No solo por narcotráfico: cuántos años de cárcel podría pasar Nicolás Maduro en Estados Unidos y de qué se le acusa

El futuro judicial del exmandatario venezolano Nicolás Maduro en Estados Unidos se vuelve cada vez más incierto y complejo. A más de dos meses de su captura en un operativo militar sorpresa, el dirigente enfrenta una batería de acusaciones federales que podrían derivar en penas extremadamente severas.

Según informó Reuters, Maduro regresa este jueves 26 de marzo a un tribunal federal en Manhattan, en lo que constituye su segunda comparecencia judicial desde que fue trasladado a territorio estadounidense tras su captura el 3 de enero en Caracas.

En esta audiencia, el exlíder buscará que se desestimen los cargos en su contra, al argumentar que las sanciones impuestas por Washington le impiden acceder a una defensa legal adecuada.

El punto central del reclamo radica en que el gobierno venezolano no puede cubrir los honorarios de sus abogados debido a las restricciones financieras impuestas por Estados Unidos. Tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, sostienen que esto vulnera su derecho constitucional a elegir libremente su representación legal, tal como lo establece la Sexta Enmienda.

Ambos se declararon inocentes y permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn a la espera de juicio. La disputa por los honorarios legales generó incluso la amenaza de renuncia por parte de su abogado principal, quien advirtió que no podrá continuar si no se resuelve el financiamiento de su defensa.

Las imputaciones contra Maduro incluyen delitos graves como narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación ilícita.

El cargo de narcoterrorismo es particularmente relevante, ya que implica que el tráfico de estupefacientes habría tenido como objetivo financiar actividades consideradas terroristas por Estados Unidos.

Este delito, creado hace dos décadas, contempla penas máximas que pueden llegar a la cadena perpetua. De hecho, las autoridades estadounidenses sostienen que, en caso de ser hallado culpable, Maduro podría enfrentar una condena de por vida.

Los fiscales acusan al exmandatario de liderar una red que facilitaba el envío de cocaína hacia Estados Unidos, en coordinación con otros actores, entre ellos miembros de la extinta guerrilla colombiana de las FARC, organización que durante años fue catalogada como terrorista por Washington.

El caso se apoya en la idea de que altos funcionarios del gobierno venezolano habrían utilizado estructuras estatales para permitir el tránsito de drogas, lo que convierte las acusaciones en un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos.

Desde CNN remarcan que la defensa de Maduro no solo apunta a cuestionar las pruebas, sino también la legalidad del proceso en sí. Sus abogados sostienen que la imposibilidad de utilizar fondos estatales venezolanos —bloqueados por sanciones— limita gravemente su capacidad de enfrentar las acusaciones.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), había otorgado inicialmente una licencia para que el gobierno venezolano cubriera los gastos legales, pero posteriormente la revocó, y calificó esa autorización como un “error administrativo”. Esta decisión es uno de los ejes del conflicto judicial actual.

CNN detalla que los fiscales fueron claros al respecto: las regulaciones prohíben que una entidad sancionada financie la defensa de otra persona también sancionada. En ese contexto, sostienen que Maduro aún puede recurrir a fondos personales o, en su defecto, acceder a un defensor público designado por el tribunal.