De la AB 34 a la AB 2655: las 16 nuevas leyes que firmó Newsom para California en un solo día

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de 16 proyectos de ley que abarcan áreas tan diversas como energía, educación, salud, sistema electoral, justicia, impuestos, agua, servicios para personas con discapacidades y presupuesto estatal. Las iniciativas, aprobadas el 13 de julio, incluyen tanto proyectos impulsados por legisladores de la Asamblea como del Senado y representan una nueva actualización del marco legal del estado en múltiples sectores.

A través de un comunicado, la oficina del gobernador informó la promulgación de 16 proyectos de ley aprobados por la Legislatura estatal.

Las 11 leyes provenientes de la Asamblea modifican normas ya existentes o incorporan nuevas disposiciones en distintos ámbitos de la administración estatal. Algunas actualizan requisitos administrativos, mientras que otras amplían facultades de organismos públicos o introducen nuevas obligaciones.

• AB 34: modifica el programa estatal de energías renovables para permitir que las empresas eléctricas públicas locales que reciben más del 40% de su electricidad de grandes centrales hidroeléctricas, bajo determinados contratos, mantengan excepciones dentro de los períodos de cumplimiento establecidos para el estándar de energías renovables.

• AB 1587: actualiza la normativa sobre reposición de medicamentos recetados. Mantiene la posibilidad de que un farmacéutico renueve una receta cuando el médico no esté disponible y refuerza la obligación de informar posteriormente al profesional que emitió la prescripción.
• AB 1653: incorpora la prevención y el reconocimiento de enfermedades causadas por el calor como contenido a considerar durante la próxima actualización del marco curricular de salud para las escuelas públicas. La comisión correspondiente deberá evaluar recomendaciones del California Department of Public Health y políticas de la California Interscholastic Federation.
• AB 1736: amplía las restricciones de la Political Reform Act of 1974 para impedir que los empleadores de lobistas generen falsas apariencias de apoyo u oposición pública al utilizar identidades ficticias o el nombre de personas reales sin autorización.
• AB 2090: aumenta los límites patrimoniales y de ingresos que permiten a un tribunal eximir a determinados tutores y conservadores de presentar rendiciones periódicas de cuentas. El valor máximo del patrimonio pasa de US$15.000 a US$30.000 y el ingreso mensual permitido aumenta de US$2000 a US$3200.
• AB 2147: modifica las reglas de jurisdicción para determinados delitos sexuales. A partir de esta reforma, cuando existan múltiples hechos ocurridos en distintas jurisdicciones, podrán concentrarse en un mismo tribunal aunque no siempre coincidan el mismo acusado y la misma víctima. La disposición también incorpora delitos como la exhibición indecente y el acoso o molestia a menores.
• AB 2331: establece que un tribunal deberá conceder la autorización para trasladar restos humanos desde un cementerio cuando exista una demostración de causa justificada, incluso en aquellos casos en que no pueda obtenerse el consentimiento familiar requerido.
• AB 2421: crea un mecanismo para facilitar la cancelación administrativa de determinados comités de campaña inactivos. La Secretary of State podrá iniciar el procedimiento cuando se cumplan condiciones específicas relacionadas con la falta de actividad o errores en la organización del comité.
• AB 2641: extiende hasta el 1° de enero de 2032 la exclusión del impuesto sobre ventas y uso para la devolución de bienes empeñados a sus propietarios originales cuando se cumplan los requisitos previstos por la ley. Además incorpora objetivos, indicadores y requisitos de evaluación para este beneficio fiscal.
• AB 2652: flexibiliza los requisitos para obtener determinadas credenciales docentes en idiomas del mundo. Cuando la Commission on Teacher Credentialing no administre un examen específico para un idioma, los postulantes podrán acreditar su dominio mediante evaluaciones equivalentes realizadas por instituciones de educación superior.
• AB 2655: limita el uso de fondos de campaña destinados a contratar personal de seguridad. Desde ahora, esos recursos únicamente podrán utilizarse cuando los agentes contratados cuenten con la licencia correspondiente emitida por el Bureau of Security and Investigative Services.

Las cinco iniciativas provenientes del Senado incluyen tres proyectos vinculados directamente con la implementación del presupuesto estatal y dos reformas específicas sobre administración del agua y gestión de recursos hídricos.

• SB 135: constituye la ley complementaria del presupuesto para educación superior. Introduce modificaciones en múltiples normas relacionadas con universidades, colegios comunitarios, sistemas de datos educativos, programas académicos y otras disposiciones presupuestarias del sector.
• SB 163: reforma distintos aspectos del sistema de servicios para personas con discapacidades del desarrollo. Entre otras medidas, autoriza determinadas compras directas para garantizar la continuidad de la atención, elimina informes considerados obsoletos y reorganiza diversos procedimientos administrativos del departamento responsable.
• SB 171: incorpora una amplia serie de cambios en materia laboral y de compensación para trabajadores. Incluye nuevas reglas para el sistema de compensación laboral, modificaciones vinculadas con el fondo de pensiones de empleados públicos, obligatoriedad de determinados pagos electrónicos, ajustes en beneficios por lesiones laborales y nuevas exigencias de informes sobre programas estatales de capacitación y empleo.
• SB 997: amplía las facultades de la North Fork Kings Groundwater Sustainability Agency para imponer sanciones civiles por extracciones de agua subterránea superiores a las autorizadas. También permite registrar gravámenes sobre propiedades cuando existan cargos impagos vinculados con esos servicios o infracciones.
• SB 1139: fortalece la capacidad de fiscalización del Monterey Peninsula Water Management District respecto del uso de césped no funcional regado con agua potable. La ley autoriza al organismo a imponer sanciones civiles conforme a ordenanzas o políticas locales para hacer cumplir las restricciones ya existentes.