Katie Hobbs veta un polémico proyecto de ley que impactaba en los profesores de Arizona

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, vetó un proyecto de ley que permitiría a estudiantes y padres presentar demandas civiles contra profesores de educación básica y universitaria por enseñar o promover antisemitismo en las instituciones educativas del estado.

El proyecto conocido como House Bill 2867, presentado por el representante republicano Michael Way, buscaba prohibir explícitamente que maestros, administradores, contratistas y voluntarios en escuelas públicas y privadas enseñaran o promovieran discursos considerados antisemitas.

La legislación también impedía imponer a estudiantes la adopción o promoción de posiciones antisemitas, y establecía restricciones sobre entrenamientos o capacitaciones que fomentaran un ambiente hostil basado en esta forma específica de discriminación, según informó The Arizona Republic.

El texto del proyecto contenía ejemplos específicos de discursos o actos definidos como antisemitas, por ejemplo, afirmar que la existencia del Estado de Israel es “racista”, o realizar comparaciones entre políticas israelíes y las del régimen nazi.

La normativa establecía procedimientos formales de investigación ante quejas presentadas por el público, y permitía sanciones disciplinarias que iban desde amonestaciones oficiales hasta la pérdida de certificaciones docentes e incluso el despido.

Adicionalmente, una disposición especialmente polémica establecía que los docentes podrían enfrentar demandas civiles y ser obligados a pagar indemnizaciones o costos legales si resultaban culpables tras un juicio, de acuerdo con el medio.

Diversas organizaciones expresaron su preocupación sobre posibles violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Asociación de Educación de Arizona (AEA) advirtieron que el proyecto podría generar demandas legales infundadas y fomentar la censura indirecta de profesores por miedo a represalias legales.

La AEA señaló en una carta enviada a Hobbs, firmada además por el Consejo Nacional de Mujeres Judías de Arizona, que esta legislación podría agravar aún más la actual escasez de profesores en Arizona, ya que generaría inseguridad laboral adicional en un estado que enfrenta importantes desafíos educativos.

Por su parte, la ACLU sostuvo que una ley así podría afectar negativamente los derechos constitucionales tanto de docentes como de estudiantes, especialmente en ámbitos universitarios donde la protección a la libertad académica es amplia y clara.

Legisladores republicanos y ciertos grupos comunitarios sostienen que este tipo de normativa es indispensable para proteger a la comunidad judía contra el aumento del antisemitismo en instituciones educativas.

El representante republicano Walt Blackman afirmó ante la legislatura estatal que la medida no buscaba censurar opiniones, sino proteger a una minoría vulnerable que, históricamente, no había contado con suficiente protección legislativa frente a discursos discriminatorios o violentos, señaló The Arizona Republic.

Otros defensores, como el propio Michael Way, aseguraron que las leyes existentes contra la discriminación no proporcionan mecanismos adecuados ni suficientemente claros para abordar este problema específico, especialmente tras el incremento de tensiones relacionadas con conflictos internacionales, como el ataque del grupo Hamas contra Israel ocurrido en octubre pasado

El veto de la gobernadora Hobbs provocó opiniones divididas entre legisladores, organizaciones educativas y grupos comunitarios. Organizaciones como la ACLU y la AEA recibieron positivamente la decisión por considerar que protege la libertad de expresión y evita abusos legales contra docentes.

Sin embargo, otros legisladores manifestaron frustración al considerar que la decisión deja desprotegidas a las comunidades judías frente al antisemitismo en las aulas. El propio Way señaló en su cuenta de X que estaba decepcionado por la decisión de la gobernadora.

Además, algunos legisladores republicanos y representantes de la comunidad judía, como Alma y Consuelo Hernández, legisladoras demócratas que apoyaron el proyecto, lamentaron que se perdiera una oportunidad clave para regular conductas antisemitas específicas en instituciones educativas públicas, señala Arizona Mirror.

Estas legisladoras señalaron ante el pleno que el proyecto era necesario para frenar actos políticos como la exhibición de la bandera palestina, considerada por ellas como un símbolo político inapropiado para espacios educativos.

A pesar del veto, este debate podría prolongarse en el ámbito legal. El experto en derecho constitucional Eugene Volokh, profesor emérito de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), señaló al periódico The Arizona Republic que algunas partes del proyecto podrían resistir cuestionamientos judiciales.

Sin embargo, otras disposiciones serían claramente inconstitucionales, especialmente aquellas que afectan la libre expresión en universidades o que involucran directamente a estudiantes adultos. Volokh puntualizó específicamente que las secciones referidas a grupos estudiantiles universitarios violan claramente los estándares constitucionales vigentes.