Nueva ley en California permitiría demandar a grandes empresas por prácticas anticompetitivas

El proyecto de ley AB 1776 continúa su recorrido legislativo en California con una reforma que podría endurecer el control sobre las prácticas anticompetitivas de las grandes empresas. La iniciativa propone modificar la Ley Cartwright para ampliar el alcance de la normativa estatal y reforzar la protección de consumidores, trabajadores y pequeños negocios.

Uno de los cambios centrales, según el texto legislativo, consiste en habilitar demandas contra una única empresa cuando existan indicios de que utilizó conductas destinadas a restringir la competencia. En la legislación vigente, este tipo de acciones suele requerir la participación coordinada de dos o más actores.

La iniciativa establece que una compañía no podrá justificar efectos negativos sobre un mercado mediante supuestos beneficios obtenidos en un mercado diferente. De esta manera, cada conducta deberá ser evaluada según su impacto específico sobre la competencia.

Además, la propuesta dispone que quienes impulsen una demanda deberán acreditar con pruebas concretas que la empresa posee poder de mercado suficiente para influir de manera relevante en las condiciones comerciales. El texto también incorpora nuevas pautas para que los tribunales analicen este tipo de casos.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto indica que la interpretación de la legislación antimonopolio deberá favorecer la competencia abierta dentro del estado. Por este motivo, se orienta el análisis judicial hacia la protección del mercado frente a conductas restrictivas.

“Cuando las empresas obtienen tanto poder y abusan de él, eso se traduce en precios más altos”, dijo la autora de la medida y líder de la mayoría demócrata en la Asamblea, Cecilia Aguiar-Curry, según lo retomado por CalMatters. “Esto también produce menos opciones, menos oportunidades para que los emprendedores inicien pequeños negocios y salarios reducidos para las familias trabajadoras”, agregó.

El proyecto incorpora una excepción destinada a las pequeñas empresas de California. Para quedar fuera de estas disposiciones, los negocios deberán ser de propiedad y operación independientes, tener su oficina principal en California y contar con funcionarios domiciliados en el estado.

Además, la compañía deberá tener, junto con sus empresas afiliadas, 100 empleados o menos. A ese requisito se suma un límite de facturación: la exención solo alcanzaría a las compañías que hayan registrado ingresos brutos anuales promedio de US$10 millones o menos durante los últimos tres años. Cabe destacar que todos estos requisitos deberán cumplirse de manera conjunta.

Los promotores de la iniciativa sostuvieron que la concentración de determinados mercados redujo la competencia y afectó tanto a consumidores como a empresas. En ese contexto, consideraron necesario ampliar las posibilidades de presentar acciones judiciales frente a conductas consideradas anticompetitivas.

En cambio, algunas oposiciones expresaron reparos sobre el proyecto al advertir que podría incrementar la cantidad de litigios contra compañías de distintos tamaños y elevar los costos derivados de procesos judiciales. Babette Boliek, profesora de derecho en la Universidad Pepperdine, argumentó que la propuesta es tan vaga que invitaría a los jueces a “elegir ganadores y perdedores basados en simpatías subjetivas” en lugar de daños medibles.

Durante el debate también surgieron propuestas para limitar la facultad de iniciar este tipo de demandas únicamente al fiscal general o a fiscales locales, con el argumento de reducir la presentación de acciones sin fundamentos suficientes. “Queremos asegurarnos de no estar frenando la competencia mediante la amenaza de demandas judiciales”, indicó el senador demócrata Tom Umberg.

El AB 1776 ya fue aprobado por la Asamblea de California y posteriormente obtuvo el visto bueno del Comité Judicial del Senado. Actualmente permanece bajo análisis del Comité de Asignaciones de esa cámara, donde continuará su tratamiento tras el receso legislativo de este verano (boreal).

Para convertirse en ley todavía debe superar esa instancia, recibir la aprobación del pleno del Senado y regresar a la Asamblea si se mantienen las modificaciones introducidas durante el debate. El último paso será la firma del gobernador de California para su promulgación.