Los goles a favor y en contra del peronismo

Más allá de la impactante estatización de las transmisiones televisivas del fútbol que se está llevando a cabo por estos días con inusitada velocidad (que pronto inundará a la TV abierta de partidos que dislocarán las programaciones, con el afán primordial de disipar un tanto el creciente mal humor social), la gran pregunta pendiente es saber cuál es la política de fondo que en materia de comunicación aplica el peronismo a lo largo del tiempo.

Cuando se pasa rápida revista a las once presidencias que ostentó este partido en ese sentido (no se incluye, por breve, la gestión de Adolfo Rodríguez Saá, que "sólo" declaró el default) se constata una profunda incoherencia, con muy marcadas y contradictorias idas y venidas en la materia, que han costado frustraciones y millones, y cuya falta de lógica aún no ha provocado una imprescindible autocrítica en el seno de ese masivo movimiento que lo convenza de no seguir cometiendo los mismos errores.

Lo que se verifica cuando el PJ es gobierno con respecto al ámbito de las comunicaciones es una llamativa oscilación entre extremos que van desde el más salvaje intervencionismo estatal (Perón, 1946-55) al más desaprensivo ultraprivatismo (Menem, 1989-99). Lo más curioso e insólito es que también se registran versiones más atemperadas, pero igualmente contrastadas, en el seno de una misma corriente interna como es el kirchnerismo (Néstor Kirchner, 2003-07, proprivatista por acción y omisión; y Cristina Kirchner, 2007 a la actualidad, crecientemente intervencionista).

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Consigna Sergio Arribá, en uno de los trabajos compilados por Guillermo Mastrini en Mucho ruido, pocas leyes (La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2009), que "la restricción de libertades públicas, uno de los elementos más cuestionados del gobierno de Perón, se erigió sobre la base de seis medidas contundentes: a) expropiación y limitación de papel -para regular los principales diarios del país-; b) modificación del Código Penal -para evitar la crítica exhaustiva al Gobierno, potenciando la figura del desacato hasta alcanzar la pena de tres años de prisión-, c) declaración del estado de guerra interno y del estado de sitio -para suspender las garantías constitucionales-, d) allanamientos, clausuras y expropiaciones de medios de prensa gráfica -para restringir la competencia y la pluralidad informativa-, e) adquisición de talleres de imprenta, medios de prensa gráfica y radiodifusión por parte del gobierno -para centralizar el poder- y, f) creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Actividades Antiargentinas -para controlar el sistema de prensa gráfica-".

El regreso del justicialismo al poder en los años 70 mostró a un Perón anciano mucho más dubitativo en la materia, aunque escoltado por férreos lugartenientes que tomaron en su nombre drásticas medidas en consonancia con lo hecho en los años 50: Raúl Lastiri intervino parcialmente los canales de TV; Isabel Perón directamente los estatizó por completo (vale aclarar que el ideólogo de estas medidas no fue precisamente Perón sino José López Rega).

El giro copernicano se da en tiempos del menemismo. Así lo explican Daniela Blanco y Carlos Germano en 20 años de medios y democracia (Ediciones La Crujía, Buenos Aires, 2005): "Las modificaciones normativas introducidas por la administración del presidente Menem, en especial la Ley de Reforma del Estado, generaron un cambio fundamental en la estructura de la propiedad de los medios de comunicación en la Argentina", que dieron lugar a la formación de poderosos multimedios, la privatización de los canales 11 y 13, y el ingreso irrestricto al área de capitales extranjeros.

El aporte del presidente Duhalde, en el siguiente acto, plena crisis pos 2001, es por demás original: su intervencionismo fue en función de salvar a los grandes grupos mediáticos privados, según los autores mencionados, mediante "una devaluación con pesificación asimétrica de las deudas con los acreedores locales y un seguro de cambio para la deuda que se encontraba en el exterior", con una sustancial modificación a la ley de quiebras (que excluía el cram down , lo que alejaba el temible fantasma de que un acreedor extranjero, ante la falta de pago, pudiese absorber empresas argentinas).

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Durante sus cuatro años de gobierno, Néstor Kirchner no se interesó por modificar la aún vigente ley de radiodifusión de la dictadura, le regaló graciosamente diez años más de licencia a los canales y radios, dejó firmada la fusión entre CableVisión y Multicanal, y hasta privatizó noticias trascendentales (como el fugaz regreso al redil K de Roberto Lavagna, "exclusiva", en su momento, de Clarín ).

En cambio, desde la asunción de Cristina Kirchner a la presidencia el afán intervencionista en materia de medios es ostensible, continuado y bien activo: crecimiento exponencial de la publicidad oficial, acrecentamiento del aparato formal e informal de medios acólitos, blanqueo de capitales para invertir en empresas de comunicación, fogoneo de la ley de servicios audiovisuales, mayor hostigamiento verbal hacia el periodismo, llamado a licitación de nuevas señales de cable, creación de un sistema de televisión satelital público y ahora la asociación con la AFA para comercializar el fútbol por TV.

Muchos se congratulan, con razón, de que queden atrás los manejos caprichosos y monopólicos exhibidos en los últimos años en la transmisión privada del fútbol. Pero, con los antecedentes anotados, los barquinazos ideológicos y el gastadero infernal e inútil de dinero público hechos desde el Estado por distintas administraciones peronistas en materia de medios, nada indica, lamentablemente, que vayamos hacia un sistema mejor.

Por Pablo Sirvén

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