Los rumores, uno de los delitos preferidos de los chinos, colman la paciencia del régimen

PEKÍN.- Una nueva ley consentiría que todos los hombres de la ciudad de Yangjiang tuvieran dos esposas. Este fue el anuncio de tapa en el diario local, o al menos la versión que un internauta de apellido Lin compartió con sus compañeros de trabajo. Lin usó Photoshop para cambiar el titular de una reunión gubernamental por su broma sobre la poligamia. El falso título se hizo viral.

Preocupado por las repercusiones, el diario acusó a Lin de difamación. En cuestión de días, el joven Lin fue arrestado. "Los internautas que difundan rumores o información falsa, sea original o reproducida, asumirán la responsabilidad legal correspondiente", manifestó la policía local tras la captura de Lin. "Esperamos que los usuarios cumplan con la ley y sean conscientes de defender el orden en Internet."

Esta campaña draconiana comenzó en septiembre de 2013, cuando la Corte Suprema del Pueblo dictó que las personas que publicaran "rumores irresponsables" en línea, que fueran vistos por más de 5000 personas o compartidos más de 500 veces, podrían ser condenadas a tres años de prisión. Para las autoridades, especulación, falsa información y comentarios no verificados, se traduce en rumores.

"Es demasiado fácil que una publicación sea replicada 500 veces u obtenga 5000 visitas", escribió entonces un usuario de Weibo, el Twitter de China. "¿Quien se atreverá a decir algo ahora?"

No obstante, los rumores continuaron. Incluso, en 2015 surgieron algunos de los más famosos. Uno hablaba de un hombre que, con la crisis bursátil de mitad de año, había saltado desde un edificio del distrito financiero de Pekín. Otro exageraba el número de muertes tras las explosiones de Tianjin.

El Ministerio de Seguridad Pública dijo que 197 personas habían sido acusadas por violaciones y que luego habían pedido disculpas, dado que sus acciones "engañaron a la sociedad, generaron una sensación de pánico, e incluso fueron utilizadas para atacar al Partido Comunista y a los líderes del país". El ministerio también informó que se habían cerrado 165 cuentas y páginas web.

En noviembre, la cadena nacional de televisión, CCTV, explicó que bajo una nueva enmienda a la ley penal, las personas que publicaran falsas alarmas sobre desastres naturales o notificaciones policiales, o difundieran rumores en Internet, podrían enfrentar hasta tres años de cárcel.

"Al Partido Comunista le preocupa que dichos «rumores» puedan generar descontento público con el gobierno y crear inestabilidad social", dijo Zhiqun Zhu, director del Instituto de China de la Universidad de Bucknell. "La mayor preocupación del partido es la estabilidad política y social, y cualquier cosa que pueda generar caos debe ser evitada."

En abril del 2015, un hombre difundió por WeChat la falsa predicción de que en dos semanas ocurriría un terremoto en Yulin, provincia de Shaanxi. La policía lo arrestó y lo obligó a disculparse con el público.

Cinco años antes, un rumor similar sobre otro sismo se difundió en Taiyuan. El pánico que generó hizo que la gente evacuara sus hogares, y el enorme tráfico de gente buscando la verdad causó la caída de la página de internet de las autoridades respectivas. "Unos son verdaderos y otros son broma", dijo el profesor Zhu, "Es un gran reto para el gobierno chino dado que estamos en la época de las redes sociales".

Al tiempo que los rumores pueden ser descritos como una simple manifestación de pensamientos, también se pueden generar como una respuesta colectiva a declaraciones oficiales no confiables o con información incompleta.

"El gobierno intenta relajar las tensiones sociales y no quiere tener un fuerte control sobre el flujo de información, pero entre más transparente sea, más se sabrá sobre los diversos problemas que existen", señaló Zhu. "Desde la perspectiva del gobierno, la información debe ser monitoreada y controlada, lo cual solo generará más rumores. Es un circulo vicioso".

Según los últimos informes del Centro de Información de Internet en China, a mediados del 2015 el numero de internautas en el país alcanzó los 668 millones, de los cuales 595 ingresaban a la red a través de sus dispositivos móviles. Mientras las autoridades intentan controlar el ciberespacio más grande del planeta, incluso, haciendo uso de asociaciones civiles conocidas como "ligas antirumores", los activistas de derechos humanos manifiestan que se está atentando contra la libertad de expresión.

En septiembre del 2013, cuando la Corte Suprema del Pueblo dictó las nuevas penalidades para los cibernautas "difamadores", las autoridades arrestaron a Yang Hui, un joven de dieciséis años que había cuestionado los hallazgos de una investigación policial en torno a un suicidio ocurrido en la provincia de Gansu.

Después de una semana, el jefe de la policía local fue suspendido, supuestamente por mal manejo del caso, y Yang fue puesto en libertad. Este caso fue muy popular, no solo por ser uno de los primeros después de que se anunciaran las nuevas normas, sino también porque fue una prueba de que a veces los rumores son más reales que la verdad oficial.