El “escudo legal” firmado por Karen Bass que protege a los inmigrantes ante deportaciones en Los Ángeles
La medida incluye la prohibición del uso de propiedades de la ciudad por parte de los agentes federales y tarifas por impacto en zonas privadas
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LA NACION
Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, firmó la Directiva 17 que busca proteger a los residentes de la ciudad de las redadas coordinadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La normativa incluye la prohibición del uso de propiedades por parte de los agentes federales.
Uno por uno: qué dice la normativa de Karen Bass que afecta al ICE
La normativa fue firmada por la alcaldesa el pasado 10 de febrero para defender a la ciudad de los operativos migratorios iniciados el año pasado y limitar el uso de las propiedades públicas como base de operaciones.
“Desde junio de 2025, Los Ángeles ha experimentado un aumento en la actividad federal de control de inmigración civil, marcada por operativos de gran visibilidad en vecindarios, cerca de lugares de trabajo y en espacios públicos. Estas acciones siembran miedo e incertidumbre entre los residentes, perturbando así la vida de familias y negocios”, dijo el documento firmado por Bass.
Para evitar que los agentes utilicen propiedades de la ciudad, la normativa impuso una prohibición que entrará en vigencia 15 días después de su promulgación. La medida se aplicará bajo una serie de pasos:
- Se identificarán dentro de la cartera del departamento las propiedades, propiedad de la ciudad o controladas por ella, que puedan utilizarse como zona de concentración, lugar de procesamiento o base de operaciones para el control migratorio.
- Luego de ser ubicadas, la ciudad pondrá en dichas propiedades un letrero que cite: “Esta propiedad es propiedad de la ciudad de Los Ángeles o está bajo su control. Solo podrá utilizarse para el propósito previsto por la ciudad y no para el control migratorio como zona de concentración, lugar de procesamiento o base de operaciones”.
Al hacerse efectiva la normativa, la ciudad notificará por escrito a los contratistas del departamento sobre cualquier intento o uso real de una propiedad de la ciudad o controlada por ella como área de concentración, lugar de procesamiento o base de operaciones para el control migratorio.
Regulaciones de propiedad privada y transparencia policial
Otra de las regulaciones estipuladas en el documento exige a los oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés) grabar las acciones migratorias con sus cámaras corporales y preservar el video como evidencia.
Asimismo, deben mantener una postura neutral con relación a los operativos y registrar en cámara el nombre y número de placa del oficial federal a cargo. Ante cualquier conducta que viole las leyes locales o estatales, pueden reportarlo.
Con relación a la propiedad privada, se ordena la creación de una ordenanza para imponer un cargo a los propietarios que cedan el control de sus terrenos para actividades de control migratorio.
Esta última medida afecta a los empresarios que busquen firmar contratos con la ciudad. Previo a un acuerdo, deben revelar por escrito cualquier convenio vigente con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluyendo compensaciones y naturaleza del trabajo.
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