Maduro era buscado por narcoterrorismo y se enfrenta a cadena perpetua en Estados Unidos
El líder venezolano fue imputado por un gran jurado federal en Nueva York en 2020, acusado de dirigir durante décadas una red de narcotráfico vinculada a las FARC y de utilizar la cocaína como arma contra EE.UU.
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LA NACION
WASHINGTON.- Nicolás Maduro fue imputado por un gran jurado federal el 26 de marzo de 2020, durante el primer mandato de Donald Trump, en una causa abierta en el Distrito Sur de Nueva York, con sede en Manhattan. Se trata de una imputación penal independiente que sigue formalmente activa y que sitúa al dirigente venezolano en el centro de una investigación por narcoterrorismo y tráfico internacional de drogas.
“Eso significa que a él y a su esposa se les tomarán este sábado las huellas dactilares, se los fotografiará, pasarán por ese proceso y luego irán, presumiblemente, al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn”, según declaró John Miller, analista jefe de inteligencia y cumplimiento de la ley de CNN. Ambos podrían comparecer ante el tribunal este lunes.
A Flores se le acusa como “una figura clave en este asunto a lo largo de los años”, añadió Miller.
La pareja no obtendrá “la suite del Centro de Detención Metropolitano”, agregó, señalando que los procedimientos separan a los presos hombres de las mujeres.
“Ambos enfrentarán pronto la ira de la Justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en juzgados estadounidenses”, escribió en su cuenta de X la fiscal general Pam Bondi.
La acusación le atribuye haber participado durante décadas en una conspiración de narcoterrorismo y tráfico masivo de cocaína, así como haber supervisado un cartel violento de la droga mientras ascendía hasta convertirse en el máximo dirigente de Venezuela. El delito de narcoterrorismo contempla una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.
Además de Maduro, la imputación incluye a más de una decena de actuales y antiguos altos cargos del gobierno venezolano y de sus servicios de inteligencia. Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Washington no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela y le acusa de haber manipulado las elecciones de 2024.
Bondi publicó un nuevo documento de acusación con los cargos criminales contra Maduro. En el texto, de 25 páginas, un tribunal del distrito sur de Nueva York, donde se suelen llevar todos los casos de narcotráfico, relata cómo Maduro y su esposa se enriquecieron durante su paso por el gobierno de Venezuela y que tenían planes para inundar Estados Unidos de droga. “Durante más de 25 años, dirigentes de Venezuela abusaron de sus cargos de confianza pública y corrompieron instituciones que alguna vez fueron legítimas para importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos”, señala la introducción de la nueva denuncia.
El texto de acusación incide en que Maduro comenzó a participar en operaciones del narcotráfico y corrupción desde sus inicios en la administración venezolana. “Desde sus primeros días en el gobierno venezolano, Maduro Moros ha mancillado cada cargo público que ha ocupado”, señala. Y repasa los tiempos en que era miembro de la Asamblea Nacional en los que supuestamente, según el documento, “movía cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas del orden venezolanas”.
También cuando fue ministro de Relaciones Exteriores “proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela”.
Y ya como presidente en sustitución del fallecido Hugo Chávez, “permitió que florezca la corrupción alimentada por la cocaína para su propio beneficio, para el beneficio de los miembros de su régimen gobernante y para el beneficio de los miembros de su familia”.
Según la acusación, Maduro, antiguo conductor de omnibus y dirigente sindical del transporte, pasó a liderar una estructura dedicada al tráfico de drogas conocida como el Cartel de los Soles. El Departamento de Justicia no describe ese entramado como una organización criminal convencional, sino como un sistema de corrupción en el que élites políticas y militares se benefician del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. El nombre del cartel hace referencia a los distintivos en forma de sol que figuran en los uniformes de altos mandos militares venezolanos.
Cuando se anunciaron los cargos, el entonces fiscal general William P. Barr afirmó que el objetivo del Departamento de Justicia era erradicar la corrupción que afectaba al gobierno venezolano, al que describió como una estructura diseñada para enriquecer a quienes se encontraban en los niveles más altos del poder.
Maduro rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que Estados Unidos estaba dando órdenes para llenar Venezuela de violencia. Además de los cargos por conspiración de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, la imputación incluye delitos relacionados con la posesión de ametralladoras y la conspiración para poseerlas.
Entre los coimputados figuran también miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, designadas por Estados Unidos como organización terrorista extranjera. Según la acusación, las FARC fueron durante años uno de los mayores productores de cocaína del mundo y Maduro habría negociado directamente envíos de varias toneladas de droga producida por esa guerrilla.
El escrito judicial sostiene que Maduro ordenó que su cartel suministrara armas de grado militar a las FARC y que coordinó relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala. Según la acusación, alrededor de 1999, mientras las FARC participaban en supuestas negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, acordaron con dirigentes del Cartel de los Soles trasladar parte de sus operaciones a Venezuela.
Desde territorio venezolano, las FARC y el cartel habrían enviado cocaína procesada a Estados Unidos a través de puntos de trasbordo en el Caribe y Centroamérica. Para 2004, el Departamento de Estado de Estados Unidos estimaba que más de 250 toneladas de cocaína transitaban anualmente por Venezuela.
Los envíos se realizaban por mar desde la costa venezolana mediante lanchas rápidas, barcos pesqueros y buques de carga, y también por vía aérea desde pistas clandestinas. Venezuela, según los datos citados en la acusación, tiene una producción interna limitada de cocaína. En 2018, unas 1400 toneladas métricas de cocaína pasaron por Guatemala, una cifra muy superior a la atribuida a Venezuela.
Del diario ABC, España
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