Los hijos de las FARC bajan del monte después del Acuerdo de Paz

‘Plantamos coca, contratamos obreros para levantarla, la convertimos en pasta base usando gasolina y químicos, y al final queda para sobrevivir. La ganancia es del narcotraficante”, dice Adinael Becerra, presidente de la Comisión para la Sustitución de Cultivos de Chiquinquirá. Esa vereda, como llaman a los caseríos en Colombia, está en la zona de recepción de uno de los campamentos donde los 6.804 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (FARC) comenzaron a desmovilizarse. Aquí, en el departamento Norte de Santander, que limita con Venezuela, no sólo circulan como agua la gasolina, la carne y otros productos que trafican desde las tierras de Hugo Chávez. También conviven otras dos guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que no se sentaron a hablar de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. La región es de las más calientes de Colombia y eso no tiene que ver precisamente con que la temperatura de todo el año oscile entre los 28 y los 38 grados y la humedad convierta el aire en una masa espesa.

Para llegar al campamento, que está en la vereda de Caño Indio, una de las cuatro de esta zona, hay que tomar un avión hasta Cúcuta, la capital del departamento. Desde allí se debe abordar un auto, que demora unas cuatro horas para recorrer cien kilómetros por una ruta llena de pozos, con tramos donde el asfalto desapareció por completo. La ruta, que lleva hasta Tibú, corre prácticamente en paralelo a la frontera selvática con Venezuela. “Hay que ver cómo alguien podría establecer los límites en medio de la selva”, dice Sebastián, el chofer, que adora la velocidad pero rara vez logra poner el auto a más de 90 kilómetros por hora porque la ruta no lo deja: es una combinación entre curvas y pozos.

Sebastián domina el arte de esquivar las motos que circulan cargadas con hasta seis bidones de gasolina venezolana, de ocho o diez litros cada uno. Los llevan atados a los costados y por detrás del asiento. Es como viajar sobre el tanque de combustible de un automóvil. Conoce el camino y señala los puestos a la vera de la ruta donde se ofrecen esos bidones. Las pipinas –así llaman a los bidones– están sobre unos mostradores precarios, a la vista de todos, y hay varones y mujeres jóvenes que agitan un palo que en la punta tiene una botella plástica para tentar a los automovilistas. “La verdad es que es un misterio cómo entra tanta gasolina de contrabando con una frontera cerrada”, ironiza el chofer y sonríe con una mueca.

El año pasado, la frontera fue cerrada en forma unilateral por decisión del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según denunció el gobierno venezolano, en los 2.219 kilómetros de frontera hay, al menos, 247 pasos ilegales y 50 de ellos corresponden a Norte de Santander. Por ellos pasan todo tipo de mercancías de contrabando, pero principalmente el combustible. Los cálculos de PDVSA (la petrolera del Estado venezolano) es que por todas esas rutas clandestinas se pierden unos 100.000 barriles de crudo por día.

Si bien la calidad del crudo venezolano no es la mejor, ese país flota sobre el lago subterráneo con la mayor reserva petrolera del mundo. Eso explica, en buena medida, la disputa geopolítica que se libra a su alrededor y que atraviesa ese territorio de punta a punta. Parte de esa tensión se puede palpar en esta zona fronteriza donde también se desarrolla una pelea entre dos modelos políticos y económicos, con un gobierno como el de Juan Manuel Santos que mantiene excelentes relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos, y también con Israel.

El precio del combustible venezolano que llega a través de esa frontera, que está rodeada de coca y ofrece una buena salida hasta el lago de Maracaibo para la producción de pasta base colombiana, es hasta un 40 por ciento más barato en esos puestos que lo que se paga en el surtidor.

Por eso, cualquier decisión política o crisis que golpee a Venezuela provoca –al menos– una turbulencia o envión en el escenario colombiano. Ocurrió eso cuando, a fines de 2011, Chávez ofició de mediador en el inicio de la negociación de paz entre Santos y las FARC: pasó toda una noche hablando sobre el tema con el jefe de la guerrilla más antigua del continente, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko. Eso permitió retomar las conversaciones. No era una jugada sencilla porque el Ejército colombiano acababa de bombardear el campamento donde se refugiaba Alfonso Cano, a quien sus padres habían nombrado Guillermo León Sáenz Vargas y era el jefe de las FARC.

Pero seis años después, la crisis económica venezolana, con sus efectos políticos y sociales estallando en las calles, se siente también en esa zona fronteriza. No es lo mismo contrabandear –a gran escala o para revalorizar los pocos pesos de una jornada de trabajo– con un país con relativa calma que con un país burbujeando de movilizaciones, protestas y balas. Venezuela se volvió, aún más, un país al que todos miran con cuidado, y sobre todo una Colombia que intenta calmar las aguas pero está pegada a un mar en plena sudestada.

El río Catatumbo es el que le da nombre a la región: nace en el cerro de Jurisdicciones a 3.850 metros sobre el nivel del mar, recorre el departamento de Norte de Santander y desemboca en Venezuela, en el lago de Maracaibo. Ese río marca, también, una ruta de salida para la pasta base que se produce en las fincas de todos, o casi todos los campesinos pobres que viven en la región. Llega a Venezuela y sale vía el Maracaibo hacia el mar Caribe. La explicación de esos agricultores es que la falta de infraestructura en caminos, tendido eléctrico, agua potable y cualquier tipo de servicio básico de los que se disfrutan en las ciudades los obliga a plantar “mata”, como llaman a la coca, para sobrevivir.

También siembran yuca y plátano, pero sólo para consumo familiar. No sólo porque en verano no llueve y lo único que crece con poca agua es la coca, sino porque “un bulto de 50 kilogramos de yuca se paga 15.000 pesos colombianos”, según explica Eleicer Leal. Esos 15.000 pesos pagan algo así como dos almuerzos en Bogotá, según el restaurante que se elija. Leal puede sintetizar la vida campesina en pocas palabras; usa botas de goma hasta las rodillas como cualquiera que quiera llegar hasta el campamento guerrillero y tiene las manos curtidas. A los 31 años, preside la junta de campesinos de la vereda de Chiquinquirá, donde viven 20 familias.

Dice lo mismo que Becerra. También lo mismo que los otros representantes de otras dos juntas comunales, Caño Indio (Luis Rincón Vega) y Progreso 2 (Jaime Peña): los campesinos no eligen plantar coca sino que van a ese cultivo porque no les queda alternativa. “Acá plantamos coca para garantizar el alimento, pero ahora hace seis meses que no tocamos la mata. No la arrancamos pero tampoco la cuidamos. Estábamos esperando que el gobierno avanzara con los programas de ayuda para sustituir el cultivo. Y estamos jugando con el hambre de nuestras familias”, se queja Rincón Vega, que tiene 30 años y dos hijos, y representa a una comunidad de 72 familias.

Para los primeros días de abril, cuando acababan de lograr un acuerdo con el gobierno para sacar la mata a cambio de subsidios y proyectos de desarrollo local, la zona era toda una enorme plantación de coca. La mata lo inundaba todo, incluso rodeaba completamente el helipuerto construido para que bajaran los helicópteros con los veedores de Naciones Unidas.

En total, hay unas 200 familias campesinas viviendo en la zona. Esperan con ansiedad contenida –se les nota cuando hablan del tema– que avance la implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC y el gobierno colombiano, porque junto con él llegarán, según lo previsto, programas de desarrollo, financiamiento para microemprendimientos y la infraestructura: rutas asfaltadas, tendido eléctrico y agua potable. También centros de salud, porque el más cercano está en Tibú y para llegar a la ruta algunos campesinos deben caminar durante dos horas por un camino de tierra, que casi siempre es barro. Y escuelas: apenas dos de las cuatro veredas de la zona cuentan con una.

Hasta ahora la tarea principal de los campesinos era convertir esas plantas de coca en pasta base para vendérsela a los narcos, que luego la refinan y producen cocaína. Allí está la crema del negocio y por eso la disputa: El Catatumbo había sido dominado por las FARC pero la guerrilla perdió el control entre 2002 y 2010 a manos de grupos paramilitares –estructuras conformadas por militares, policías y bandidos– que cuentan con financiamiento de algunas empresas y particulares. Durante esos años, los guardias venezolanos se cansaron de levantar cuerpos del lago de Maracaibo, que los paramilitares arrojaban desde la ribera catatumbera. Llegaban tantos que “se les terminó convirtiendo en un problema de salud pública y comenzaron a quemarlos”, contará la abogada de derechos humanos y representante de la agrupación Voces de Paz ante el Senado colombiano, Judith Maldonado, en Bogotá, tres días después de salir de la selva. Pero hace siete años, el Frente 33 de las FARC recuperó el territorio y se hizo fuerte allí.

La presencia de esa guerrilla, que nació en 1964 bajo un programa político que propone la reforma agraria, garantizó a los campesinos un precio para la pasta base. Era lo más parecido a un Estado donde no había Estado. Funcionó como un regulador del mercado y cobró impuestos por toda actividad económica que se realizó en los territorios que controlaba, hasta que avanzaron las negociaciones que desembocaron en el Acuerdo de Paz firmado en La Habana, el año pasado. “Les cobrábamos (impuestos) según la cantidad de kilos que llevaban. Lo mismo a la ganadería, a los industriales arroceros, cafeteros, a las multinacionales”, explicó Timochenko, el jefe de las FARC, en diciembre pasado, durante una entrevista en Cuba, en un hotel de playa, cerca del barrio Jaimanitas, en las afueras de La Habana.

Antes de cobrarles impuestos, las FARC evaluaron arrasar con esas bandas y quedarse con el negocio: “Eso lo descartamos. No era para revolucionarios. Porque si uno se mete en ese negocio comienza a pensar como ellos”, aseguró.

Un informe sobre la región de El Catatumbo, elaborado en 2015 por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), mostró el peso de las FARC en algunas zonas rurales de Tibú, San Calixto y Convención, en Norte de Santander. La FIP, creada por empresarios colombianos, estableció que en esas zonas la guerrilla había prohibido la prostitución, el consumo de drogas psicoactivas y los robos. También noviar o casarse con policías o militares estaba vedado. Y, por otro lado, ese documento detalló que los indicadores humanitarios de la región “muestran los índices más bajos de los últimos 15 años” y ligó ese dato a la presencia de las FARC.

“Los delitos y otras contravenciones eran muy poco comunes en áreas rurales donde las FARC lograron consolidar base social y legitimidad. Tuvieron manuales de convivencia y también imponían castigos. Dependiendo del delito daban dos o tres oportunidades más, pero si era muy grave podía significar la expulsión del área o su ejecución”, detalla el director de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP, Eduardo Alvarez Vanegas.

Pero esta situación comenzó a modificarse en otras regiones del país al ritmo de la desmovilización de las FARC: “Otras estructuras más pequeñas y en formación están tomando dicho lugar. Estamos hablando de redes de intermediarios, pequeños narcos, milicias y disidentes de las FARC. También se están presentando ajustes de cuentas y venganzas entre pobladores y, en contadas regiones, el ELN está ingresando. Igualmente hay delincuencia común ante la falta de castigo, pues ya no están las FARC. Se están cometiendo robos y atracos”, advierte Alvarez Vanegas.

Todo este proceso se produce mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la otra guerrilla que subsiste en la región, se prepara para presentar públicamente el nombre de su candidata a la presidencia de México, que se disputará el año próximo. La base de operaciones de esa organización, que se mostró públicamente en 1991, es San Cristóbal de las Casas, en México, que también funciona como un país dentro de otro: los narcos que azotan Playa del Carmen, en la Riviera Maya, no ingresaron allí.

Ahora, la ruta que recorre el auto que esquiva pozos y motos con bidones de combustible sigue siendo un territorio en disputa. En la zona no sólo está el campamento de las FARC, que el 20 de julio de 2015 decretó el cese del fuego unilateral, sino que existen dos guerrillas en operaciones. Son dos grupos menores, mucho más pequeños que la organización que lideró Manuel Marulanda, pero con capacidad de fuego.

Una de ellas es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al que todos llaman los “elenos”, que comparte posicionamientos ideológicos con las FARC pero no tiene un mando unificado: cada grupo puede tomar sus propias decisiones, lo que dificulta la negociación. Igualmente, las conversaciones están en marcha.

Sin embargo, hace unas semanas hubo una emboscada a un convoy militar en el departamento de Arauca, que limita con Norte de Santander y es parte de la frontera con Venezuela. Allí también están desplegados los elenos y los dos soldados muertos habrían caído bajo sus balas. Ese hecho, por ejemplo, suma complejidad a las conversaciones que son, de por sí, bastante enredadas: Colombia vivió una guerra durante 52 años, que dejó heridas por todos lados.

En 1964, el gobierno colombiano decidió poner fin al reclamo de un grupo de campesinos, referenciados políticamente en el Partido Comunista, que pedían una reforma agraria. Bombardeó la comunidad de Marquetalia, en las montañas que se recuestan sobre la costa del Pacífico. De ese ataque sólo sobrevivieron 47 campesinos y una campesina: la génesis de las FARC. Medio siglo después, el conflicto dejó 60.000 desaparecidos, más de 200.000 muertos –de los cuales el 12%, unas 24.000 personas, son responsabilidad de las FARC, según la ONU–, 7 millones de campesinos desplazados y unos 4 millones de colombianos exiliados.

El otro grupo es aún más pequeño. Los “pelusos”, como les dicen a los miembros del EPL, suman unos 300 integrantes en El Catatumbo. Tampoco tienen unidad de mando, pero la mayor diferencia es que tienen una lógica económica más que política: reclutan soldados a sueldo y sus negocios parecen ser demasiado estrechos con los narcos.

Todo eso –guerrilleros, contrabandistas, ejército y narcos– está en juego, y en tensión permanente allí. Y, por si fuera poco, la zona está cruzada por el oleoducto Caño Limón-Coveñas, que sufre atentados en forma sistemática: en lo que va de 2017 dejó de producir 893.000 barriles de petróleo por los ataques, según informó la petrolera.

El auto llega hasta Tibu. Ahí hay que hacer un nuevo trasbordo a una 4x4 roja que después de unos metros ingresa en un camino de tierra que se interna en la selva. Prácticamente no hay tramos rectos de más de 200 metros. Es un zigzag constante y no hay otros vehículos en el camino salvo algunas motos, que con las camionetas 4x4 y los jeeps son las únicas que pueden avanzar en la superficie pegajosa de este barro arcilloso sobre el que llueve día por medio.

Esas motos no llevan bidones de combustible contrabandeado sino familiares de los guerrilleros que hace dos meses llegaron a la zona que se conoce como Caño Indio, uno de los caseríos del lugar. Una de esas pequeñas caravanas compuesta por cuatro motos lleva a los 16 integrantes de una sola familia: madre, tía, hermanas y primos de un joven de bigotes bien cortados que los va a recibir dentro de tres horas. Es una de las tantas familias que llegan día a día para reencontrarse con sus hijos e hijas: no se ven desde hace diez, quince o veinte años.

El nuevo chofer se llama Fernando y es experto en esto de surfear barriales. Hace estos 45 kilómetros a diario y dice que, si tenemos suerte, demoraremos dos horas para llegar a la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN), como se llama a los 26 campamentos donde los guerrilleros dejarían las armas en manos de la ONU el miércoles 27 de junio y se preparan para retornar a la vida civil. El objetivo es llegar antes de que se haga de noche. Para eso faltan cuatro horas.

La ZTVN de Caño Indio se llama Jorge “El Negro” Eliécer Gaitán, en honor al dirigente liberal que fue asesinado el 9 de abril de 1948 y cuya muerte provocó el estallido social conocido como “El Bogotazo”. Hasta allí fueron los guerrilleros en febrero pasado, dos meses después del plazo previsto por el Acuerdo de Paz.

Llegaron y levantaron un campamento como el que usaban para la guerra, pero sin el peligro del bombardeo: carpas para dormir, cocinas y zonas de estudio y reunión que construyeron con palos y telas plásticas. Justamente ese silencio es lo que reivindicó Rincón Vega, el jefe de la Junta Campesina de Caño Indio: “Hace ocho meses que no escuchamos bombas ni tiros. Eso ya es una paz que no teníamos”. Pero la discusión sobre la paz es más profunda y compleja, porque las FARC están reclamando, por ejemplo, que sus campamentos transitorios –que son visitados a diario por efectivos de la ONU– reciban electricidad a través del tendido. También que tengan agua potable, que hasta ahora llega por un complejo sistema de mangueras negras desde un río de montaña.

Los guerrilleros se siguen levantando a las 4:40 de la madrugada, cuando todavía es de noche. Forman filas, reciben las órdenes del día y se van a leer las noticias. A las 6 en punto, ni un minuto antes ni uno después, desayunan una sopa de carne con papas y otras verduras acompañadas de un plátano cocido con un vaso de leche con chocolate. Todo cocido a leña. Luego se van a hacer las tareas del día: unos limpian el campamento, otros alistan la leña y otros comienzan la construcción de las casas donde ya deberían estar viviendo. Comparten esa tarea con algunos obreros enviados por el gobierno y con campesinos de las comunidades cercanas. El almuerzo se sirve a las 12 y la cena, a las 18. A las 20 están todos en sus carpas.

Pero todavía falta un trecho largo antes de llegar a ese campamento donde se mantiene “la mística de la guerra”, como explicará el jefe de ese asentamiento, Jimmy Guerrero, que tiene 59 años y hace 35 ingresó a la guerrilla.

Después de la primera hora de marcha, Fernando baja la velocidad y se prepara para frenar ante el retén militar que controla el ingreso y el egreso de la zona donde está el campamento. El trato suele ser cortés y distante como para que los militares no pregunten más de la cuenta ni tengan espacio para hacer otra cosa que no sea una mirada de control rápida sobre el vehículo. La única preocupación es que nos demoren porque en la camioneta viaja un periodista: esa demora podría convertir el día en noche y nos obligaría a recorrer sin luz los últimos kilómetros del camino, donde el barro es más espeso. Pero llueve un poco y los soldados, que están bajo un techito de lona plástica, saludan desde lejos. La camioneta va lento, a paso de hombre, pero sin demoras.

Atraviesa un puente de chapa, apenas más ancho que la camioneta, y poco más allá aparece un barrial más grande y acuoso que los anteriores. En el medio del camino hay un árbol que divide la traza en dos. De un lado está imposible, al menos para este tipo de vehículo: esa media ruta es una pequeña laguna de varios metros de largo. Del otro, parece posible: apenas hay dos grandes zanjas con algunas islitas de tierra.

“El problema es que después de que construyeron este camino empezaron a llegar los camiones con materiales de construcción y eso empeoró todo”, dice Fernando. Se refiere al cemento, las estructuras metálicas, los inodoros y lavamanos, y placas de durlock y chapa para levantar las casas y baños donde deben vivir los guerrilleros hasta junio próximo. Pero esa construcción, al menos en esta ZVTN, viene lenta: según los guerrilleros, sólo está levantado el 15%; el gobierno asegura que está en un 30%. Aun con esa visión optimista, falta el 70% de una construcción que debía estar terminada el 1º de diciembre pasado, tal como está escrito en el Acuerdo de Paz firmado con el presidente Santos.

Fernando frena, piensa y toma una decisión sobre cómo enfrentar ese camino que recorrió varias veces ida y vuelta. Hasta ahora sorteó todos los barriales, pero éste finalmente lo atrapa. El kilómetro y medio que resta se hace a pie, pisando con botas de goma. Sin ellas es muy difícil moverse en este campamento donde conviven tres compañías de las FARC que suman 350 personas, entre hombres y mujeres.

Al frente de esa finca de seis o siete kilómetros cuadrados, donde se asentaron todos los integrantes del Frente 33 de las FARC, está Guerrero. Antes de entrar a la guerrilla había pasado tres años como miliciano: militante clandestino que no tiene el compromiso suficiente para internarse en la selva y vivir allí hasta el triunfo de la revolución. Sin embargo, su existencia es clave para asegurar el enlace con las poblaciones, hacer trabajo político en ellas y ofrecer asistencia logística. El número de milicianos es un dato que las FARC no revela, pero se estima que, al menos, duplica la cantidad de guerrilleros.

La historia de Guerrero tiene puntos en común con la gran mayoría de los integrantes de las FARC: se crió en el campo, fue arriero, no estudió y terminó de alfabetizarse en la guerrilla. Cuando tiene que explicar las deudas del Estado con los campesinos muestra lo que es ese campamento al que debían llegar a fin de año, pero cuyo arribo se demoró casi dos meses. El problema era que los campesinos se negaban a arrancar las plantas de coca. “No se ponían de acuerdo y no podíamos venir. Pero finalmente decidimos venir”, dice Jimmy, sentado en una silla plástica que trajeron del otro campamento, el que tenían para la guerra. Y esa decisión fue certera, porque en el campamento no había nada. Lo único industrial que existe allí son las ollas, los cubiertos y las sillas de plástico. Todo es de las FARC.

“Nosotros mantenemos la mística de la guerra, y ahora nos queda la batalla más dura. Un error militar se termina subsanando en la práctica, pero el error político es más difícil de subsanar porque eso tiene implicaciones a nivel nacional e internacional. No es fácil superarlo, por eso tenemos que cuidarnos mucho de los errores políticos. Más ahora cuando hay un sector, el ala dura de la derecha, que quiere aprovechar esos errores”, dice Guerrero y se acaricia la barba blanca, larga, que le llega hasta la mitad del pecho.

Guerrero hizo un esfuerzo para la entrevista. Pasó los últimos días acostado en su carpa, que está bien adentro del campamento, en una zona donde no puede haber civiles. “Estuve con dengue o algo así”, se disculpa y se nota que aún está un poco débil, pero se preocupa por su interlocutor: pide que tenga cuidado con un perrito pequeño de color marrón, que tiene un colmillo que queda fuera de la boca aunque la cierre. “Es bravo”, asegura y el perro sigue durmiendo a sus pies. No es el único animal del campamento: muchos guerrilleros y guerrilleras tienen perros o gatos porque no pueden tener hijos. Los cuidan con una dedicación extrema: les comparten su comida, les arman unas especies de cunitas al lado de las carpas y los miman. Incluso, una de las tres compañías que están aquí tiene un pavo real como mascota.

Lo que vuelve siempre, durante la conversación, es la necesidad de que avance la implementación del documento firmado con Santos en La Habana. Uno de los temas que más le preocupa es que todo este proceso se está dando de cara a las próximas elecciones nacionales, donde se elegirá nuevo presidente y el ex mandatario Alvaro Uribe, un firme opositor a este Acuerdo, buscará llegar a la Casa de Nariño, la sede del gobierno. Allí se pondrá en juego nuevamente el destino de Colombia, pero también de esta zona barrosa y caliente donde la mata crece sola y los campesinos deben caminar tres horas para conseguir un médico.

Pablo Waisberg

LA NACION

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