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Falta la firma de Newsom: el proyecto de ley de California que obligaría a revelar llamadas al 911 desde centros de detención
La SB 423 modifica la Ley de Registros Públicos y contempla excepciones para investigaciones activas, además de resguardar identidades de víctimas y testigos
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LA NACION
California dejó en manos del gobernador Gavin Newsom la decisión final sobre la SB 423, una iniciativa que busca ampliar el acceso público a registros de emergencias relacionados con centros de detención en California. La propuesta alcanza llamadas al 911 y otras comunicaciones que informen sobre incidentes ocurridos dentro de instalaciones privadas.
Qué establece la SB 423 sobre las llamadas al 911
El texto de la SB 423 establece que las agencias estatales o locales deberán entregar, ante una solicitud de cualquier integrante del público, las grabaciones de llamadas telefónicas u otras comunicaciones que reporten o describan un incidente dentro de una instalación privada. La obligación también alcanza las transcripciones y las comunicaciones escritas vinculadas con esos hechos.
La iniciativa define como “incidente” a una enfermedad o lesión mental o física, un intento de suicidio, un presunto delito o cualquier emergencia. Además, incluye ciertos documentos de una agencia policial relacionados con el reporte, la investigación o las conclusiones sobre esos episodios.
La Ley de Registros Públicos de California ya obliga a las agencias estatales y locales a entregar determinados documentos ante una solicitud. La SB 423 modifica ese marco y establece de manera expresa que estos archivos vinculados con establecimientos privados no tienen carácter confidencial.
SB 423: qué información podrán reservar las autoridades en las investigaciones
El proyecto establece límites específicos para los expedientes de investigaciones activas. Una agencia policial podrá retener escritos vinculados con una pesquisa si su difusión interfiere de forma sustancial con el trabajo en curso, por ejemplo, cuando pueda poner en riesgo a un testigo o una fuente confidencial.
Sin embargo, esa excepción no habilita a retener las grabaciones o transcripciones de las llamadas alcanzadas por la norma ni las comunicaciones escritas que reporten el incidente. El texto también exige eliminar el nombre o número identificatorio de determinadas víctimas.
La misma reserva puede alcanzar a denunciantes, testigos o informantes cuando exista una razón concreta para considerar que la divulgación pondría en peligro su seguridad física.
Estas protecciones de privacidad forman parte del equilibrio que propone la iniciativa entre el acceso público a los registros y el resguardo de las personas involucradas. El texto establece, además, que las agencias no podrán aplicar otras tachaduras salvo las que autoriza de manera expresa la propia SB 423.
El caso de Otay Mesa que impulsó la iniciativa
De acuerdo con CalMatters, el proyecto tomó impulso después de una investigación del medio sobre denuncias de violaciones y otros ataques sexuales en el Centro de Detención de Otay Mesa, en el condado de San Diego, durante 2025. Los periodistas solicitaron grabaciones del 911 y otros documentos mediante la Ley de Registros Públicos estatal.
Un vocero de la Oficina del Sheriff del condado de San Diego dijo que la agencia no investigaba esos casos. Sin embargo, la dependencia rechazó la entrega de otros archivos con el argumento de que formaban parte de una investigación policial.
CalMatters también informó que existía un memorando entre la oficina del sheriff y CoreCivic, empresa vinculada con la operación de Otay Mesa, que otorgaba al director de la instalación discreción sobre la forma de investigar presuntas agresiones sexuales.
La discusión sobre el acceso a esos registros se produce dentro de un sistema en el que participan operadores privados del ICE. La cantidad de personas bajo custodia de autoridades federales migratorias en instalaciones del estado casi se duplicó desde comienzos de 2025. Entre septiembre de ese año y marzo de 2026, seis personas murieron en dos establecimientos privados de California.
Lena Gonzalez y el avance de la SB 423 en California
La senadora estatal demócrata Lena Gonzalez, de Long Beach, impulsó la medida. En un comunicado, su oficina explicó que el objetivo consiste en modificar las reglas para que organismos locales entreguen audios y documentos relacionados con llamadas al 911 y otros pedidos de asistencia desde instalaciones de gestión privada.
El comunicado también señaló que la Fiscalía General de California publicó este año un informe de 175 páginas sobre las condiciones del sistema migratorio. Ese documento registró problemas de sobrepoblación, recursos bajo presión y dificultades para acceder a atención médica en centros del estado.
La SB 423 cuenta con el copatrocinio de Immigrant Defense Advocates y la First Amendment Coalition. Un análisis legislativo citado por CalMatters no registró oposición formal al proyecto.
La Legislatura aprobó la iniciativa a fines de agosto. El texto definitivo quedó inscrito el 4 de septiembre de 2026 y llegó al gobernador el 9 de septiembre. El registro oficial todavía identifica a la SB 423 como una iniciativa activa y ubica su expediente en manos de Newsom.
El comunicado de Gonzalez precisó que el mandatario dispone hasta el 30 de septiembre para actuar sobre la legislación. La propuesta quedó así dentro del grupo de iniciativas migratorias que esperan una decisión del gobernador antes del cierre del plazo legislativo.
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