Vizcarra suma apoyos en la puja de poder y la OEA pide una resolución judicial

LIMA.- En la peor crisis institucional de Perú en por lo menos dos décadas, tras disolver el Congreso, el presidente Martín Vizcarra se afianzó ayer en el poder al recibir el apoyo de la cúpula militar, gobernadores y alcaldes. El mandatario quedó en abierto enfrentamiento con el Legislativo, que juramentó anteanoche como jefa de Estado interina a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, que finalmente hoy renunció.

Alarmada por la disputa, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dirigida por Luis Almagro, instó a que sea el Tribunal Constitucional de Perú el que se expida sobre "la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas". Pese a ello, dio respaldo a las medidas de Vizcarra al considerar "conveniente" que la polarización política "la resuelva el pueblo en las urnas", en referencia a la decisión de Vizcarra de convocar a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020, en los plazos marcados por la Constitución.

La oficina de la presidencia informó que el presidente contaba con el respaldo de las fuerzas militares, y acompañó su mensaje con una foto de Vizcarra junto al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y de la policía.

Vizcarra, que lanzó una campaña anticorrupción, acusa al Congreso de entorpecer la labor del gobierno con frecuentes interpelaciones a ministros gracias al voto mayoritario del partido de derecha liderado por Keiko Fujimori, detenida mientras es investigada por recibir dinero sucio de la constructora Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, en las que fue derrotada.

El desconcierto por el choque de poderes que vuelve a sumir a Perú en una gran crisis política generó impacto en los mercados. La moneda peruana (sol) cerró en su menor nivel de un mes y el índice selectivo de la bolsa limeña sufrió su mayor baja en 22 meses.

El clima de tensión se centró ayer en el Palacio de Gobierno y el Congreso, que estaban fuertemente custodiados por la policía. A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia llamó al diálogo y la calma, así como a "actuar de acuerdo con el orden constitucional y democrático".

La cúpula empresarial, a través de la organización Confiep, tomó partido por el Legislativo y acusó a Vizcarra de perpetrar una "violación de la Constitución y del sistema democrático". Los líderes del Congreso también lo acusaron de haber dado un "golpe de Estado".

El centro de la disputa fue la futura conformación del Tribunal Constitucional, máximo órgano judicial en asuntos constitucionales, que pronto debe definir la liberación o permanencia en prisión de Keiko Fujimori. El Tribunal también debe decidir si la fiscalía puede investigar a más de dos decenas de congresistas que habrían recibido dinero de Odebrecht para sus campañas.

Vizcarra aceptaba que el Congreso eligiera a seis de los siete integrantes, pero añadiendo rigurosos filtros para su elección. El Parlamento hizo caso omiso del pedido y esa actitud -tomada por el presidente como la negación de un voto de confianza- provocó la disolución del Legislativo, un órgano ampliamente criticado por la población. Tras el cierre del Congreso, hubo manifestaciones en todo el país en respaldo al mandatario.

Una disolución del Congreso no ocurría en Perú desde abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori (1990-2000) dio lo que fue calificado como un "autogolpe" y asumió plenos poderes con apoyo de los militares. En cambio, Vizcarra invocó la Constitución.

Hasta los nuevos comicios funcionará la Comisión Permanente del Congreso, de 27 miembros, 18 de ellos, fujimoristas. Ellos son ahora los únicos autorizados por la policía para ingresar al edificio legislativo.

"En Perú no hay dilema de dos presidentes: hay uno que ejerce de hecho y derecho sus funciones, y ese es Vizcarra", opinó el jurista Diego García-Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y excanciller peruano.

Vizcarra ganó popularidad al impulsar una cruzada contra la corrupción en un país donde los cuatro presidentes anteriores quedaron bajo la lupa de la fiscalía acusados de recibir sobornos de Odebrecht.

La crisis política actual se gestó hace tres años en Perú cuando el banquero Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) venció ajustadamente a la populista Keiko Fujimori.

Aunque perdió la presidencia, el partido de la hija de Alberto Fujimori ganó una abrumadora mayoría en el Congreso, con la que mantuvo contra las cuerdas a Kuczynski hasta forzarlo a dimitir en marzo de 2018.

Kuczynski fue entonces sustituido por Vizcarra, que era su primer vicepresidente. La segunda vicepresidenta era precisamente Mercedes Aráoz, economista y exministra del fallecido presidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).