adelante que Brasil, y eso que Transparencia Internacional mejoró la nota de Brasil este año.

Mientras que Brasil avanza espectacularmente en varias materias y es digno de imitar en varios aspectos, la corrupción continúa siendo una gran deuda pendiente en materia política, y su progreso en esta cuestión no ha sido destacado.

El autor es analista político de Brasil