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Ciudadanía por nacimiento: cómo sigue el bloqueo a la orden de Donald Trump
Un juez federal frenó a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos; el gobierno quiere eliminar el beneficio automático para hijos de migrantes indocumentados
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LA NACION
Una batalla legal se dirime en los tribunales federales de Estados Unidos en torno a uno de los pilares más antiguos de la identidad nacional: la ciudadanía por nacimiento. A pesar de los intentos del presidente Donald Trump por modificar su alcance a través de una orden ejecutiva firmada en enero pasado, los jueces comenzaron a bloquear la implementación de esta medida en diferentes jurisdicciones de ese país.
Un juez federal bloqueó la orden de Trump a nivel nacional
La decisión más contundente hasta ahora ocurrió en Concord, New Hampshire, donde el juez federal Joseph LaPlante emitió una medida cautelar que impide que entre en vigencia la orden de Trump que pretendía poner fin al derecho de ciudadanía automática a hijos nacidos en suelo estadounidense de padres indocumentados o con estatus migratorio temporal. La orden quedó oficialmente bloqueada tras no haberse presentado ninguna apelación dentro del plazo de siete días que el magistrado había otorgado.
Según explicó a Associated Press el abogado Cody Wofsy, representante legal de los demandantes y miembro de la American Civil Liberties Union (ACLU), esta decisión “protege a cada niño cuyo derecho a la ciudadanía estaba en riesgo por una orden ejecutiva ilegal”.
Asimismo, precisó que al no haberse pedido medidas de emergencia por parte del gobierno, la orden cautelar ya se encuentra vigente a nivel nacional.
La demanda, convertida en una acción colectiva, abarca a todos los niños potencialmente afectados. Si bien los demandantes habían solicitado que también se incluyera a los padres, el juez decidió limitar el alcance, aunque consideró que esto no modificaría el impacto de la medida.
Qué dice la orden de Trump y cómo justifica el fin de la ciudadanía por nacimiento
La orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025 sostiene que los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos en condición irregular o con permisos temporales no deben ser considerados ciudadanos automáticos. Para justificar este cambio, la administración apeló a una interpretación restrictiva de la 14ª Enmienda de la Constitución, aprobada en 1868 tras la Guerra Civil.
Esta enmienda establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos”. Según el gobierno de Trump, la frase “sujetas a su jurisdicción” habilita a negar el beneficio a hijos de extranjeros sin estatus permanente.
En el escrito presentado en el tribunal de New Hampshire, los abogados gubernamentales argumentaron que interpretaciones anteriores de esta cláusula “han generado un incentivo perverso para la inmigración ilegal que ha afectado negativamente la soberanía, la seguridad nacional y la estabilidad económica del país”.
No obstante, el juez LaPlante desestimó estos argumentos y calificó el intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento como un daño irreversible. “Eso es daño irreparable, la ciudadanía en sí misma. Es el privilegio más grande que existe en el mundo”, afirmó el magistrado, designado en su momento por el expresidente George W. Bush.
Ciudadanía por nacimiento: la respuesta del gobierno y los próximos pasos legales
Aunque hasta ahora no se presentó una apelación formal, el gobierno todavía podría intentar reducir el alcance de la orden judicial o solicitar una nueva revisión del caso. Durante una audiencia en Boston, otro juez, Leo Sorokin, escuchó los alegatos de más de una docena de estados que calificaron la medida de Trump como “claramente inconstitucional”, informó AP.
Los abogados federales solicitaron a Sorokin que limite la validez de su anterior fallo, que también bloqueó la orden, al restringirlo solo a los estados que alegan perjuicio financiero. Eric Hamilton, abogado del Departamento de Justicia, dijo que si el tribunal modificaba o suspendía la medida cautelar, debía hacerlo “como máximo en función de los daños financieros alegados por los demandantes”.
No obstante, Sorokin pareció mostrarse escéptico ante esa propuesta y cuestionó la falta de un plan concreto del gobierno para implementar una alternativa. Utilizó una analogía para ilustrarlo: “Es como si alguien demandara a su vecino por música a todo volumen y el vecino ofreciera construir una pared para amortiguar el ruido, pero no pudiera asegurar si cumple con las normas edilicias ni si puede costearla”.
Las opciones que planteó el gobierno, como otorgar números de seguro social a los niños sin concederles la ciudadanía, fueron consideradas impracticables por los estados demandantes. Alegaron que ese sistema implicaría gastos elevados, desinformación entre los padres y podría convertir a ciertas jurisdicciones en polos de migración interna para acceder a beneficios básicos.
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