California firma una ley para identificar los vehículos alquilados que use la policía en arrestos

El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una ley para exigir la identificación clara de los vehículos privados de alquiler que utilicen los organismos policiales en detenciones y arrestos. La norma AB 1650 integra el paquete de reformas que Newsom firmó el 29 de septiembre, tras su aprobación en la Legislatura estatal.

La ley AB 1650, que presentó la asambleísta Jessica Caloza y entra en vigor el 1° de enero de 2027, exige a las agencias policiales colocar calcomanías temporales en los vehículos de alquiler. Este distintivo debe mostrar con claridad el nombre y el logotipo de la entidad gubernamental que opera la unidad.

El adhesivo debe ubicarse en las puertas delanteras del automóvil con colores y tamaños visibles a una distancia mínima de 50 pies. La medida abarca a todos los vehículos arrendados o cedidos a organismos federales, estatales o locales para tareas de arresto o traslado de personas.

La legislación busca evitar la confusión frente a automóviles sin identificación oficial en las vías públicas. Estos distintivos pretenden prevenir la suplantación de autoridad y promover interacciones seguras entre los agentes y los residentes.

La legislación establece exenciones específicas para vehículos en operaciones encubiertas, investigaciones activas o unidades tácticas. De igual modo, la norma excluye a los automóviles asignados a la protección de funcionarios si la identificación compromete la seguridad del dispositivo.

En materia de responsabilidad, el incumplimiento de la norma autoriza al fiscal general, fiscales de distrito o abogados municipales a promover acciones civiles contra la entidad que alquila el vehículo. El demandante que prevalezca en el proceso judicial tendrá derecho al cobro de honorarios de abogados y costos legales.

Asimismo, la ley establece que los contratos de alquiler de vehículos firmados a partir del 1° de enero de 2027 deben incluir cláusulas obligatorias de cumplimiento. Esos acuerdos contractuales permitirán a la empresa propietaria del automóvil exigir indemnizaciones a la agencia policial en caso de infracciones.

Esta reglamentación protege a las empresas arrendadoras de responsabilidad legal ante el uso indebido de sus unidades por parte de las fuerzas de seguridad. La norma fija obligaciones precisas para las dependencias públicas que recurren al alquiler privado de automóviles.

Además de la AB 1650, el mandatario demócrata firmó otras 20 leyes como parte del paquete de reformas anunciado el 29 de septiembre. Según el comunicado oficial, ellas son:

• AB 1627: inhabilita para el empleo público a exoficiales con historial de faltas graves en agencias de seguridad o migratorias.
• AB 1633: aplica un impuesto especial del 25% sobre los ingresos de los centros privados de detención.
• AB 1655: protege la continuidad de la ayuda económica de CalWORKs si un familiar es detenido por autoridades migratorias.
• AB 1801: requiere la aprobación previa de las agencias públicas locales para autorizar la apertura de centros de detención.
• AB 1806: exige una investigación estatal independiente cuando un agente de inmigración mata a tiros a un civil desarmado.
• AB 1807: prohíbe el uso de inmuebles e instalaciones de propiedad estatal para tareas de detención u operaciones migratorias.
• AB 1994: refuerza las garantías y la asistencia legal para personas inmigrantes que son víctimas de delitos.
• AB 2318: modifica los protocolos policiales para facilitar y garantizar la atención médica a personas bajo custodia.
• AB 2495: sanciona las prácticas fraudulentas, engañosas o no autorizadas en la prestación de servicios migratorios.

• AB 2760: prohíbe a las fuerzas del orden el uso de dispositivos portátiles de electrochoque.
• SB 420: elimina las exenciones del impuesto a la propiedad para los centros privados de detención.
• SB 423: amplía el acceso del público a los archivos e información operativa de los centros privados de detención civil.
• SB 747: autoriza a las personas a demandar civilmente a funcionarios federales que vulneren sus derechos constitucionales.
• SB 873: otorga inmunidad contra arrestos civiles a quienes se desplazan hacia o desde los tribunales.
• SB 937: prohíbe el uso policial de granadas aturdidoras y cargas explosivas durante operativos.
• SB 942: regula las condiciones de permanencia y garantías de protección para personas en detención civil.
• SB 957: establece mayores exigencias de salud, seguridad y fiscalización en recintos de detención.
• SB 1004: regula el uso de máscaras y coberturas faciales por parte de los agentes de las fuerzas de seguridad.
• SB 1367: fija requisitos adicionales de planificación y zonificación local para la instalación de centros de detención.
• SB 1399: dispone la realización de revisiones e inspecciones periódicas a las instalaciones cerradas de detención civil.

“Continuaremos protegiendo a nuestra gente, defendiendo el estado de derecho y dejando claro que si el gobierno federal opera en California, le exigiremos responsabilidades”, declaró Newsom al promulgar estas legislaciones.