Muchos lamentos y pocas soluciones para un drama sin fin

Ana Carbajosa
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12 de octubre de 2013  

"¡Esto hay que pararlo! ¡Esto hay que pararlo!" La alcaldesa de la isla italiana de Lampedusa, Giusi Nicolini, desesperada ante la llegada a sus costas de bolsas llenas de cadáveres de inmigrantes, no encontraba, la semana pasada, consuelo.

Hoy después de las dos tragedias en el mar y más allá de condenas y lamentos no hay sobre la mesa soluciones capaces de salvar vidas y poner orden en la gestión de los flujos migratorios. En parte, porque no hay una receta única y mágica. Pero, también, porque lejos de exigir soluciones, los electorados sintonizan cada vez con mayor facilidad con los discursos antiinmigración que encumbraron a partidos extremistas en Europa en tiempos de crisis.

Por un lado están aquellos que exigen fronteras herméticamente cerradas, por otro los que solicitan mayor apertura para refugiados políticos e inmigrantes económicos. En lo único que hay verdadero consenso es en que las barreras físicas no bastan. Que el actual modelo no funciona. Y que, como dice Nicolini, algo hay que hacer.

Para Vittorio Longhi, autor de un libro titulado La guerra de la inmigración. Un movimiento global contra la discriminación y la explotación , entre una posición y otra hay mucho margen para mejorar. Sostiene que parte del problema se solventaría si se amplían los canales de emigración legal -ya sea ampliando los sectores laborales o a través de un mayor número en sectores ya existentes-, algo en lo que coinciden no pocos expertos.

"Hay que adecuar la demanda migratoria a las necesidades reales de los mercados laborales -dice Longhi-. Las cuotas de entrada podrían ser mayores en muchos países. La prueba es que los inmigrantes sin papeles encuentran empleo -ilegal y en condiciones terribles-, pero lo encuentran porque hay trabajo. El problema es que el debate migratorio ha estado dominado por la propaganda y la xenofobia. No es un debate sereno en el que se tenga en cuenta, por ejemplo, la aportación de los inmigrantes a la economía. Los políticos a menudo se limitan a tratar de demostrar a los votantes que hacen todo lo posible por evitar la entrada masiva de inmigrantes."

Un segmento extremo

Uno de esos políticos es Philip Claeys, europarlamentario del Vlaams Belang, partido de la extrema derecha belga, que, como muchas otras formaciones de la UE, forjó su identidad en el cierre de fronteras y el rechazo al inmigrante.

"La gente está harta. Los inmigrantes vienen de manera ilegal y se benefician de los servicios sociales. Inscriben a sus hijos en las escuelas, utilizan los hospitales y no se integran. No queremos más guetos en Europa", dice Claeys, para quien la solución es relativamente fácil.

Puede que Claeys represente a un segmento extremo del arco político europeo. Pero sus ideas y las de partidos como el suyo llevan años calando como una lluvia fina en el resto de formaciones, que ven cómo sus votantes se dejan seducir por el discurso antiinmigración.

Más allá de las grandes cuestiones filosóficas, si se cumplieran las leyes existentes y se modificaran ligeramente otras, la mejora sería sustancial, defiende Judith Sunderland, investigadora de Human Rights Watch para Europa Occidental.

"El derecho internacional del mar no se está cumpliendo. La obligación de socorro se interpreta de manera restrictiva y hay países como Italia en los que se penaliza a los patrones que ayudan o se les pone trabas para que desembarquen a los náufragos."

Otro de los pequeños cambios con una potencial de gran repercusión es, según Sunderland, la mejora de la reunificación familiar.

Muchos de los que se suben a las pateras son familiares de inmigrantes con papeles que en teoría tendrían derecho de emigrar, pero que, en la práctica, les resulta casi imposible hacerlo por medios legales. "En determinados países se les pide una vivienda, nómina, seguros?".

Sin seguridad

Luego están las leyes de asilo. Existe un cierto consenso acerca de la necesidad de garantizar a los que huyen de la guerra y las persecuciones un refugio seguro. El problema es que ni siquiera la seguridad de esas personas está resuelta. Algunos expertos defienden la necesidad de abrir oficinas en los países de origen para tramitar las solicitudes de asilo.

Y, por último, está el debate de la importancia de ir a las causas del problema. Hace años que gobiernos e instituciones cayeron en la cuenta de que la mejor manera de impedir que la gente tenga que emigrar es invertir en el desarrollo de los países de origen y evitar así que tengan que huir.

Sostienen los que creen que los esfuerzos deben centrarse en esta vía que, en realidad, la tendencia natural de las personas es la de vivir en su país, donde tienen a su familia y conocen el idioma; que deciden emigrar, sobre todo, por necesidad.

"Pero, claro, ésos son proyectos a largo plazo. Los países no se cambian de un día para otro", explica Sunderland. La ayuda financiera, además, resulta con frecuencia insuficiente en ausencia de cambios políticos en los países de origen.

Volker Turk, director de Protección Internacional de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados, cree que hay instrumentos legales, disposiciones y acuerdos marco más que suficientes a disposición de los gobiernos para lograr que la situación mejore. "Ahora lo que hace falta es ponerlas en marcha, y eso solo es posible con voluntad política y solidaridad."

Explica, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los 2,1 millones de refugiados sirios que escaparon de la guerra en los últimos dos años acabaron en países vecinos como Líbano, cuyas costuras amenazan con estallar. Europa apenas ha acogido a 60.000. "Necesitamos mucho más", asegura.

¿Agitará Lampedusa lo suficiente las conciencias como para lograr despertar la voluntad política y la solidaridad internacional? "Esperemos", dice con cierta resignación.

© EL PAÍS SL

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