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El proyecto de ley en California que definirá qué pasará con las llamadas al 911 desde centros de detención migratoria
El gobernador tiene un límite de tiempo para promulgar o vetar un proyecto de ley que busca modificar las disposiciones sobre los registros de emergencia
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LA NACION
El gobernador de California, Gavin Newsom, deberá evaluar la promulgación del proyecto de ley SB 423 sobre el acceso público a las llamadas al 911 desde centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La propuesta legislativa busca transparencia en estas instalaciones dentro del territorio estatal.
SB 423: qué establece sobre las llamadas al 911 desde centros privados de detención
El SB 423, llamado “California Public Records Act: private detention facilities”, modifica la Ley de Registros Públicos de California y establece que determinadas comunicaciones y registros vinculados con incidentes en centros privados de detención no podrán considerarse confidenciales.
En ese sentido, las agencias estatales y locales deberán entregar las grabaciones y transcripciones de las llamadas al 911 procedentes de centros privados de detención a cualquier persona que las solicite.
Según un comunicado de la oficina de la senadora Lena A. Gonzalez, autora del proyecto, la legislación obliga a la policía local a hacer públicos los informes escritos y los documentos de investigación asociados a esas alertas.
Las agencias policiales mantendrán la facultad de retener información únicamente si existe una investigación activa cuya divulgación afecte la seguridad de un testigo o de una fuente confidencial.
Asimismo, la normativa exige la protección de la identidad de las víctimas de delitos sexuales y de los denunciantes mediante la eliminación de sus nombres. El texto legal excluye de estas obligaciones al Departamento de Justicia del estado, a la Fiscalía General y al Departamento de Asuntos del Consumidor.
La obligación de divulgación recae sobre la agencia pública que conserva el registro y no queda condicionada en el texto a la aprobación del operador privado del recinto para entregar los registros a los medios de comunicación o al público.
Otay Mesa: 159 llamadas y 7 denuncias de violación que impulsaron la SB 423
Durante la audiencia ante el Comité Judicial de la Asamblea el 30 de junio de 2026, la senadora Gonzalez presentó los fundamentos de la iniciativa. La legisladora citó un informe periodístico de CalMatters que expuso la falta de transparencia en la atención de denuncias internas.
La investigación identificó 159 llamadas de servicio dirigidas a las autoridades locales desde el centro de detención de Otay Mesa en 2025.
Gonzalez detalló que 21 de esas llamadas del centro Otay Mesa corresponden a incidentes dentro del alcance de la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisiones. Además, la senadora precisó que siete de esos reportes telefónicos denunciaron presuntas violaciones dentro de las instalaciones.
La autora del proyecto señaló que el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego rechazó las solicitudes de información pública sobre esos eventos. El organismo policial justificó su negativa en exenciones relativas a expedientes de investigación aun sin expedientes penales abiertos.
SB 423 en California: hasta cuándo tiene Newsom para firmarla o vetarla
La Legislatura estatal concluyó la tramitación de la propuesta a finales de agosto de 2026. La Asamblea aprobó el texto el 30 de agosto y el Senado otorgó la aprobación final el 31 de agosto de 2026.
La Legislatura completó el proceso de inscripción y envió el documento definitivo al despacho ejecutivo. El texto ingresó formalmente a la oficina de Newsom el 9 de septiembre.
Hasta el momento, la propuesta legal permanece sin la firma ni el veto del mandatario demócrata. No obstante, el Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 30 de septiembre de 2026 para promulgar la medida o rechazarla de forma definitiva.
Si el gobernador no emite un veto antes de la fecha límite constitucional, la iniciativa se convertirá en ley de manera automática. En caso de ser aprobada, la normativa entrará en vigor el 1° de enero de 2027.
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