¿Fraude electoral en California? El gobierno de Trump investiga acusaciones de irregularidades en el proceso de votación

El senador republicano por Florida Rick Scott, aliado de Donald Trump, reclamó el 11 de junio una revisión federal sobre presuntas irregularidades electorales en California ante el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). El planteo quedó acompañado por declaraciones de Bill Essayli, primer asistente del fiscal federal para el Distrito Central de California, quien afirmó que existirían varios expedientes abiertos sobre posibles anomalías en el proceso de votación.

Scott envió una carta a funcionarios del DOJ. El texto estuvo dirigido al fiscal general interino Todd Blanche y a la fiscal general adjunta a cargo de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon.

En el documento, se incluyó el pedido de revisar “múltiples reportes” de presunto fraude electoral en California. En esa presentación, el senador sostuvo que la población “merece conocer el alcance completo” de lo ocurrido.

También pidió identificar a los involucrados y establecer si conductas similares podrían haber aparecido en otros lugares. El legislador remarcó además que la “integridad electoral” exigiría una revisión exhaustiva de los hechos.

Su reclamo tomó como antecedente una causa penal reciente vinculada con registros de votantes.

El pedido de Scott citó una acusación reciente del propio DOJ. En ese expediente aparece Brenda Lee Brown Armstrong, residente de Marina del Rey, quien aceptó declararse culpable de pagar a personas para que se registraran para votar.

Sobre ese antecedente, Essayli explicó a The National Desk que el caso Brown Armstrong no sería el único bajo análisis. El representante federal indicó que habría “múltiples” pesquisas en curso y señaló que los fiscales van a “seguir la evidencia” en cada una.

Essayli agregó que si el gobierno considera que puede probar un delito “más allá de una duda razonable”, llevaría los cargos a la corte. De ese modo, vinculó los expedientes abiertos con una eventual presentación penal ante los tribunales.

Essayli planteó que la forma más clara de responder a la ciudadanía sobre el alcance de las presuntas irregularidades sería auditar los padrones de votantes. Según su explicación, esa revisión permitiría establecer si los hechos denunciados fueron aislados o si tuvieron una dimensión mayor.

En ese marco, acusó al estado de no colaborar con las autoridades federales. El primer asistente del fiscal sostuvo que California “se niega” a trabajar con ellos y tampoco acepta “cumplir con la auditoría”.

A partir de esa postura, Essayli afirmó que el gobierno debería acudir a la vía judicial para avanzar con el proceso.

El funcionario también relacionó la discusión electoral con una causa pendiente ante la Corte Suprema: Watson v. Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés). El expediente trata sobre la legalidad de los períodos de gracia para recibir boletas enviadas por correo en elecciones federales.

El RNC sostiene que esos votos deben llegar antes del día de la elección. Essayli afirmó que la ley de sufragio universal por correo aplicada en California fue “un gran problema” y la asoció con la demora en los conteos.

A partir de esa lectura, consideró que un fallo de la Corte Suprema en la dirección planteada por el Partido Republicano tendría un efecto “masivo” sobre el modo en que California organiza sus comicios. La decisión también podría alcanzar a más de una docena de jurisdicciones que hoy tienen períodos de gracia o reglas similares para votantes militares y ciudadanos en el exterior.