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California contra el ICE: qué empleos públicos quedarían vedados para exagentes de inmigración
El proyecto de ley AB 1896, denominado GTFO Act, todavía necesita la firma del gobernador Gavin Newsom; su aplicación impactará en la empleabilidad futura de muchos funcionarios federales
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LA NACION
California completó el trámite legislativo del proyecto de ley AB 1896, denominado GTFO Act, que establece restricciones para personas que hayan participado en la aplicación de leyes federales de inmigración y posteriormente busquen trabajar en organismos públicos del estado. La iniciativa completó su aprobación legislativa y pasó al proceso de inscripción previo a ser remitida al gobernador Gavin Newsom.
Qué cambios establece el proyecto de California contra el ICE
La propuesta contempla una prohibición que alcanzaría a quienes trabajaron como agentes de la ley bajo juramento o como contratistas individuales e intervinieron personalmente en tareas de control migratorio federal. Además, la medida apunta a impedir que esas personas puedan acceder a determinados cargos dentro de las estructuras públicas de California.
Entre sus disposiciones, el proyecto establece que quienes aspiren a convertirse en oficiales de paz deberán informar, bajo declaración sujeta a las consecuencias del perjurio, si tuvieron empleos anteriores relacionados con organismos federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). También amplía los elementos que pueden ser considerados durante las investigaciones de antecedentes.
Qué puestos públicos quedarían restringidos por la ley AB 1896
La prohibición propuesta tendría un alcance que abarcaría los distintos niveles de administración pública de California.
Esto incluye empleos en:
- Gobierno estatal
- Condados
- Ciudades
- Ciudades con estatuto propio
- Distritos escolares
- Distritos especiales
La normativa impediría que las personas comprendidas por sus disposiciones sean contratadas. La restricción alcanzaría a los cuerpos policiales estatales, de condados, municipales y de otras jurisdicciones, así como a cualquier puesto público que otorgue las facultades y obligaciones correspondientes a un oficial de paz.
El servicio civil estatal también estaría alcanzado. El Departamento de Recursos Humanos de California (CalHR, por sus siglas en inglés) o las autoridades responsables de seleccionar personal podrían rechazar la evaluación de un postulante, impedir que sea declarado elegible después de los exámenes o retirarlo de una lista de candidatos antes de su designación.
La propuesta contempla una evaluación individual para algunos candidatos
El proyecto incluye una vía de excepción vinculada con la formación policial. Un exagente relacionado con tareas migratorias no quedaría automáticamente excluido si una agencia contratante determina, después de realizar una investigación de antecedentes, que puede ingresar al curso básico de capacitación de la Comisión de Normas y Entrenamiento de Oficiales de Paz (POST, por sus siglas en inglés).
Para que esa excepción sea válida, la agencia deberá completar primero una revisión exhaustiva y establecer que el candidato es apto. La POST no permitirá su inscripción al curso de manera automática, sino que necesitará recibir una comunicación formal de la entidad contratante que confirme esa evaluación favorable.
El texto considera como aplicación de las leyes de inmigración las tareas destinadas a investigar o hacer cumplir normas federales de carácter civil, además de determinadas disposiciones penales relacionadas con la entrada, permanencia, reingreso o empleo de personas en EE.UU. Quedan fuera las acciones de cooperación que las normas de California permiten expresamente en determinados casos de delitos graves.
El proyecto excluye de la definición de ‘aplicación de las leyes de inmigración’ aquellas conductas de cooperación con autoridades federales que ya están permitidas expresamente por distintas disposiciones de la legislación de California.
La legislación de California separa al personal de las fuerzas del orden estatales y locales de la cooperación con el control migratorio federal, a menos que el sospechoso haya cometido un delito grave o violento. En esos casos específicos de antecedentes delictivos de gravedad, la colaboración sí está expresamente permitida.
El proyecto AB 1896 espera ahora la decisión de Newsom
La iniciativa fue aprobada inicialmente por la Asamblea el 27 de mayo y luego pasó por modificaciones durante su recorrido legislativo. El Senado dio su aprobación el 30 de agosto.
Al día siguiente, la Asamblea votó para aceptar los cambios introducidos por la cámara y ordenó continuar con el procedimiento administrativo necesario para remitir el texto al Ejecutivo.
El siguiente paso corresponde al gobernador Gavin Newsom. El mandatario deberá decidir si promulga el proyecto o utiliza su facultad de veto.
Si el proyecto queda en poder del gobernador a partir del 1 de septiembre, Newsom tendrá hasta el 30 de septiembre para firmarlo o vetarlo.
Si Newsom firma la AB 1896, o si el proyecto entra en vigor sin su firma al no ser vetado dentro del período correspondiente, las nuevas restricciones comenzarían a aplicarse el 1° de enero de 2028. Hasta entonces, las disposiciones propuestas no modificarían por sí mismas las condiciones de acceso a esos empleos públicos.
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