Así pueden afectar a California los decretos ejecutivos de Trump sobre inmigración y deportación masiva

En su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump inició su segundo mandato con una serie de órdenes ejecutivas para llevar a cabo lo que prometió que sería la mayor campaña de deportación masiva en la historia del país. Estas medidas generan preocupación en las comunidades migrantes, especialmente en California, que hospeda la mayor cantidad de habitantes extranjeros de EE.UU.

De acuerdo con USA Facts, en 2023, California tenía alrededor de 10,6 millones de residentes nacidos en el extranjero, lo que representa el 27,3% de la población total del estado. Y de esos inmigrantes, se estima que el 20% son indocumentados, es decir, alrededor de 2,6 millones de personas. Esta cifra sitúa al estado gobernado por Gavin Newsom en la cima de la lista de gobernaciones con la mayor población de migrantes no autorizados en Estados Unidos, seguido por Texas y Florida.

Para poner en contexto los números de California, Estados Unidos en general hospeda a 47,8 millones de inmigrantes. Es decir, un 14,3% de su población total. De ese número, se estima que 11 millones no están autorizados para residir en el país norteamericano, un 5% más que en 2020.

Impacto económico de las deportaciones masivas en California

La deportación masiva propuesta podría tener un impacto económico significativo en California, con pérdidas de “cientos de miles de millones de dólares” en diversos sectores.

Según explicó Giovanni Peri, profesor de economía internacional en la Universidad de California en Davis, en CalMatters, la desaparición de los inmigrantes indocumentados podría reducir hasta un 10% de la producción total del estado.

Los sectores más afectados serían la agricultura, la construcción, el cuidado infantil, la hostelería y los pequeños negocios, según lo estimado por la coalición California Welcoming Task Force. Estos rubros dependen de la mano de obra migrante para su funcionamiento diario.

En la industria de la construcción, por ejemplo, de acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, los trabajadores inmigrantes ganan significativamente menos que sus contrapartes nacidas en Estados Unidos. Los primeros obtienen un salario semanal promedio de 786 dólares, algo menor frente a los US$1031 de remuneración para los norteamericanos.

A pesar de que la deportación masiva afectaría principalmente a los inmigrantes indocumentados, las repercusiones indirectas también serían notorias, como explicó Manuel Pastor, profesor de sociología en la Universidad del Sur de California, al medio citado. Las empresas podrían enfrentar dificultades para reemplazar la mano de obra perdida, especialmente en sectores como la construcción, que ya enfrenta escasez de trabajadores.

Reacciones políticas en California ante los decretos de Trump

La administración de Trump también amenazó con retirar fondos federales a las llamadas jurisdicciones santuario, que limitan la colaboración con agencias federales de inmigración. Este tipo de ciudades representa un tercio del presupuesto estatal en California.

Por su parte, Newsom convocó una sesión especial para pedir a la Legislatura estatal que financie demandas contra la administración entrante. En la misma sintonía, el Fiscal General de California, Rob Bonta, había adelantado que su oficina estaba preparando desafíos legales para enfrentar “un ataque frontal” contra “sus comunidades inmigrantes”. “Como presidente de los Estados Unidos, tienes mucha autoridad, pero no es ilimitada”, agregó.

El primer ataque fue la demanda para impedir que entre en vigor la orden ejecutiva del presidente que elimina la ciudadanía de nacimiento para los hijos de indocumentados.

Por último, los defensores de derechos humanos en California también se expresaron con preocupación luego de las medidas de Trump.

Maria Lemus, directora ejecutiva de la organización Visión y Compromiso, advirtió que la simple amenaza de las deportaciones podría desencadenar un éxodo masivo de trabajadores migrantes. “Habrá muchas personas que no irán a trabajar por temor a ser detenidas”, explicó.

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