Katie Hobbs la firmó: de qué se trata la nueva “ley Preston” vigente en Arizona

Lo sucedido con Preston Lord, un adolescente de 16 años residente en Queen Creek, desató una ola de indignación que alcanzó las puertas del Capitolio de Arizona. Luego de meses de reclamos encabezados por sus padres y tras una compleja investigación policial, la gobernadora Katie Hobbs promulgó la “ley Preston” este martes 13 de mayo, que endurece las penas contra los ataques en grupo.

Preston tenía 16 años, practicaba deportes y cursaba sus estudios en una comunidad tranquila del este de Phoenix. La noche del 28 de octubre de 2023 asistió a una fiesta en Queen Creek. Al salir, un grupo de adolescentes lo interceptó y comenzó a golpearlo. Testigos indicaron que cayó al suelo inconsciente. Dos días después falleció en el hospital a causa de las heridas.

La violencia del ataque conmocionó a la opinión pública. Durante semanas, no se produjeron arrestos ni avances en la investigación, lo que generó frustración entre los vecinos y familiares. Recién en diciembre se conocieron los primeros acusados. Siete jóvenes enfrentan cargos por homicidio en segundo grado y otras imputaciones relacionadas con la agresión.

Uno de los elementos que más repudio provocó fue que Preston no tenía relación con quienes lo atacaron. La investigación concluyó que se trató de una agresión aleatoria, motivada únicamente por el deseo del grupo de causar daño. Este factor impulsó a numerosas familias a pedir cambios urgentes en la ley para frenar una violencia juvenil que crece y alarma.

El caso tuvo amplia repercusión en medios nacionales y redes sociales. Preston se convirtió en símbolo de un fenómeno preocupante: ataques colectivos entre adolescentes, algunos de los cuales son grabados y difundidos como una forma de validación social, según cuenta People.

El 7 de mayo de 2024, Katie Hobbs firmó la llamada “Ley Preston”, identificada inicialmente como HB 2611. A partir de su entrada en vigor, cualquier persona que participe en un ataque grupal, también conocido como swarming, podrá enfrentar cargos por delito grave. La ley tipifica estas conductas como felonía de clase 5 cuando provocan lesiones físicas a otra persona.

Antes de esta norma, la legislación estatal permitía juzgar a los involucrados por delitos individuales, como lesiones o amenazas, pero no contemplaba una agravante por la acción conjunta. Con esta modificación, se incorpora una herramienta legal que busca sancionar con mayor firmeza los actos cometidos por múltiples agresores, según lo informado por FOX10 Phoenix.

Un aspecto central de la ley es que no se limita a quienes ejercen la violencia directa. También incluye a quienes promueven, incitan o registran los ataques sin intervenir. De este modo, se pretende desincentivar la difusión de videos violentos, que en varios casos recientes fueron compartidos por los propios responsables.

Katie Hobbs decidió apoyar la propuesta tras reunirse con la familia de Preston y escuchar a distintos sectores de la sociedad que exigían medidas concretas. En sus declaraciones, la gobernadora expresó empatía con el dolor de los padres y reafirmó la obligación del Estado de actuar con firmeza frente a este tipo de crímenes.

Desde el plano político, su decisión envió una señal clara a los votantes moderados y conservadores preocupados por el aumento de la violencia entre jóvenes. Aunque forma parte del Partido Demócrata, Hobbs adoptó, en algunas cuestiones de seguridad, una postura más estricta. La ley fue aprobada con respaldo de ambos partidos en la legislatura estatal.

La representante estatal Julie Willoughby, autora del proyecto, destacó el consenso alcanzado entre diversas fuerzas políticas. La normativa se convirtió en uno de los textos más discutidos del año en Arizona, cuenta el medio Telemundo Arizona.

La aprobación de la “Ley Preston” generó debate en varias regiones del país. En estados como California, Texas y Florida también se registraron incidentes similares. En respuesta, algunos legisladores ya analizan incorporar figuras penales específicas para enfrentar los ataques colectivos protagonizados por adolescentes.

El reto será encontrar un equilibrio adecuado, castigar con justicia sin caer en excesos punitivos hacia jóvenes que, en ocasiones, actúan sin dimensionar las consecuencias. Para muchas comunidades, esta ley representa un paso firme en la búsqueda de soluciones a un problema urgente.