Máxima tensión: Lula desafía a la Justicia y se resiste a ser detenido

RÍO DE JANEIRO.- Brasil quedó anoche en un tenso punto muerto. En abierto desafío a la Justicia, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva no se entregó ayer por su propia voluntad en el plazo que le había dado el juez Sergio Moro para empezar a cumplir su condena a 12 años y un mes de cárcel por corrupción en Curitiba, y, blindado por una multitud de militantes, se quedó atrincherado en el sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo. La Policía Federal continuaba negociando las condiciones de una eventual detención con los interlocutores del candidato favorito para las elecciones de octubre.

En la región, los gobiernos de todos los países siguen con atención la evolución de la crisis y abrieron consultas.

La inédita situación generó desconcierto en la población de por sí ya muy polarizada. Tras varias horas de incertidumbre, repletas de versiones de información cruzada, al caer la noche, la Policía Federal anunció que no ejecutaría la orden de prisión de Lula y aclaró que mantenía las conversaciones con voceros del máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT) sobre cuándo y cómo se realizará la eventual detención, que podría demorarse hasta el lunes. La idea, se resaltó, es que ocurra de manera ordenada y pacífica para no generar riesgos ni al exmandatario ni a sus seguidores y opositores.

Para unos, fue una victoria simbólica festejada ruidosamente en las calles con los puños en alto; para otros, representó un vergonzoso retroceso de la Justicia luego de los avances de los últimos años que consiguió la operación Lava Jato al poner tras las rejas a poderosos políticos y empresarios.

"No hay por parte de Lula ningún incumplimiento de la orden de prisión del juez Moro. El magistrado le había dado la opción de presentarse ante la Policía Federal y él no la ejerció. Está aquí, en el sindicato de metalúrgicos, un lugar público. Todo el mundo sabe dónde está. Y aquí permanecerá junto a la militancia", explicó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann.

En todo momento Hoffman enfatizó el relato oficial del partido: Lula es víctima de una persecución política para evitar que gane los próximos comicios y vuelva al poder.

Afuera del sindicato, miles de simpatizantes coreaban "¡Lula, guerrero del pueblo brasileño!". Los militantes ondeaban banderas rojas, un estandarte con la imagen del Che Guevara, carteles en los que se leía "No a la prisión de Lula", "Elección sin Lula es fraude" y diversas consignas contra el juez Moro.

En julio del año pasado, en el marco del Lava Jato, Moro halló a Lula culpable de recibir de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario de Guarujá como soborno en especie por haber favorecido a la empresa con jugosos contratos con la estatal Petrobras durante su gobierno (2003-2010). El expresidente apeló la sentencia pero en enero de este año una corte de apelaciones en Porto Alegre no solo ratificó por unanimidad el fallo sino que amplió la pena original de nueve años y medio de prisión a 12 años y un mes.

Aunque la legislación electoral no permite que una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado pueda ser candidato a un cargo electivo (Ley de Ficha Limpia), el PT ha adelantado que en agosto registrará la candidatura de Lula para los comicios de octubre, esté libre o preso. Corresponderá entonces al Tribunal Superior Electoral (TSE) decidir si la impugna o acepta mientras se definen los recursos en las instancias penales superiores.

Anoche, muchos de los presentes frente a la sede del Sindicato de Metalúrgicos habían permanecido allí en vigilia desde la tarde anterior, cuando Lula llegó al lugar. Otros fueron transportados hasta allí con el correr de la tarde en ómnibuses del PT, organizaciones sindicales como la Central Única de Trabajadores (CUT) y grupos sociales aliados como el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST). Durante la jornada, miembros del MST habían protagonizado cortes de ruta en diversos estados pero no lograron motivar masivas protestas para paralizar el país, como hubiera deseado la dirigencia petista. Solo por la noche, hubo manifestaciones más espontáneas en las principales ciudades del país, en rechazo a la orden de detención del exmandatario.

Mientras el PT y sus socios aceitaban la maquinaria de movilización callejera que ha estado bastante débil últimamente, el equipo de defensa de Lula desplegó desesperados esfuerzos jurídicos para intentar evitar la detención de su cliente. Por la mañana, los letrados presentaron un recurso de habeas corpus preventivo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), pero fue negado así como sucedió el miércoles con la solicitud similar ante el Supremo Tribunal Federal (STF).

Para el mediodía, solicitaron la intervención del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, al alegar que en el juicio contra Lula se violaron principios básicos de defensa y presunción de inocencia. Ya al final de la tarde, recurrieron de nuevo al STF con un pedido de medida cautelar para que el expresidente pueda aguardar en libertad en tanto se resuelven las apelaciones a las instancias superiores; al cierre de esta edición, no había sido respondido.

"No habrá resistencia, pero Lula no irá al matadero de cabeza baja, de libre y espontánea voluntad", había resaltado uno de los abogados del expresidente, José Roberto Batochio.

Ya cuando Lula quede preso, su defensa podrá recurrir a nuevos habeas corpus por considerar su detención ilegal y un abuso de poder, a la vez que abriría el camino para apelar la condena en segunda instancia ante el STJ (recurso especial cuando se violan leyes federales) y ante el STF (recurso extraordinario por violación de principios y garantías constitucionales).

En tanto, en Curitiba, las autoridades locales habían preparado un esquema especial de seguridad para recibir a Lula en la Superintendencia de la Policía Federal. En su orden de detención, el juez Moro había especificado que debido a la dignidad del cargo que ocupó Lula bajo ninguna hipótesis los agentes federales deberán esposarlo. Con los nuevos acontecimientos, esa gentileza podría desaparecer, así como otros beneficios previstos.

Fue reacondicionada especialmente para Lula una sala-celda de 15 metros cuadrados en el cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba; posee una cama simple, una mesa y un armario además de un baño y dos pequeñas ventanas. Está aislada de las otras celdas del edificio, donde también se encuentran detenidos Antonio Palocci, exministro de Economía de Lula y exjefe de Gabinete de Dilma Rousseff, y el expresidentes de OAS Leo Pinheiro.

Otrora amigo íntimo de Lula, Pinheiro fue quien delató al expresidente por el caso del tríplex; reconoció ante la Justicia que aunque en los papeles el inmueble figuraba como propiedad de OAS, en realidad el dueño era Lula y que el exmandatario le había pedido destruir todas las pruebas hasta que pasara el escándalo.