Protestan los catalanes, ganan los vascos
En medio de la crisis separatista, el gobierno de Rajoy aprobará un beneficio económico extraordinario para el País Vasco, gobernado por los nacionalistas moderados
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LA NACIONMartín Rodríguez Yebra
MADRID.- En silencio, sin protestas estridentes y desde hace años sin violencia armada, el País Vasco construye con habilidad política su versión realista de la independencia dentro de un país europeo.
Mientras los catalanes ven cómo se resquebraja su economía a raíz de su carrera sin brújula hacia la república, los vascos usan las herramientas de la negociación para multiplicar sus ingresos, perfeccionar su estado de bienestar y depender cada vez menos de lo que se decida en Madrid.
La evidencia saltó a la luz esta semana cuando el Congreso se dispone a aprobar la ley del denominado “cupo vasco”, es decir lo que esta comunidad autónoma le gira a España por los servicios que el Estado presta en sus tres provincias.
Urgido de votos para aprobar los presupuestos, el conservador Mariano Rajoy pactó con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna la región, la devolución a lo largo de cinco años de 1400 millones de euros en teoría mal liquidados, por lo que su aporte al Tesoro nacional será el menor en décadas, en un contexto de aumento constante de los ingresos.
De esa manera, los vascos potenciarán como nunca una ventaja reconocida en la Constitución: Euskadi y Navarra son las únicas comunidades autónomas que recaudan todos los impuestos generados en su territorio y después mandan a Madrid una cantidad establecida por ley. Es un beneficio basado en fueros centenarios que se decidió mantener en el ordenamiento jurídico de la democracia en momentos en que arreciaba el terrorismo de ETA. En el resto de las regiones es la Agencia Tributaria la que recauda los principales impuestos (IVA, sociedades, ganancias) y después devuelve porcentajes por vía de coparticipación.
Los catalanes siempre soñaron con una soberanía impositiva por el estilo. El proceso independentista nació después de que en 2012 el president Artur Mas fracasó en su intento de convencer a Rajoy de cambiar la relación fiscal con el Estado.
Ningún gobierno central aceptó abrir esa discusión. Los vascos son poco más de 2 millones de habitantes y concentran el 5% de la economía del país. Cataluña ronda el 20% del PBI español y sin su aporte (al igual que el de la Comunidad de Madrid y en menor medida Baleares y Valencia) sería imposible sostener los servicios públicos en las provincias más pobres.
Rajoy, que gobierna en minoría desde el año pasado, tenía una prueba vital para su administración: aprobar los presupuestos. Junto con sus aliados Ciudadanos y Coalición Canaria suma 171 diputados. Le faltan cinco para la mayoría. El PNV tiene…cinco bancas en el Congreso.
El pacto por el cupo para los próximos cinco años le garantiza al País Vasco, según los expertos, convertirse en receptor directo de fondos. Lo que aportaría a las arcas generales es menor a lo que recibirá en concepto de devolución de IVA a raíz de lo que las empresas vascas facturan por sus negocios en el resto de España.
Los presidentes autonómicos alzan la voz para quejarse. También Ciudadanos denuncia una “intolerable” desigualdad fiscal. Rajoy avanzará igual: la ley del cupo se votará mañana por lectura única (trámite de urgencia, sin posibilidad de enmiendas y casi sin debate). Igual que se hizo en Barcelona con las leyes de ruptura consideradas ilegales.
Los socialistas apoyan el plan porque son aliados del PNV en Euskadi. Y Podemos -defensor a ultranza de toda descentralización- tampoco se opone.
El presidente vasco, Íñigo Urkullu, celebra. Es un nacionalista que supo leer el signo de los tiempos. Llegó al poder después de un intento soberanista fallido de su propio partido -liderado entonces por Juan José Ibarretxe. Él decidió enfocarse en la gestión y relegar las reivindicaciones identitarias.
Hoy el País Vasco tiene un PBI per cápita de 31.805 euros, el segundo más alto del país. Casi el doble que el de Extremadura. Es la región con menos desempleo (11%) y con mejores servicios públicos. Sus habitantes pagan los mismos impuestos que los demás españoles, pero casi no contribuyen al modelo distributivo de la financiación autonómica. Y ETA -por suerte- ya no mata.
El PNV, que en 1978 no apoyó la Constitución que tanto benefició a su tierra, administra este auge económico con un discurso moderado. Defiende sin dejarse la vida en ello el derecho a decidir el estatus político de Euskadi, pero sin promover ninguna vía unilateral. En el conflicto catalán, Urkullu intentó sin éxito ser mediador. Pese a las complicidades con Puigdemont y compañía, ni él ni su partido reconocieron la proclamada república.
A la independencia no renunciarán nunca. Pero para ellos es como el paraíso de los cristianos: un lugar soñado al que mejor no llegar todavía.
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