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El Parlamento de Venezuela da el primer paso para aprobar la ley de amnistía para presos políticos
La Asamblea votó a favor de la primera lectura y ahora debe ser sometido a una segunda y definitiva discusión; el texto deja afuera a los acusados de varios delitos graves, y los especialistas temen que eso dé lugar a discrecionalidades
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LA NACION
CARACAS.– La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad la primera discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que presentó la presidenta interina Delcy Rodríguez.
Tras la primera aprobación, se espera una segunda y definitiva discusión. Dada la voluntad pública del chavismo en el Parlamento, presidido por Jorge Rodríguez, hermano de la mandataria, se da por descontado que se aprobará la ley.
El chavismo tiene mayoría absoluta en el Parlamento unicameral. Esta sería la segunda amnistía en la era del chavismo; la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.
Junto a esta aprobación, Jorge Rodríguez pidió perdón a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas durante el debate de la ley.
“Pedimos perdón y tenemos que perdonar también”, dijo Rodríguez, tras sostener una fotografía de Chávez con un crucifijo en mano. “Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”.
La amnistía incluye a los acusados por “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, es decir, los delitos que fueron imputados normalmente a los presos políticos. Va también desde la sublevación hasta los castigos por un mensaje en redes sociales o servicio de mensajería.
“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”, dice la exposición de motivos.
La ley excluirá sin embargo “violaciones graves” a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, unas excepciones que despiertan temores por la posibilidad de que dé lugar a discrecionalidades.
“Quedan excluidos de sus beneficios” delitos como “las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el homicidio intencional, la corrupción y el tráfico de drogas”, señala.
Expertos temen que el texto sea lo suficientemente vago como para caer en una discrecionalidad de la justicia, ya acusada de servir al chavismo.
La exclusión en todo caso responde -según el texto- a un “estricto acatamiento” de la Constitución venezolana, que ya prohíbe incluir este tipo de delitos en cualquier tipo de indulto o amnistía.
Por otro lado, el proyecto incluye la revocación de inhabilitaciones políticas, que podría beneficiar a la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, impedida de enfrentar al depuesto Nicolás Maduro en las elecciones de 2024.
“Quedarán sin efecto aquellas inhabilitaciones de aquellos funcionarios públicos por hechos ocurridos entre 1999 al 2026, cuando se establezca que no se cometió un hecho de corrupción o por inexactitudes que hayan sido subsanadas”, sostiene.
La “Ley de amnistía para la convivencia democrática” es una iniciativa de Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura del dictador Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La primera discusión abordó el espíritu general de la ley que antecede a una consulta con la sociedad civil previo al debate final artículo por artículo.
La presidenta interina, que trabaja en colaboración con Estados Unidos pese a su retórica bolivariana, anunció el viernes pasado una amnistía general que abarque los 27 años del chavismo en el poder y que implique la liberación masiva de dirigentes opositores, sindicalistas, periodistas, estudiantes y activistas de derechos humanos presos por motivos políticos.
Tras la captura de Maduro y la posterior asunción de Delcy Rodríguez, el régimen entregó control del petróleo y avanza en la reanudación de las relaciones con Estados Unidos, además de impulsar la amnistía.
Escepticismo
La propuesta de ley fue recibida con cautela por organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Foro Penal, una de las más prestigiosas del país sudamericano y que monitorea la situación de los presos.
El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, sostiene que la citada ley genera optimismo, pero pidió cautela y que “no sirva para crear un manto de impunidad por violaciones a los derechos humanos en el pasado”.
La Corte Penal Internacional (CPI) investiga posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro, desde 2017.
El proyecto de ley se discute además en medio de un lento proceso de excarcelación de centenares de presos políticos ordenado por Delcy Rodríguez el 8 de enero, bajo presión de Estados Unidos, y que además es cuestionado por su falta de transparencia.
Voceros del gobierno han dicho que ha liberado a casi 900 reclusos desde diciembre. Sin embargo, según cifras de Foro Penal, desde el 8 de enero hasta el miércoles a la mañana, solo se comprobó la excarcelación de 350 personas, mientras más de 600 permanecen detenidas por razones políticas.
El régimen ha negado que existan “presos políticos”, y a lo largo de los años ha acusado a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.
La ley de amnistía era una de las principales exigencias de la oposición y activistas por los derechos humanos, y Estados Unidos la respaldaba. Esa petición se acentuó especialmente tras la captura de Maduro.
Los años a considerar en el proyecto de ley incluyen el mandato de Hugo Chávez (1999-2013) y el de Maduro (2013-2026), su sucesor y heredero político.
¿Elecciones este año?
En una entrevista con Politico, Machado dijo que creía que puede haber elecciones a finales de este año. “Creemos que un proceso de transferencia real con votación manual (...) podría llevarse a cabo en nueve o diez meses”, señaló. “Pero, bueno, eso depende de cuándo se empiece”.
Machado, cuyo partido dijo que obtuvo el 70% de los votos en las elecciones de 2024 según las actas que recopiló y publicó su espacio, se reunió con el presidente Donald Trump y habló con su máximo representante diplomático y con legisladores estadounidenses el mes pasado.
“Tenemos un liderazgo legítimo con un enorme apoyo popular y nuestras fuerzas armadas también apoyan la transición a la democracia”, dijo en la entrevista.
Trump dijo en enero que estaba considerando “involucrar de alguna manera” a Machado, a pesar de que está trabajando en colaboración con Delcy Rodríguez. Machado dijo a Politico que aún no había hablado con Trump sobre el proceso electoral.
Agencias AFP, AP y Reuters
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