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Un "rojito" vinculado con las altas esferas del poder
Liza López Para LA NACION
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CARACAS.– Es, en estos momentos, el personaje más buscado por la justicia española. Algunos vascos que viven en la capital venezolana lo describen como afable, dicharachero y "rojo rojito", como llaman coloquialmente a los chavistas. Les cuesta creer que sea un personaje tenebroso capaz de organizar una operación terrorista.
Arturo Cubillas, el vasco-venezolano acusado de ser el cabecilla de la ETA en Venezuela y coordinador de las alianzas con las FARC, trabaja desde hace más de cinco años para el gobierno venezolano. Uno de los primeros cargos que lo vinculó con la gestión de Hugo Chávez fue el que ocupó en 2005 en la oficina de administración del Ministerio de Agricultura y Tierras.
Tres años después, en 2008, fue contratado como jefe de seguridad en otro organismo adscrito a ese ministerio, el Instituto Nacional de Tierras, el ente que se ocupa de las expropiaciones que ordena el presidente.
Estos lazos con la gestión chavista no son secretos, como tampoco es la vinculación de su entorno familiar con las altas esferas del gobierno: su esposa, Goizeder Odriozola, una venezolana de origen vasco, es la mano derecha del vicepresidente Elías Jaua y además es jefa de prensa del Ministerio de Agricultura.
No es la primera vez que Cubillas se ve envuelto en una polémica: ha protagonizado en los últimos 20 años tres episodios en los cuales se lo ha ligado con la organización terrorista vasca ETA.
Las FARC
Pero el capítulo más contundente fue la acusación que presentó en marzo pasado el juez español Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal de España. El juez afirmó tener indicios que vinculaban a Cubillas no sólo con ETA sino con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El magistrado imputó en marzo a seis presuntos etarras y a siete miembros de la guerrilla colombiana por pedir apoyo a ETA para lanzar un atentado contra el ex presidente Alvaro Uribe y su antecesor Andrés Pastrana. Velasco acusó también al gobierno venezolano de ser partícipe en la "ilícita colaboración entre las FARC y ETA".
Arturo Cubillas aparece en el auto de detención vinculado con distintos delitos, entre ellos ser cabecilla de los etarras en Venezuela y enlace con las FARC desde hace más de seis años.
En la lista de delitos figuran: organizar desde 2002 cursos de adiestramiento entre ETA y las FARC para la fabricación de explosivos, coordinar en 2004 a través de Rodrigo Granda (el llamado canciller de las FARC) una reunión entre Raúl Reyes y ETA, y gestionar en 2007 otro curso de manejo de explosivos en la región fronteriza.
El campamento de Reyes
Parte de las evidencias que expuso Velasco se extrajeron de la computadora del ex número dos de las FARC, Raúl Reyes, incautada en marzo de 2008 en el campamento bombardeado por el ejército colombiano en Ecuador.
El juez ordenó hace siete meses la búsqueda y captura de Cubillas y de los otros 12 imputados, incluido Rodrigo Granda. Afirmó entonces que para todos solicitaría la extradición.
Desde 2002, la justicia de España ha tratado de capturar a Cubillas en Caracas para acusarlo formalmente de tres asesinatos ocurridos en 1984 y 1985 en España.
Después de México, tradicional refugio de ETA, Venezuela es el país latinoamericano donde reside el mayor número de etarras y ex etarras. Según las autoridades españolas, más de 30 miembros de la organización viven en este país.
En la comunidad vasca de Venezuela, los Cubillas-Odriozola tienen reputación de ser un matrimonio estable. Se casaron hace 20 años en el centro Vasco de Caracas y quien los casó fue Aristóbulo Iztúriz, entonces alcalde capitalino y hoy diputado electo por la agrupación de Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Cubillas llegó a Caracas en mayo de 1989 junto con otros 10 etarras deportados de Argelia, después de un acuerdo entre los presidentes Felipe González y Carlos Andrés Pérez. De 45 años, trabajó en varios restaurantes caraqueños, entre ellos Oker’s, local que lleva el nombre del comando de ETA al que pertenecía en España, y al que se le atribuyen los tres asesinatos.
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