Capitán del Ejército advierte sobre los arrestos del ICE: “Es difícil tener credibilidad como líder”

El capitán del Ejército de Estados Unidos Mohamed Elmaola cuestionó las detenciones de familiares de militares por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sus declaraciones surgieron a partir del caso del soldado Romero Ralios, cuyo padre quedó bajo custodia federal.

Elmaola decidió pronunciarse porque considera a Ralios un “soldado excepcional” y sostiene que su padre debe acceder al debido proceso.

El oficial remarcó ante Associated Press (AP) que resulta “muy difícil comunicarse y tener credibilidad como líder” cuando los subordinados no reciben apoyo.

El padre del joven, Sebastian Ralios Tino, es un jardinero guatemalteco que residió casi dos décadas en el país norteamericano sin estatus legal. Fue detenido durante el verano boreal y no tiene antecedentes penales conocidos.

La situación familiar afectó especialmente a Ralios porque el año pasado participó durante nueve meses en la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur. Allí brindó apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

El soldado ahora tiene dificultades para dormir por el estrés y lamenta haber colaborado con tareas de control migratorio, aunque cumplía órdenes. Al recordar a las personas afectadas por aquellos operativos, expresó que se arrepiente por todas las familias que “destruyó”.

La investigación de AP identificó a más de 50 padres y cónyuges de integrantes en servicio activo detenidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump. Al menos seis fueron deportados, uno abandonó el país norteamericano por cuenta propia y ocho permanecen bajo custodia migratoria federal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no lleva un registro específico de estas situaciones. Associated Press reconstruyó 52 casos mediante expedientes judiciales federales, coberturas periodísticas y entrevistas con abogados y parientes.

El DHS indicó al medio que al menos siete de esas personas ya habían sido expulsadas anteriormente, ocho tenían órdenes de deportación y dos tenían condenas por delitos relacionados con drogas o por conducir bajo los efectos del alcohol. El organismo sostuvo que el servicio militar de un emparentado no concede automáticamente un estatus legal ni exime del cumplimiento de las normas migratorias. El Pentágono rechazó realizar comentarios sobre los resultados del relevamiento.

Los parientes directos de soldados habían recibido protección frente a la deportación durante décadas, bajo administraciones de ambos partidos. Sin embargo, una directiva aplicada por el ICE desde abril de 2025 eliminó el criterio que consideraba el servicio militar propio o de un familiar como un factor atenuante significativo antes de iniciar medidas de detención o deportación.

Dan Gividen, quien fue fiscal del ICE entre 2016 y 2019, señaló que durante ese período las autoridades rara vez detenían a padres o cónyuges de combatientes, salvo que hubieran cometido delitos violentos. El exfuncionario cuestionó el nuevo criterio y aseguró que antes no se iniciaban procedimientos de expulsión en estas circunstancias.

La abogada migratoria Margaret Stock, teniente coronel retirada de la Reserva del Ejército, explicó que el ICE solía cancelar antiguas órdenes de deportación para permitir que esos allegados regularizaran su situación. El objetivo era evitar que los soldados perdieran la concentración en sus tareas.

Algunos militares debieron tomar licencias, retrasar despliegues o asumir solos el cuidado de sus hijos. El sargento Hedar Leonel Turcios Juarez, destinado en Fort Bliss, Texas, afirmó que no podía concentrarse en su carrera después de que su esposa fuera detenida frente a un Walmart y ante su hija de seis años.

La sargento técnica de la Fuerza Aérea Wendy Gbeve atravesó una situación similar. Su padre, Luis Alberto Ramirez Zavala, fue arrestado durante una entrevista de rutina con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) en Misuri y deportado a México unas dos semanas después. Su partida también puso en riesgo la red familiar encargada de cuidar a los hijos de Gbeve, de dos y cuatro años, si ella y su esposo fueran desplegados.

El sargento Alexis Jaramillo, especialista en operaciones de aviación, debió tomar una licencia administrativa para cuidar a su hijastro de cinco años. Su esposa brasileña, Maisa Lopes Eliaser, fue detenida durante una cita migratoria en Alabama mientras intentaba modificar su estatus.

Las detenciones también alcanzaron a las familias de militares retirados. Arelys Barahona-Martinez, esposa del sargento retirado Wilmer Trujillo, quien prestó servicio en Irak y Afganistán, quedó bajo custodia migratoria.

El DHS sostuvo que la mujer reingresó ilegalmente a Estados Unidos después de ser deportada en 2005. Su abogado busca anular la orden de expulsión porque, según afirmó, ella no recibió una notificación adecuada sobre la audiencia que derivó en esa medida.

Las Fuerzas Armadas todavía difunden el permiso de permanencia para familiares de militares como un beneficio del alistamiento.

Este mecanismo puede conceder una permanencia temporal y permitir que determinados padres, cónyuges e hijos soliciten el ajuste de estatus sin salir de Estados Unidos, aunque su aprobación se decide de manera individual.

El tiempo promedio de resolución aumentó a 12 meses durante el gobierno de Trump. La Infantería de Marina dejó de presentar el alistamiento como una vía para proteger a parientes de inmigrantes en junio de 2025, pero reclutadores del Ejército y de la Guardia Nacional aún promocionan esa posibilidad.