Confirmado por el FBI: los estafadores más buscados de EE.UU. en julio 2026

Las investigaciones por fraude financiero, lavado de dinero y estafas vinculadas a programas federales son una de las principales prioridades de las autoridades de Estados Unidos. En julio de 2026, el FBI mantiene activa la búsqueda de varios sospechosos acusados y, en algunos casos, condenados por delitos económicos, varios de ellos con órdenes de arresto por no comparecer ante la Justicia, violar condiciones de libertad o permanecer prófugos.

Entre los casos más antiguos que siguen abiertos figuran John Michael Dimitrion y Julieanne Baldueza Dimitrion, un matrimonio acusado de ejecutar un esquema de fraude hipotecario en Hawái.

Ambos fueron procesados en febrero de 2009 y, meses después, se declararon culpables de haber utilizado sus empresas para convencer a propietarios con dificultades económicas de entregar sus viviendas bajo la promesa de mejorar su situación financiera. Según informó el FBI, los acusados aseguraban que invertirían el dinero obtenido por la venta de las propiedades, pero utilizaron esos fondos para sostener un estilo de vida de lujo.

Como consecuencia, varias familias de Oahu perdieron sus hogares. El matrimonio debía ser sentenciado el 6 de julio de 2010 ante un tribunal federal de Honolulu, aunque ninguno de los dos se presentó, lo que derivó en la emisión de órdenes federales de arresto por no comparecer ante la Justicia.

Las autoridades indican que ambos fueron vistos por última vez en la zona de Mililani, en Oahu. Además, sostienen que John Michael Dimitrion tiene afición por los automóviles deportivos, la ropa de alta gama, las joyas, los dispositivos electrónicos de lujo y una gran colección de réplicas de armas de airsoft.

En tanto, Julieanne Baldueza Dimitrion tendría preferencia por prendas de diseñador, carteras y calzado de alto valor. El organismo ofrece una recompensa de hasta 150 mil dólares por información que conduzca al arresto y condena de cada uno de ellos.

Dentro de los casos relacionados con inversiones también aparece Christopher W. Burns, asesor financiero registrado acusado de defraudar al menos US$10 millones mediante un supuesto programa de préstamos entre particulares que, según prometía, estaba respaldado por garantías.

De acuerdo con la investigación, esas garantías no existían o valían mucho menos de lo que él afirmaba a sus clientes. Burns desapareció en septiembre de 2020, un día antes de la fecha en la que debía entregar documentación requerida por la Securities and Exchange Commission (SEC), y desde entonces permanece prófugo. Su vehículo fue hallado abandonado en Dunwoody, Georgia.

Otro expediente similar involucra a Rodney Dean Allen, acusado de fraude electrónico por supuestamente engañar a clientes de su empresa KA Investments, LLC entre 2016 y 2017.

La acusación sostiene que enviaba estados de cuenta con rendimientos positivos cuando, en realidad, las inversiones registraban pérdidas significativas. Además, habría utilizado depósitos de sus clientes para fines personales y se habría apropiado de una proporción mayor que la comisión declarada, incluso cuando las inversiones registraban pérdidas.

Las autoridades emitieron una orden federal de arresto en enero de 2018 y señalan que permanece desaparecido desde abril de 2017. El FBI también advierte que podría portar un arma de fuego y presentar tendencias suicidas.

Una parte importante de la lista de prófugos está integrada por personas acusadas de obtener de manera fraudulenta fondos públicos creados durante la pandemia o destinados a programas sociales.

Uno de esos casos corresponde a Fahad Mohamed Nur, señalado por participar en un esquema que explotó el Federal Child Nutrition Program durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La investigación sostiene que millones de dólares destinados a reembolsar comidas para niños necesitados fueron obtenidos y posteriormente lavados mediante documentación falsa.

De acuerdo con la acusación, Nur, propietario de una empresa proveedora de alimentos, recibió más de US$5 millones del programa mediante facturas ficticias por productos que nunca fueron entregados. Las autoridades creen que mantiene vínculos con Somalia y que podría encontrarse actualmente en ese país. La causa incluye cargos por fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y lavado de activos.

Otro de los expedientes más importantes involucra a Elaine Angene Escoe, acusada de integrar una organización que habría obtenido de forma fraudulenta más de US$32 millones en programas federales de ayuda por COVID-19.

La investigación sostiene que entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 fueron presentadas más de 90 solicitudes falsas para acceder al Paycheck Protection Program (PPP), al Economic Injury Disaster Loans (EIDL), al Restaurant Revitalization Fund (RRF) y al Shuttered Venue Operators Grant (SVOG).

Según la causa, las solicitudes contenían datos falsos sobre cantidad de empleados, nóminas salariales e ingresos de empresas. Una vez desembolsado el dinero, los implicados presuntamente realizaron transferencias entre empresas bajo su control, retiraron grandes sumas de efectivo y utilizaron cheques firmados en blanco para ocultar el origen de los fondos.

Elaine Angene Escoe fue notificada de una audiencia judicial prevista para junio de 2025, pero nunca se presentó y fue vista por última vez en Palm Beach County, Florida.

El FBI también busca a sospechosos vinculados con fraudes millonarios al sistema de salud de Estados Unidos. Entre ellos aparece Khalid Ahmed Satary, acusado de participar en una conspiración valuada en aproximadamente US$547 millones.

La investigación sostiene que, entre 2016 y 2019, controló varios laboratorios de diagnóstico que facturaban al programa Medicare costosos estudios genéticos que no eran médicamente necesarios.

En esa misma línea figura Emylee Thai, propietaria de un laboratorio acusada de participar en un esquema de fraude relacionado con pruebas genéticas financiadas por Medicare. Los investigadores sostienen que su laboratorio facturó alrededor de US$142 millones y recibió aproximadamente US$95 millones por análisis que, en numerosos casos, no eran necesarios para el tratamiento médico de los beneficiarios.

El listado también incluye a Michael Lizaso Marasigan, condenado por un esquema que combinó operaciones ilegales de bingo, fraude y lavado de dinero en Guam. De acuerdo con la investigación, entre 2015 y 2021 él y otros implicados aseguraban a los jugadores que el dinero recaudado serviría para trasladar niños al Shriners Hospital for Children de Hawái para recibir atención médica.

Las autoridades sostienen que el negocio generó al menos US$34 millones y que aproximadamente US$10.750.804 fueron desviados para beneficio personal de los acusados en lugar de destinarse al programa benéfico.

En 2025, Marasigan fue declarado culpable y recibió autorización judicial para viajar a Filipinas por motivos médicos, aunque nunca regresó ni volvió a comunicarse con el tribunal. En mayo de 2026 fue sentenciado en ausencia a 262 meses de prisión federal, además de importantes obligaciones de restitución y decomiso de bienes. El FBI advierte que debe ser considerado con riesgo de fuga.

Todos estos expedientes continúan activos durante julio de 2026, y en cada uno de ellos el FBI mantiene recompensas de hasta US$150 mil para quienes aporten información que permita localizar y lograr la captura de los acusados.