Por qué Andrea del Boca podría ser condenada a más de tres años de prisión

Andrea del Boca enfrenta un juicio por presunto fraude. La fiscal federal Fabiana León solicitó una pena de tres años y medio de prisión para la actriz ante el Tribunal Oral Federal N° 7. La causa investiga el destino de fondos estatales asignados a la telenovela Mamá Corazón, cuya producción nunca se completó.

¿Por qué Andrea del Boca podría ser condenada?

La fiscal federal Fabiana León considera a Andrea del Boca “partícipe necesaria” de un presunto fraude contra la administración pública. La acusación se basa en la presunta implementación de un esquema de financiamiento irregular a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que habría beneficiado a la productora de Del Boca, A+A Group.

La fiscalía responsabiliza a Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, como autor principal de la defraudación. Se solicitó una pena de cuatro años y medio de cárcel y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. De Vido está acusado de facilitar el esquema de financiamiento irregular a través de convenios firmados entre el Ministerio de Planificación y la UNSAM.

La telenovela nunca llegó a emitirse, aunque la productora de Andrea del Boca habría cobrado alrededor del 76% del contrato. El proyecto implicaba un desembolso total de $36,58 millones, con un 10% de ganancia adicional para la productora y la exclusividad de la comercialización internacional. El financiamiento se suspendió tras el cambio de gobierno en 2015, cuando la gestión de Mauricio Macri interrumpió los aportes.

El esquema de financiamiento

Según la acusación, se implementó un sistema de triangulación que evitó concursos y comparaciones de precios. A través de este sistema, la productora de Andrea del Boca no solo recibió importantes fondos públicos, sino que además obtuvo la exclusividad para vender la serie en el mercado internacional. La fiscal Fabiana León destacó que este circuito incumplió las normativas vigentes y tenía como objetivo beneficiar a la productora A+A Group, propiedad de la actriz. Entre las irregularidades, remarcó que el contrato se otorgó de forma directa e incluía cláusulas consideradas “arbitrarias”. Estas cláusulas aseguraban a la empresa la exclusividad de distribución internacional por 60 meses, con posibilidad de prórroga por otros 60, pese a que toda la producción fue financiada con recursos públicos.

El caso se hizo público en 2016 a partir de una investigación periodística que reveló que la productora de Del Boca habría recibido más de $24 millones mediante convenios firmados entre el Ministerio de Planificación de Julio De Vido y la UNSAM.

Medidas judiciales

En 2018, el juez federal Sebastián Ramos procesó a De Vido como “autor” del supuesto delito de defraudación y a Andrea del Boca y al exrector Carlos Ruta como “partícipes necesarios”. Además, impuso embargos millonarios: 60 millones de pesos para De Vido, 50 millones para la actriz y 60 millones para Ruta. Según Ramos, la maniobra estaba “planificada y dirigida desde el inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca” y obedecía a “una decisión de carácter mayormente político, tomada antes de formalizar los expedientes”. La Cámara Federal ratificó posteriormente los procesamientos y embargos..

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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