Newsom firma una nueva ley que impacta al DMV de California y amplía el acceso a la licencia de conducir móvil

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la ley SB 169, una iniciativa incluida en el presupuesto estatal 2026-2027 que modifica distintos procedimientos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Entre sus principales disposiciones se encuentran la expansión del programa de licencias de conducir móvil y la incorporación de nuevas herramientas para digitalizar servicios.

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación del programa piloto de la licencia de conducir móvil (MDL, por sus siglas en inglés). Con la nueva legislación, el límite de participación pasa del 15% al 60% de los conductores con permiso vigente en el estado, lo que permitirá que millones de personas puedan acceder a una identificación digital desde sus teléfonos.

“El DMV se ha esforzado por optimizar sus operaciones y modernizar los trámites. Ahora vamos un paso más allá, eliminando la burocracia que ralentiza la administración pública”, dijo Newsom en un comunicado. La norma entró en vigor inmediatamente después de su promulgación, el 13 de julio, y forma parte de un conjunto de medidas destinadas a actualizar la infraestructura administrativa y tecnológica del estado.

Según el texto legislativo, la licencia digital continuará como una alternativa voluntaria para los conductores. Quienes participen en el programa podrán utilizar la versión electrónica de su permiso, aunque el DMV seguirá con la emisión de la credencial física, que mantiene su vigencia y no será reemplazada.

Desde el lanzamiento de la billetera móvil del DMV en agosto de 2023, más de 3,5 millones de residentes solicitaron una licencia o identificación digital. Con la ampliación del programa, el estado incrementa la disponibilidad de este sistema para un mayor número de usuarios.

La legislación también incorpora medidas de protección para la información de los participantes. El sistema utiliza mecanismos de encriptación para resguardar los datos personales y establece que la aplicación no podrá recopilar información relacionada con la ubicación o los desplazamientos del usuario.

Además, mostrar la identificación digital no implica entregar el teléfono ni autorizar el acceso al resto del contenido del dispositivo.

Actualmente, la licencia móvil puede usarse para determinados procesos de verificación de identidad, incluidos servicios del propio DMV y otros espacios habilitados para operar con credenciales digitales. Su utilización dependerá de que cada organismo o institución cuente con la tecnología necesaria para aceptarla.

Esta opción es un complemento de la versión física y no un reemplazo. Los conductores que ingresen al programa conservarán ambos formatos y podrán elegir cuál utilizar cuando una entidad acepte la identificación electrónica.

La SB 169 también habilita al DMV a avanzar con la implementación de certificados electrónicos de propiedad de vehículos. Esto reemplaza los procesos que hasta ahora requerían documentación en formato papel.

Asimismo, el organismo podrá enviar determinadas comunicaciones mediante correo electrónico cuando el usuario haya proporcionado una dirección válida y verificada. También deja de ser obligatoria la impresión de los manuales de tránsito, que estarán disponibles a través del sitio oficial del departamento.

Además, la ley de California elimina algunos procedimientos administrativos. Entre ellos ciertos avisos postales relacionados con renovaciones de licencias y una tarifa de US$15 que se aplicaba a determinados trámites realizados en la oficina central del DMV en Sacramento.

Además de los cambios vinculados con el DMV, la legislación autoriza la participación de California en el servicio de verificación estado a estado. Este sistema está destinado al intercambio de información entre jurisdicciones para respaldar el cumplimiento de los requisitos de la normativa Real ID y detectar registros duplicados o usos no autorizados.

El proyecto también incluye recursos para operadores de transporte público. Además, contempla la instalación de sistemas automatizados de supervisión en los carriles exclusivos que formarán parte de la red vial utilizada durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Otro apartado fortalece las funciones del inspector general encargado de supervisar el proyecto del tren de alta velocidad. La ley le otorga nuevas herramientas para el control del desarrollo de esa obra.