Gavin Newsom insiste en su pedido contra Donald Trump y su avance en Los Ángeles: “Debe terminar ya”

En medio de una fuerte escalada de tensión institucional entre el gobierno federal y el estado de California, el gobernador Gavin Newsom renovó su reclamo para que el presidente Donald Trump retire de inmediato a los soldados de la Guardia Nacional desplegados en Los Ángeles. En un mensaje en redes sociales, el mandatario del Estado Dorado cuestionó: “Esta toma de poder debe terminar ya”.

El reclamo central de Newsom: poner fin a la militarización

El gobernador demócrata reiteró que el envío de más de 4000 miembros de la Guardia Nacional a Los Ángeles bajo órdenes de Trump fue un abuso de poder que afecta directamente a las comunidades locales. En su mensaje público del 21 de julio de 2025, advirtió que el presidente “secuestró a la Guardia Nacional de California” con el objetivo de montar una escena teatral con fines electorales.

La insistencia de Newsom en que se ponga fin al operativo se basa en varios puntos:

• Según el gobernador, cerca de 2000 efectivos siguen movilizados en Los Ángeles sin una misión clara, a pesar de que parte de los Marines ya han comenzado la retirada.
• El despliegue fue calificado como innecesario y dañino, ya que los soldados fueron retirados de sus funciones esenciales en sus comunidades: incluidos médicos, policías, docentes, obreros de la construcción y trabajadores agrícolas.
• “Nunca fue necesario que se enviara al ejército contra civiles en Los Ángeles. El daño ya está hecho”, señaló Newsom en su pronunciamiento.

El costo humano y profesional de la intervención

Uno de los puntos más delicados es el impacto en la vida civil de los miembros de la Guardia Nacional. Bajo el control federal impuesto por Trump, miles de californianos debieron abandonar sus trabajos cotidianos, fundamentales para el funcionamiento de la sociedad.

La propia Guardia Nacional de California estimó que, entre los movilizados, hay profesionales claves para múltiples áreas:

• Trabajadores de la salud y personal de emergencia.
• Docentes, educadores y empleados del sistema educativo público.
• Oficiales de policía y agentes penitenciarios.
• Especialistas en tecnología, empleados públicos y contratistas de obras públicas.
• Trabajadores agrícolas que participan en las cosechas y en la cadena alimentaria del estado.

La falta de estos profesionales en sus roles habituales generó una pérdida de recursos humanos estratégicos en sectores sensibles, con consecuencias tangibles en la vida cotidiana de millones de californianos.

Narcotráfico y seguridad: el desvío de fuerzas claves

Además del retiro de personal civil clave, la decisión presidencial también impactó sobre la lucha contra el narcotráfico. Bajo la autoridad del gobernador, unos 450 miembros de la Guardia Nacional estaban desplegados en distintas zonas del estado para colaborar con la detención de drogas y el combate al crimen organizado transnacional.

Sin embargo, esos efectivos fueron reasignados a la militarización de Los Ángeles, lo que dejó expuestos los puntos de entrada y debilitando la acción de la Counterdrug Task Force.

Apoyos bipartidistas a la demanda de California

El conflicto institucional derivado del uso federal de la Guardia Nacional trascendió las divisiones partidarias. Un grupo de 25 exgobernadores —republicanos y demócratas— firmó un documento judicial en respaldo a la demanda Newsom v. Trump, donde piden que la Corte Suprema restablezca el equilibrio de poderes y frene la intervención federal sobre las competencias estatales.

Además, figuras destacadas de las Fuerzas Armadas estadounidenses se sumaron al rechazo. Un grupo de almirantes y generales retirados, junto con ex secretarios del Ejército y la Marina, presentaron un amicus brief que alerta sobre los peligros constitucionales de la medida.

Organizaciones de veteranos también levantaron la voz contra la estrategia de Trump, a la que consideran una “apropiación ilegal” del cuerpo militar del estado con fines propagandísticos.

Golpe económico: negocios y comunidades afectadas

La militarización de Los Ángeles, sumada a las políticas migratorias restrictivas impulsadas por Trump, provocó un deterioro económico visible en los últimos meses. Newsom se reunió recientemente con dueños de restaurantes en la ciudad de Bell y con líderes religiosos en Downey, quienes describieron el clima de temor e incertidumbre entre las familias trabajadoras inmigrantes.

Según un informe del Instituto Anderson de la UCLA, la combinación de redadas, deportaciones masivas y tarifas globales podría generar una contracción económica significativa:

• Se estima que California podría perder hasta US$275 mil millones en actividad económica si continúan las detenciones masivas y la expulsión de inmigrantes.
• Las finanzas públicas también sufrirían un impacto grave: la recaudación de impuestos se reduciría en US$23 mil millones por año.
• Solo en 2022, los inmigrantes indocumentados aportaron US$8,5 mil millones en impuestos estatales y locales; la cifra podría ascender a US$10,300 millones si pudieran trabajar legalmente.

Sectores como la construcción, la hotelería y la agricultura ya comenzaron a registrar retrasos en proyectos, escasez de mano de obra y aumentos de costos, de acuerdo con el mismo estudio.

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