Venezuela: quiénes eran los dos periodistas asesinados
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LA NACION
CARACAS.- Un periodista y el hijo del dueño de un medio comunitario fueron asesinados el viernes en Venezuela en una supuesta ejecución perpetrada por miembros de un cuerpo de elite de la policía nacional, según informó ayer la Fiscalía General de Venezuela que abrió una investigación.
El popular comunicador Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, hijo del dueño de la televisora pro oficialista La Guacamaya TV, murieron el 21 de agosto en una "presunta ejecución extrajudicial" en el poblado occidental de Cabimas, en el estado de Zulia, indicó el fiscal general Tarek William Saab.
"Ante presunta ejecución extrajudicial — a manos de funcionarios del FAES — de los ciudadanos Andrés Eloy Zacarías y Víctor Torres, designamos (...) al Fiscal 45 de Derechos Humanos y al Fiscal 15 de Delitos Comunes para investigar y sancionar este lamentable hecho", informó en Twitter el fiscal general.
Saab también dijo en su cuenta de Twitter que se presume que Zacarías, quien estaba vinculado al partido oficialista, y Torres habrían sido asesinados "a manos de funcionarios de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales)", un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, creado en 2017 en el marco de la crisis nacional, denunciado en numerosas ocasiones por ONG locales y organismos internacionales de violar los derechos humanos.
Dos fiscales se trasladaron a Cabimas para identificar a los testigos, hacer los planos del lugar del crimen, examinar las armas e identificar a los funcionarios que actuaron en el hecho, precisó el fiscal general.
"Esto fue un crimen. Violaron todas las leyes y haremos la denuncia formal porque esto fue un asesinato vil. Todos vimos cuando pusieron hasta armas a los cuerpos", declaró Franklin Torres, dueño del medio, al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
Génesis Torres, una joven de 18 años que se identificó como hermana menor de Víctor, relató a The Associated Press que en la tarde del 21 de agosto se presentaron en su casa varios miembros de las FAES con armas largas que entraron a la vivienda por la fuerza "sin mostrar papeles, nada". El grupo se llevó detenido a Torres, de 29 años, quien desde junio estaba bajo arresto domiciliario luego de ser apresado en marzo por un caso de drogas.
Durante la operación los agentes se llevaron también a Zacarías, de 33 años, dijo la joven. Los cuerpos de ambos aparecieron luego en la morgue con disparos de arma de fuego.
La hermana del fallecido negó las versiones que refieren que las muertes ocurrieron durante un enfrentamiento armado entre los jóvenes y las fuerzas de seguridad y denunció que durante el allanamiento a su vivienda "nos robaron equipos audiovisuales, nos robaron las computadoras, la comida, cosas de mi hermano, cosas de Andrés''.
"Escuadrón de la muerte"
Al condenar los asesinatos el activista Carlos Correa, director de la organización local Espacio Público -dedicada a la defensa de los comunicadores y la libertad de expresión- dijo a la AP que este caso "está muy vinculado al patrón de comportamiento del FAES".
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, denunció el año pasado que el cuerpo de elite, que ha sido calificado como un "grupo de exterminio" o "escuadrón de la muerte", está acusado de haber participado en varios asesinatos.
Bachelet exigió al gobierno de Nicolás Maduro la disolución de las FAES y la creación un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales, asegurar que sus responsables rindan cuentas y reparar a las víctimas. Su solicitud no fue atendida por las autoridades, que defendieron las actuaciones del cuerpo especial.
Asesinato de Bislisck
Las muertes de Zacarías y Torres ocurrieron a pocos días del asesinato de otro comunicador, José Carmelo Bislisck, quien fue encontrado el 18 de agosto sin vida en un terreno baldío de la población de Guiría, en el estado oriental de Sucre.
Bislisck, quien ejercía como locutor, docente y dirigente del partido oficialista, había realizado denuncias sobre del tráfico de combustible y drogas, trata de personas, extorsión y corrupción en Guiría en el programa que conducía en una emisora local de radio, precisó Correa.
El activista exigió a las autoridades que investiguen también la muerte de Bislisck, quien fue sacado por la fuerza de su casa por cuatro hombres armados y luego apareció muerto.
El pasado 8 de agosto, Saab dijo que en los últimos tres años la fiscalía ha imputado a 528 funcionarios de orden público por violación de derechos humanos, de los cuales 450 han sido privados de libertad y 140 han recibido condena.
Agencias AFP y AP
LA NACION
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