Reclaman investigar la muerte del capitán naval venezolano
El Grupo de Lima lo definió como un asesinato; el chavismo afirma que era conspirador
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
La muerte violenta del capitán naval Rafael Acosta Arévalo, con evidentes signos de tortura tras permanecer detenido siete días en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), provocó conmoción en buena parte del país, rechazo por todo el continente y el reclamo de justicia.
Tanto dentro como fuera se exige la puesta en marcha de una investigación internacional, con el objetivo de que no se repita el cerrojo impuesto por la revolución tras el "suicidio" del concejal opositor Fernando Albán, cuyo cuerpo cayó el año pasado desde un décimo piso cuando permanecía detenido por la policía política.
El trágico desenlace, un "asesinato" para el Grupo de Lima, también ha confirmado las constantes denuncias de maltratos y torturas que sufren los militares que caen en manos de las fuerzas gubernamentales, según familiares y organizaciones de derechos humanos. Las Naciones Unidas y Amnistía Internacional habían recogido previamente, en distintos informes, esta práctica reiterada en los calabozos de la revolución.
El gobierno de Nicolás Maduro se ha visto forzado a abrir una supuesta investigación tras caer en un circo de contradicciones y justificaciones, parecidas a aquellas en las que ya incurrieron el año pasado con el caso Albán. "El que ha cometido un crimen no puede investigarse a sí mismo", respondió Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal. Luisa Ortega, fiscal rebelde exiliada en Bogotá, ha puesto en marcha su propia averiguación para el esclarecimiento de la muerte "por torturas durante su arbitraria detención en la Dgcim".
El relato de los testigos que presenciaron la llegada el viernes del capitán al tribunal militar con cinco días de retraso (la ley establece que debe ser presentado en 48 horas) refleja el deterioro físico del capitán de corbeta, que se desmayó en plena audiencia: llegó en silla de ruedas, con los ojos morados, restos de sangre en las uñas, con hematomas y excoriaciones en el cuerpo, casi sin poder articular palabra, golpeado fuertemente en la cabeza.
Un hombre roto que intentó pedir auxilio y que aseguró, moviendo el cuello, que estaba sufriendo torturas. Tan grave era su estado que el juez ordenó trasladarlo a un hospital de Fuerte Tiuna. Pocas horas después falleció en ese mismo centro médico.
El gobierno señaló a Acosta como integrante de un plan para derrocar a Maduro, que también contemplaba su asesinato. Y a eso se ha aferrado para justificar que "toda esta investigación se ha realizado con respeto absoluto al debido proceso y a los derechos humanos". En su comunicado, el gobierno asegura que Acosta estaba imputado, algo falso ya que ni siquiera se pudo llevar a cabo la audiencia previa dado su estado agonizante.
"Doloroso y aberrante asesinato a manos de los carniceros de Maduro", se unió a la denuncia el general Manuel Cristopher Figuera, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) hasta el 30 de abril. Figuera compartió tareas de inteligencia con el actual director de la Dgcim, el general Iván Hernández Dala, contra quien se dirigen todos los dedos acusadores. Más allá de estar al frente de la contrainteligencia, Hernández Dala es un colaborador estrecho y fundamental para Maduro como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y jefe de la Casa Militar.
Los sótanos de la Dgcim son señalados como un auténtico museo de los horrores. La OEA presentó en marzo videos inéditos obtenidos por el teniente Ronald Dugarte, quien formó parte de la contrainteligencia. Varios militares permanecían en los calabozos con las manos amarradas detrás de la espalda, con vendas en los ojos, bolsas para los excrementos, incluso uno de ellos guardaba su orina llena de sangre. "Los tratan como si fueran animales", confirmó el teniente.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, escuchó durante su viaje a Caracas el relato escalofriante de Sandra Hernández, mujer del sargento Luis Bandrés: "Lo colgaban de los pies hasta que se desmayaba (al menos 10 veces), luego lo electrocutaban para despertarlo. Le arrancaron la piel de sus manos y perdió la sensibilidad. Le colocaban una bolsa para asfixiarlo y gas lacrimógeno. Intentaron violarlo con un palo. Le abrían las piernas y le golpeaban los testículos. Le golpeaban tanto que se defecaba y le obligaban a comerse sus heces, cosa que era imposible y vomitaba".
Los torturadores de la Dgcim pretendían que el sargento grabase un video para acusar a Juan Guaidó, presidente encargado.
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