Una decisión desprolija, pero constitucional

Carlos Gervasoni
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24 de junio de 2012  

Apenas consumada la destitución de Fernando Lugo como presidente del Paraguay, la cuestión ya había sido ampliamente interpretada en términos de "crisis de la democracia" y hasta de "golpe de Estado", expresión usada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (e, irónicamente, por el presidente Hugo Chávez, un ex militar golpista).

Los países del Mercosur y buena parte (pero no todos) de los de América del Sur acompañaron esta interpretación de los hechos y amenazaron con aplicar las cláusulas democráticas de las instituciones regionales.

La situación paraguaya es demasiado grave como para analizarla sobre la base de eslóganes o comparaciones apresuradas (por ejemplo, con los hechos ocurridos en Honduras, en 2009, o en Venezuela, en 2002). Los líderes regionales que recurren al paradigma interpretativo golpista deberían evitar repetir el apresuramiento que, razonablemente, les atribuyen a los legisladores paraguayos. Se requieren decisiones basadas en hechos y en potenciales consecuencias.

Fernando Lugo fue destituido por el Congreso -un poder de gobierno elegido democráticamente- mediante un juicio político, procedimiento previsto en la Constitución paraguaya. El artículo 225 permite a la Cámara de Diputados acusar al presidente con una mayoría de dos tercios y al Senado declarar su culpabilidad por una mayoría absoluta de dos tercios.

Estas mayorías agravadas fueron ampliamente superadas: el 95% de los diputados y el 87% de los senadores apoyaron el procedimiento de destitución, lo que reveló un altísimo nivel de consenso político (lo cual no excusa la inusual e imprudente, pero prima facie no ilegal, celeridad del proceso). Lugo fue sucedido, siguiendo el mandato constitucional, por su vicepresidente. Finalmente, debe recordarse que el proceso se originó en un gravísimo hecho: la muerte de 17 personas durante un enfrentamiento armado entre campesinos y policías por el desalojo de tierras ocupadas.

Debería también tenerse en cuenta la reveladora actitud del principal afectado: Lugo expresó el día antes de su destitución que se sometía "con obediencia a la Constitución" y "a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias", y luego acató su condena, criticando pero aceptando "la decisión del Congreso".

La democracia es un conjunto de procedimientos, no de resultados. A veces esos procedimientos producen resultados que nos caen antipáticos. La diplomacia sudamericana que opera en Asunción corre el riesgo de debilitar la democracia en nombre de la democracia. Cuando faltan diez meses para las próximas elecciones presidenciales en Paraguay, parece más adecuado centrar la acción en asegurar una legal y pacífica transición hasta allí que en cuestionar la decisión indudablemente desprolija y apresurada, pero constitucional y abrumadoramente mayoritaria, de un poder democráticamente electo.

La joven y frágil democracia paraguaya difícilmente pueda prosperar tironeada entre sus decisiones domésticas soberanas y la presión de los muchos y comparativamente poderosos Estados que la rodean.

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