Una guerra interna en la Justicia de Brasil sacude la campaña a un mes de las elecciones

BRASILIA.– A cuatro semanas de las elecciones, el epicentro de la política brasileña no está en los actos de campaña sino en la Plaza de los Tres Poderes. Dos jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) se acusan mutuamente de conductas delictivas, el procurador general pide anular una investigación de la Policía Federal (PF) y el presidente de la Corte intenta contener una fractura que salpica al presidente Luiz Inacio Lula da Silva y a su principal adversario, el senador Flavio Bolsonaro.

El detonante son las derivaciones del caso Banco Master, la entidad liquidada en noviembre de 2025 cuyo exdueño, Daniel Vorcaro, está preso por el mayor fraude bancario de la historia brasileña y tejió una red de contactos que alcanza a jueces, autoridades y dirigentes de todo el arco político.

“Es una crisis que no es de derecha, ni de izquierda, ni de centro: es una crisis del sistema político brasileño como un todo, y genera un impacto considerable en el humor del elector”, dijo a LA NACION Murilo Medeiros, politólogo de la Universidad de Brasilia.

Esta semana, el juez André Mendonça –designado por Bolsonaro y relator del caso desde febrero– levantó el secreto de un informe de la PF de 218 páginas sobre mensajes hallados en el celular del banquero. El documento muestra que Vorcaro le preguntó al juez Alexandre de Moraes si debía salir del país dos días antes de su detención y le pidió interceder ante el procurador general, Paulo Gonet, y el jefe de la PF, Andrei Rodrigues.

La PF detectó además que borradores de contratos por 131 millones de reales (unos 25 millones de dólares) entre empresas de Vorcaro y el estudio de la esposa del juez, Viviane Barci de Moraes, fueron modificados antes de la firma por un usuario identificado como “Ministro Alexandre de Moraes”.

El juez que quedó en el centro de la tormenta no es cualquiera. Moraes, considerado por muchos el más poderoso de Brasil, condujo los procesos por el intento de golpe del 8 de enero de 2023 y fue el relator de la causa que terminó con la condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión. Para el bolsonarismo es su enemigo principal -Javier Milei lo llamó “basura calva” en un acto de campaña de Flavio en San Pablo-, pero los cuestionamientos por abuso de autoridad y concentración de poder en su gabinete llegan también desde el mundo jurídico y no solo desde la ultraderecha.

Los mensajes revelados esta semana muestran un trato frecuente, en el que el banquero le pedía a Moraes consejos e información. Las respuestas no se conservan: buena parte de la conversación usaba la visualización única de WhatsApp. Moraes niega irregularidades y sostiene que los informes de su colega deben analizarse a la luz de las reglas procesales.

Pero su respuesta no fue declarativa. El juez le pidió al presidente del tribunal, Edson Fachin, que se investigue a Mendonça por improbidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad. Lo acusa de romper la imparcialidad judicial para favorecer a “determinados grupos políticos”. Se apoyó en informes de inteligencia que él mismo le encargó a la PF y que sus críticos califican de apócrifos, porque no están firmados.

Moraes no fue el único en reaccionar: la PGR pidió la extinción del procedimiento abierto por Mendonça y cuestionó cómo se obtuvieron esas informaciones. Gonet tiene un interés propio en el expediente: también aparece mencionado en los mensajes de Vorcaro, y el Consejo Superior del Ministerio Público abrió esta semana un procedimiento para analizar esas citas.

Lo que está en juego excede a los protagonistas. “Mendonça concentra prácticamente todo el arsenal electoral del país”, advirtió Medeiros, quien apuntó que además del Master, tiene bajo su relatoría las investigaciones por desvíos en el Instituto Nacional del Seguro Social y la causa que salpica por corrupción y tráfico de influencias a Lulinha, el hijo del presidente.

Fachin intentó ordenar el incendio, en medio de la crisis intestina. Abrió un procedimiento propio en la presidencia y concentró allí los dos frentes: las acusaciones contra Moraes y las que este formuló contra Mendonça. Dio cinco días a los involucrados para explicarse y endureció el tono: ninguna autoridad está por encima de la Constitución, dijo, y la respuesta será “firme, proporcional y rigurosa”. “No habrá precipitación, pero tampoco omisión”.

Para el Partido de los Trabajadores (PT), la crisis no pudo llegar en peor momento, admitieron a LA NACION fuentes de la campaña oficialista. Buena parte del electorado identifica a Moraes como el escudo institucional del mandatario, y el temor del gobierno es que el choque entre jueces reactive el sentimiento “anti STF” en la sociedad.

La asociación del Ejecutivo con el juez tiene varias aristas. Moraes presidía el Tribunal Superior Electoral que declaró inelegible a Bolsonaro en 2023, y Lula convirtió el levantamiento de las sanciones que Washington le impuso en 2025 a Moraes y otras autoridades en una condición de su negociación con Donald Trump.

Frente a esta crisis, Lula rompió el silencio con un video grabado en su despacho. Definió la trama del Master como “el mayor robo de la historia de Brasil” y pidió investigar “sin blindaje para nadie, caiga quien caiga”.

La crisis estalló en la víspera del acto más importante del calendario bolsonarista: la movilización que Flavio convocó para el lunes, feriado del 7 de septiembre, en la avenida Paulista de San Pablo, con una consigna nueva: “Fuera Lula, Fuera Moraes”.

“Va a ser una señal de alerta, pero también un medidor de la capacidad de ese discurso antiinstituciones de generar movimiento político”, sostuvo Creomar de Souza, socio fundador de la consultora Dharma en Brasilia.

Según el Datafolha difundido esta semana, Lula conserva ventaja en la primera vuelta (38% contra 33%), pero el balotaje exhibe un empate técnico: 46% a 44%, dentro del margen de error. El sondeo registró además la irrupción del médico y escritor Augusto Cury, que trepó de 2% a 8%. El trabajo de campo se hizo antes de que Moraes contraatacara.

“Los datos todavía no capturan toda la intensidad del momento”, advirtió De Souza. Antes del estallido, Flávio venía perdiendo tracción frente a Cury.

Su hipótesis apunta a un segmento preciso, el votante evangélico moderado, que rechaza a Lula pero tampoco se entusiasma con Flavio. El viernes, Mendonça grabó un video que no dirigió a los brasileños en general sino a sus “hermanos y hermanas” de iglesia, para agradecer las oraciones y el apoyo recibido.

“No agradece a todos los ciudadanos: agradece a sus hermanos de iglesia, y eso crea un vínculo de pertenencia”, interpretó De Souza. Ahí ubica el costo real para Lula en esta crisis, en un electorado al que le cuesta llegar y que, si vota a Cury, tendería a inclinarse por Flavio en un eventual balotaje el 25 de octubre, pese a que el barro alcanza a los dos polos.

En mayo, The Intercept difundió un audio en el que Flavio le reclama a Vorcaro las cuotas atrasadas de un aporte de 24 millones de dólares para producir Dark Horse, la película biográfica sobre su padre. Para De Souza, ahí está la ventaja real del opositor, y no es directa. Mientras el país habla del Supremo, no habla de ese audio.

“Esta elección también va a ser una disputa sobre el equilibrio entre los poderes”, sostuvo Medeiros, en relación a la crisis actual. Si el Supremo no encara una reforma mínima, advirtió, “las urnas la van a hacer” promoviendo candidatos que apuesten por destituir jueces.

Puertas adentro, sin embargo, la salida más probable no es el castigo sino la contención. Concentrar los dos expedientes en manos del presidente de la corte es, para De Souza, lo máximo que el tribunal puede dar hoy. “¿Alcanza? Probablemente no. ¿Es lo posible? Probablemente sí”, resumió.

A cuatro semanas de la primera vuelta, Brasil votará en medio de lo que ya se define como una crisis sin precedentes en la historia de la República, con el árbitro para dirimir diferencias del sistema convertido en parte. Lo que empezó como una investigación sobre un banco quebrado puede terminar inclinando una elección.

Por Marcelo Silva de Sousa

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