Movilizan tropas en Bolivia tras las amenazas

LA PAZ.- El gobierno de Bolivia ordenó ayer la movilización de efectivos de la policía y el ejército a varias zonas rurales, con el propósito de evitar cortes en las rutas por parte de los campesinos, cuando faltan nueve días para la realización de un referéndum sobre la exportación de gas.

En medio de un alerta por las amenazas de boicotear la votación, unos 200 miembros de las fuerzas de seguridad se apostaron en las cercanías de Ayo Ayo, región situada a 87 kilómetros al sur de La Paz, donde el 15 de junio pasado un grupo de vecinos secuestró y asesinó al alcalde, al que acusaban de corrupción.

Desde esa fecha, los pobladores se declararon en rebeldía frente a las autoridades, que no pueden ingresar al lugar. La presencia policial y militar en la región "evitará las acciones vandálicas" con las que amenazan los habitantes de Ayo Ayo, entre ellas derribar las torres eléctricas y dañar el gasoducto y el oleoducto que pasan por la zona, informó el director de Prevención de Conflictos del Ministerio de Gobierno (Interior), Gregorio Lanza.

La movilización de efectivos policiales y militares se produce dos días después de que la poderosa Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), del líder aymara Felipe Quispe, ordenó boicotear la consulta y de que el Congreso aprobó una ley marco de referendo, promulgada luego por el presidente Carlos Mesa, que legaliza el referéndum.

Para garantizar la realización del referéndum, el gobierno también desplegó tropas en la población de Achacachi, en la provincia de Omasuyos, en Caracollo (Oruro), y en las rutas que unen a Bolivia con Perú y Chile.

Ante las advertencias de boicot de la Csutcb y de la Central Obrera Boliviana (COB), que exige la expropiación de las concesiones petroleras de empresas extranjeras, el presidente boliviano dijo que hará cumplir la ley para defender la celebración de la consulta prevista para el 18 de julio.

La figura de nacionalización, que implica necesariamente la expropiación, no está consignada en ninguna de las cinco preguntas de la consulta que defiende el gobernante. Mesa rechaza toda posibilidad de expropiar las concesiones de las petroleras.

Quispe lanzó un llamamiento al "desacato civil", a "resistir" contra el referéndum y ordenó a sus bases, los campesinos aymaras, etnia mayoritaria del país, a obstruirlo con "marchas, cabildos, bloqueos de rutas y la quema de urnas".

Otro frente de batalla

El otro frente de batalla para el presidente Mesa es la lucha para lograr que el voto para el referéndum del próximo 18 sea obligatorio, en un país donde la abstención histórica promedia el 35%. La ley que el Congreso aprobó el 7 de este mes establece que para que la consulta tenga validez deberá participar más del 50% de los empadronados.

Según el presidente del Senado, Hormando Vaca Díez, la reciente ley no obliga al sufragio. Pero el presidente del Tribunal Electoral, Oscar Hassenteufel, consideró que el voto es obligatorio "por mandato de la Constitución y de la ley electoral". Por su parte, el delegado presidencial Ricardo Paz dijo que el ejecutivo respalda ese criterio. La polémica será dirimida por el Tribunal Constitucional.

En tanto, Mesa promulgó ayer la ley de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, que, según el anuncio oficial, pone fin al monopolio de los partidos políticos en la representación ciudadana en las elecciones.

Según la norma, cualquier ciudadano que pretenda ser candidato en las próximas elecciones municipales (convocadas ayer para el 5 de diciembre de este año) sólo necesita acreditar, mediante firmas, que cuenta con el apoyo del 2% del total de los votos válidos en la última elección.

Por Agencias AP, AFP, EFE, ANSA

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