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Los latinos, en la mira de la justicia japonesa
Los acusan de cometer delitos
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TOKIO (EFE).- Los crímenes cometidos por latinoamericanos en Japón ya han provocado cierta animosidad entre la población local, al punto que las autoridades debieron comenzar a endurecer las leyes para los inmigrantes en el país oriental.
Entre otras medidas, Tokio comenzó a pedir a los descendientes de japoneses que quieren residir en Japón la presentación de un certificado que conste que no tienen antecedentes penales.
Afectado por el fuerte descenso de la natalidad y su dependencia económica de las manufacturas para la exportación, Japón empezó a aceptar mano de obra extranjera hace dos décadas. Actualmente, en Japón hay más de 300.000 inmigrantes procedentes de América latina, principalmente de Brasil, muchos de ellos descendientes de japoneses que emigraron en la primera mitad del siglo pasado.
La condición de nikkei o sansei (descendientes de segunda o tercera generación de japoneses) era hasta hace poco considerada suficiente para entrar en Japón con libertad para buscar trabajo. Junto a brasileños, peruanos y argentinos con apellidos japoneses, llegaron también emigrantes no nipones de otros países de América latina que se quedaron legal o ilegalmente motivados por la bonanza laboral.
El sector automovilístico da trabajo a numerosas colonias latinoamericanas que residen en provincias cuyos pobladores han comenzado a sufrir las consecuencias más negativas de la primera ola de inmigración no asiática en su historia.
Un crimen emblemático
El caso más emblemático de lo que se espera en los próximos años en el terreno legal ocurre en Hamamatsu, al oeste de Tokio, donde residen cientos de brasileños.
En los pasados ocho años se han registrado en esa misma zona tres homicidios con víctimas japonesas en las que los sospechosos brasileños se han fugado a su país de origen protegidos por su Constitución, que prohíbe entregar nacionales a gobiernos extranjeros.
La imposibilidad de extraditar a los sospechosos llevó a los ciudadanos de Hamamatsu a reunir más de 700.000 firmas para pedir al gobierno de Tokio que firme un tratado de extradición con el país sudamericano.
El caso del homicidio de una japonesa de 16 años en julio de 1999 en Hamamatsu prescribirá a mediados de 2007, según la ley brasileña, y ante el riesgo de que el crimen quede impune Tokio pidió recientemente a Brasil detener y juzgar a Higaki Milton Noboru, el principal sospechoso de haber atropellado a la menor y fugarse.
A lo escabroso e inusual de los crímenes cometidos por latinoamericanos, ahora también se suman delitos menores que empiezan a afectar las perspectivas laborales de todos los inmigrantes. Según un plan dado a conocer este año, el gobierno pedirá a las empresas que cada contrato o despido sea reportado para impedir la contratación de indocumentados.
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