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Freno al ICE en California: el programa oficial de confidencialidad que favorece a defensores de inmigrantes
La medida permitirá ocultar domicilios en registros públicos y sancionará la difusión maliciosa de datos personales para resguardar a trabajadores y voluntarios
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LA NACION
El gobernador Gavin Newsom firmó el 22 de agosto la ley AB 2624 en California, que crea el programa de confidencialidad para proveedores, empleados y voluntarios de organizaciones que brindan servicios de apoyo a inmigrantes frente a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Cómo funcionará el domicilio confidencial para trabajadores migratorios
- La iniciativa, impulsada por la asambleísta demócrata Mia Bonta, comenzará a implementarse el 1° de octubre de 2027.
- De acuerdo con el texto oficial de la Legislatura de California, los participantes podrán solicitar que la Secretaría de Estado les asigne un domicilio sustituto.
- Las agencias estatales y locales deberán utilizarlo al crear, modificar o conservar determinados registros públicos.
La dirección alternativa también podrá utilizarse como domicilio laboral. La Secretaría de Estado reenviará la correspondencia de primera clase y aquella remitida por organismos gubernamentales.
Los beneficiarios que cumplan los requisitos electorales podrán registrarse y votar de manera confidencial.
El domicilio real quedará fuera de inspecciones o copias, excepto cuando lo solicite una agencia policial, lo ordene un tribunal o la certificación termine por el uso de información falsa.
La protección alcanzará a proveedores, empleados y voluntarios vinculados con organizaciones que brindan representación o asistencia legal, defensa de derechos, gestión de casos, ayuda humanitaria, recursos migratorios, derivaciones, traducciones, asesoramiento y atención médica.
AB 2624: quiénes podrán solicitar una dirección confidencial en California
Las personas interesadas deberán residir en California y presentar su solicitud en persona ante un programa comunitario autorizado.
El trámite incluirá una reunión con un consejero y una orientación sobre el funcionamiento del sistema. Además:
- El solicitante deberá acreditar que trabaja, comenzará a trabajar o realiza tareas voluntarias en una instalación que preste servicios de apoyo migratorio.
- Además, deberá presentar una declaración certificada sobre amenazas, hostigamiento o hechos violentos ocurridos durante el año anterior, o una orden judicial de restricción relacionada con esas conductas.
- La documentación también incluirá una declaración jurada que exprese temor por la seguridad del solicitante o de su familia.
- Los voluntarios deberán acreditar cuánto tiempo se comprometieron a colaborar con la entidad. La Secretaría de Estado podrá establecer una tarifa de inscripción y cargos anuales limitados a los costos razonables del programa.
Amenazas a activistas migratorios en California: los casos que impulsan el nuevo resguardo
Juan José Gutiérrez, uno de los líderes proinmigrantes más activos de California durante los últimos años, advirtió a Univision que “durante esta administración del presidente Donald Trump” existe el riesgo de que se los “identifique” y se los “agreda”.
El dirigente atribuyó a su activismo la detención que sufrió durante varias horas en Los Ángeles, el Día de Acción de Gracias del año pasado.
Gutiérrez sostuvo que el episodio fue “una represalia” por su activismo destinada a “intimidarlo” y “forzarlo a que renuncie” a su trabajo en favor de la población indocumentada y de la comunidad inmigrante en general.
Lorena Allende, activista de Unión del Barrio, también denunció intimidaciones contra la organización. “En este gobierno fascista, nos han mandado cartas de amenazas por mucho tiempo. Ahora han arrestado a nuestros miembros”, afirmó.
Las sanciones de la AB 2624 por divulgar datos de trabajadores migratorios
La AB 2624 prohibirá publicar, exhibir, distribuir, solicitar, vender o intercambiar en internet información personal o imágenes de proveedores, empleados y voluntarios con la intención específica de provocar una agresión física inminente o formular una amenaza que genere un temor razonable.
La protección también abarcará a las personas que residan en el mismo domicilio. Los afectados podrán solicitar medidas cautelares o declarativas y reclamar los gastos judiciales y honorarios de abogados.
En determinados casos, la compensación podrá alcanzar hasta tres veces el daño real, con un mínimo de US$4000.
La norma también declara ilegal difundir esos datos con el propósito de que otra persona los utilice inmediatamente para cometer un delito violento o amenazar a los trabajadores, voluntarios o integrantes de su hogar.
Las declaraciones falsas incluidas deliberadamente en una solicitud constituirán un delito menor.
¿Cuánto dura la protección y cuándo puede cancelarse la confidencialidad?
La certificación tendrá una duración de cuatro años para proveedores y empleados. En el caso de los voluntarios, continuará hasta seis meses después de su última jornada de colaboración con la organización.
La Secretaría de Estado podrá cancelar la inscripción por vencimiento, datos falsos, cambios de domicilio sin aviso previo, correspondencia devuelta o falta de notificación sobre una modificación laboral.
La persona afectada dispondrá de 30 días hábiles para apelar. Los expedientes permanecerán bajo confidencialidad durante tres años después de la terminación y luego serán destruidos.
