Revés judicial para Trump en California: declaran ilegal el recorte salarial para trabajadores del campo

Un tribunal federal del Distrito Este de California determinó que una normativa adoptada durante la administración de Donald Trump para establecer los salarios de los trabajadores agrícolas bajo el programa de visas H-2A, no se ajustó a la legislación vigente. La resolución cuestionó varios elementos utilizados por el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) para calcular las remuneraciones.

La demanda fue presentada por 18 trabajadores agrícolas junto con United Farm Workers (UFW), quienes sostuvieron que los cambios reducían los ingresos de trabajadores estadounidenses y extranjeros que realizan tareas similares. Según las estimaciones del propio DOL, la modificación podía trasladar alrededor de US$2460 millones anuales desde los salarios hacia los empleadores agrícolas.

“Cada vez más, los agricultores solo quieren contratar trabajadores con visa H-2A, a quienes pueden mantener atrapados en sus propiedades”, indicó Crisanto Serrano, uno de los trabajadores agrícolas demandantes, en un comunicado del UFW.

“Están encantados de contratar a un nuevo trabajador por menos dinero, pero me alegra mucho que el tribunal nos haya tomado en cuenta”, señaló.

La resolución judicial fue firmada el 25 de agosto y presentada ante el tribunal al día siguiente. El tribunal declaró ilegal la normativa, pero decidió mantenerla de manera temporal para evitar que el sector agrícola quedara sin una referencia salarial mientras se prepara un nuevo sistema.

El programa H-2A permite que empleadores estadounidenses contraten de manera temporal a trabajadores extranjeros para actividades agrícolas cuando cumplen con los requisitos establecidos. Entre las cuestiones centrales del litigio estuvo la Tasa Salarial de Efecto Adverso (AEWR, por sus siglas en inglés), utilizada para evitar que la contratación presione hacia abajo las remuneraciones de empleados locales.

La norma cuestionada había introducido un esquema de dos niveles:

• El primero fijaba los salarios en el percentil 17 de la distribución salarial
• Mientras que el segundo los ubicaba en el percentil 50

“La regla final interina de Trump estima que el 92% de los puestos H-2A serían clasificados como nivel uno y el 8% de los puestos serían clasificados como nivel dos”, indicó el juez federal Kirk E. Sherriff en el fallo.

El juez también rechazó la comparación realizada con el programa H-1B. Mientras ese sistema contempla cuatro niveles salariales, la normativa para H-2A utilizaba solamente dos.

El tribunal señaló que establecer la ganancia de la mayoría de los trabajadores en el percentil 17 podía reducir las remuneraciones por debajo de las condiciones reales del mercado. También cuestionó que el segundo nivel utilizara la mediana salarial como referencia para trabajadores con mayores conocimientos, experiencia o habilidades específicas.

La corte concluyó que el DOL no había explicado de manera suficiente cómo ese sistema podía cumplir con la obligación legal de impedir que la contratación de trabajadores extranjeros afectara negativamente los salarios de trabajadores estadounidenses en empleos equivalentes.

En lugar de eliminar inmediatamente la normativa, el juez devolvió el asunto al Departamento de Trabajo. La agencia deberá desarrollar y publicar una metodología diferente para establecer las futuras AEWR de los trabajadores H-2A.

El tribunal también mantuvo bajo su jurisdicción el caso. Las partes deberán presentar un informe conjunto en un plazo de dos semanas con información sobre las primeras medidas adoptadas por el DOL, el calendario previsto para elaborar la nueva metodología y una propuesta para posteriores actualizaciones ante la corte.

Además, el Departamento de Trabajo deberá informar en un plazo de siete días que los empleadores podrían tener que pagar diferencias salariales retroactivas si las nuevas AEWR resultan superiores a las aplicadas durante ese período.

“Esta decisión reconoce la importante y esencial labor de los hombres y mujeres que proveen alimentos para nuestras mesas y que los trabajadores agrícolas merecen una remuneración justa”, dijo Teresa Romero, presidenta de la Unión de Trabajadores Agrícolas. “El gobierno debe actuar con rapidez”, agregó.