La indignación de Gavin Newsom con un fallo judicial que bloquea una ley de California que “salva vidas”
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito declaró inconstitucional la verificación de antecedentes para compra de municiones en el Estado Dorado, una norma que salió por referendo en 2016
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LA NACION
Una decisión judicial desató la indignación del gobernador Gavin Newsom y reactivó el debate sobre la regulación de armas en California. En específico, el fallo de una corte de apelaciones anuló una de las leyes más estrictas en cuanto a la venta de municiones, al declarar inconstitucional el requisito de verificación de antecedentes para su compra.
Menos verificaciones para comprar municiones en California
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito emitió una decisión de dos a uno que dejó sin efecto la ley de verificación de antecedentes para compradores de municiones en California. Los magistrados alegaron que vulnera la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, según consignó The New York Times.
Esta normativa, vigente desde julio de 2019, exigía que cualquier persona que quisiera adquirir municiones pasara por un control similar al que se exige para la compra de armas de fuego. El objetivo era impedir el acceso a las balas a individuos con antecedentes penales, órdenes de restricción o problemas de salud mental con riesgos asociados.
La ley había sido aprobada por los votantes en un referendo de 2016, en respuesta a un tiroteo masivo ocurrido en San Bernardino en 2015, donde murieron 14 personas. En ese momento, Gavin Newsom, entonces vicegobernador, lideró la campaña a favor de la iniciativa.
La medida proponía un permiso de cuatro años para comprar munición y contemplaba también otras restricciones. Sin embargo, la Legislatura adoptó un enfoque distinto: implementó un sistema electrónico en los comercios minoristas, con un cargo de US$1 por cada operación.
Tras una demanda presentada en 2018 por la medallista olímpica Kim Rhode y otros demandantes, el caso comenzó un extenso recorrido judicial. Aunque un juez federal había declarado inconstitucional la ley en enero de 2024, la misma corte de apelaciones que ahora la anuló había decidido suspender momentáneamente ese fallo para que el Estado de California pudiera apelar. La reciente resolución representa un nuevo giro en un proceso que lleva más de siete años en disputa legal.
La reacción de Gavin Newsom por el fallo sobre la venta de municiones en California
En este contexto, Gavin Newsom no ocultó su frustración. En su cuenta oficial de X, el gobernador escribió: “Las leyes estrictas de seguridad con armas de fuego salvan vidas y la decisión de hoy es un duro golpe al progreso reciente que hemos logrado para proteger a los californianos del horror de la violencia armada”.
“Los californianos votaron para exigir verificación de antecedentes en la compra de municiones. Sus voces deberían importar”, agregó.
La decisión del tribunal fue adoptada por los jueces Sandra S. Ikuta y Bridget S. Bade, designadas por George W. Bush y Donald Trump, respectivamente. En disidencia quedó Jay S. Bybee, también nombrado por Bush, quien argumentó que la ley imponía un obstáculo mínimo para las compras legales de munición y que no restringía significativamente el derecho a portar armas.
La jueza Ikuta, quien redactó la opinión mayoritaria, fue tajante al afirmar que “el régimen de verificación de antecedentes para la compra de municiones infringe el derecho fundamental a poseer y portar armas”.
Según el fallo, las trabas, demoras y costos asociados con el sistema californiano exceden lo razonable y afectan de manera injustificada a los ciudadanos que desean comprar municiones para defensa personal, caza o actividades deportivas.
La decisión se dio en un contexto marcado por el precedente legal sentado en 2022 por la Corte Suprema, en el caso New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. En ese fallo, la mayoría conservadora del máximo tribunal sostuvo que las leyes sobre armas deben evaluarse según la “tradición histórica” de la regulación armamentista en el país norteamericano, para reforzar una interpretación más restrictiva sobre las competencias estatales para limitar el derecho a portar.
Por el camino de esa doctrina, la Corte del Noveno Circuito decidió anular la ley californiana. El texto de la resolución menciona que “dados los costos, las demoras y la amplitud de transacciones cubiertas por el régimen californiano, en todas sus aplicaciones, la norma restringe significativamente el derecho de los residentes del estado a poseer y portar armas”.
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