Venezuela: hallan asesinados a los mineros
La fiscal general confirmó la aparición de los primeros cadáveres de los jóvenes que habían desaparecido en la Gran Sabana hace diez días; el gobierno de Nicolás Maduro negó en un principio que se tratara de una matanza
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PARA LA NACIONDaniel Lozano
CARACAS.- "Informo al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo." Luisa Ortega, fiscal general de la república, usó su cuenta en Twitter para informar a Venezuela el hallazgo de los primeros cuerpos de los jóvenes mineros desaparecidos en la Gran Sabana venezolana, muy cerca de la frontera con Brasil. La misma red social utilizada por el gobernador chavista de Bolívar, Francisco Rangel, para asegurar hace una semana que la "falsa" masacre fue un invento de la derecha opositora para "generar zozobra" y conspirar contra la revolución a través de las herramientas digitales.
Pero el sol no se puede tapar con un dedo, ni siquiera en Venezuela. "Localizamos el sitio donde están los restos, selva adentro. Han sacado cuatro cadáveres, no sabemos si todos están ahí", añadió Ortega más tarde en una entrevista.
"Es casi seguro que son 21 desaparecidos, 18 identificados por parte de denuncias de sus familiares y otros tres que hemos identificado nosotros", matizó la fiscal, que criticó suavemente que "los funcionarios se precipitaran" al negar las denuncias de familiares y diputados opositores.
El diario regional El Correo del Caroní añadió que los cuerpos yacían en la mina Hoja de Lata, escondite habitual de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, alias el Topo, el principal sospechoso, sobre el que pesa una orden de detención. Su lugarteniente, Rosa Gil, ya está en manos de la policía. Previamente las fuerzas de seguridad habían decomisado un camión de volteo azul, donde creen que se transportaron los cuerpos y en donde fueron hallados restos de sangre. A todos los familiares se les tomó muestras de ADN, que van a ser cotejadas a partir de ahora.
La "masacre", como la denominan en la zona, fue el viernes 4 de marzo. Varios sobrevivientes alertaron que la banda del Topo había disparado contra grupos de mineros ilegales en el yacimiento aurífero de Atenas, recién descubierto.
En los relatos, estremecedores, se mezclaban fusilamientos, descuartizamientos y el traslado de los cuerpos a lugares desconocidos. Incluso uno de ellos relató cómo dos hermanas del pueblo, las cocineras de la mina, también perdieron la vida a manos de los delincuentes.
Un día después, los familiares bloquearon la ruta que pasa por su municipio, decididos a hacerse escuchar. El diputado opositor Américo de Grazia y el alcalde, Carlos Chancellor, ambos militantes de la causa revolucionaria, se sumaron a la denuncia.
La llegada de los periodistas neutralizó cualquier intento de Rangel, uno de los militares más poderosos del país, de lanzar cortinas de humo en torno a unos hechos violentos en los que los mismos familiares han involucrado a agentes policiales.
La fiscal no desecha su participación o la del Servicio de Inteligencia Bolivariano (Sebin), también citados por los familiares. "Todo eso forma parte de la investigación penal, nada de eso se descarta. Tienes que incluir todo y después irás descartando", afirmó.
En 2006, un grupo de militares asesinó a siete mineros en La Paragua, una zona cercana. Sólo fueron condenados a cinco y tres años de cárcel. La "desaparición" del Estado, la participación de funcionarios públicos, la proliferación de mafias locales, la violencia desmedida y la reacción lenta y torpe de las autoridades son algunas de las características que han unido este caso con el de la mexicana Ayotzinapa, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes secundarios.
"Todo parece indicar que fueron paramilitares", concluyó por su cuenta Nicolás Maduro el martes pasado, volviendo a la clásica retórica revolucionaria. El presidente anunció la creación de una zona militar para "proteger" el territorio en conflicto.
"El Estado quiere hacer justicia", insistió la fiscal en su alocución, para que nadie creyera lo contrario. No obstante, Diosdado Cabello, ex presidente de la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aprovechó para arremeter contra "los que siempre van a montar un show mediático. Es lamentable que haya gente que quiera sacar beneficio de la muerte de un ser humano", se defendió Cabello, uno de los grandes aliados de Rangel. "Los culpables tienen que pagar, llámense como se llamen", añadió.
"Dolorosamente teníamos razón", señaló ayer el diputado De Grazia, quien además preside la comisión de investigación puesta en marcha por la AN. El Parlamento decidirá hoy si finalmente interpela al gobernador Rangel, que fue duramente criticado en su estado por no haber viajado hasta Tumeremo en los 11 días de crisis. En cambio, el dirigente revolucionario sí hizo acto de presencia en la marcha antiimperialista del sábado en Caracas.
"Rangel debe renunciar por mentiroso e irresponsable. Nunca les dio la cara a los familiares de estos mineros", reclamó la diputada Olivia Lozano. "No podemos aceptar a una fuerza armada que permite la permanencia impune de bandas criminales controlando unas minas que deberían estar en manos del Estado venezolano", concluyó.
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