Pinochet reconoce que hubo ejecuciones

SANTIAGO (AFP).- El ex gobernante de facto chileno Augusto Pinochet reconoció que hubo ejecuciones sumarias de presos políticos bajo su régimen (1973-1990), pero aseguró que ninguna de las muertes fue ordenada por él, informaron ayer periódicos de Santiago, citando declaraciones que formuló a un reducido número de periodistas.

Pinochet, de 82 años, ex comandante en jefe del ejército y ahora miembro vitalicio del Senado, se reunió el miércoles con cuatro periodistas destacados en la sede del Parlamento, en la ciudad de Valparaíso. Los reporteros debieron concurrir a la cita sin sus grabadores.

"No he construido hornos (crematorios) para nadie ni he asesinado a nadie", se defendió Pinochet cuando se tocó el tema de las violaciones de los derechos humanos bajo su régimen, según la versión de El Mercurio.

El ex presidente se enfrenta desde fines de 1997 a diez querellas judiciales presentadas por el Partido Comunista y parientes de fusilados y disidentes detenidos desaparecidos.

"Me achacan todo lo de (el general Manuel) Contreras" (el ex jefe de la DINA, la temida policía secreta de la dictadura), comentó Pinochet sobre los juicios, informó por su parte el diario La Tercera, citando a uno de los participantes en la entrevista. Contreras fue condenado en 1995 a siete años de cárcel.

Sin embargo, el ex presidente admitió que una fosa clandestina descubierta hace siete años en la Pisagua (al norte del país) corresponde a simpatizantes del derrocado mandatario socialista Salvador Allende (1970-1973), que fueron fusilados al instalarse el gobierno militar.

Fueron ejecuciones decretadas en "juicios de tiempos de guerra interna contra personas que participaron en la formación de guerrillas", explicó el senador vitalicio, dijeron las versiones periodísticas.

Los ejecutados fueron sepultados en el exterior del cementerio local, como lo dispone el reglamento militar, precisó Pinochet en la conversación.

El ex dictador desmintió responsabilidades personales en los fusilamientos atribuidos a la llamada "caravana de la muerte", un grupo militar de élite que encabezó el ex general Sergio Arellano y que recorrió provincias para decidir la suerte de opositores encarcelados en los primeros meses de la dictadura.

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